La muerte de Lucas Escalante, un joven de 30 años encontrado sin vida en una celda de la comisaría de Concepción de la Sierra, ocurrida el pasado lunes 11 de noviembre, se suma a una preocupante cifra: ya son ocho las muertes registradas este año en cárceles y comisarías provinciales.
Ante la gravedad de la situación, la Comisión de Buenas Prácticas Carcelarias, antes conocida como la Comisión de Prevención de la Tortura, decidió intervenir de oficio para esclarecer lo sucedido.
La Comisión iniciará contactos con el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, encargado de la investigación. Su objetivo es analizar el proceder del personal policial de guardia en la madrugada en que se produjo el deceso de Escalante. En paralelo, el intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk, confirmó que mantuvo reuniones con la jefa de la Comisaría y el equipo de Salud Mental municipal para brindar apoyo a la familia de la víctima.
Según el parte oficial, Lucas Escalante sufrió una descompensación, falleciendo poco después. Una autopsia preliminar realizada por Gendarmería Nacional atribuyó su muerte a una cardiopatía congénita y descartó signos de violencia. Sin embargo, estas conclusiones fueron cuestionadas por los familiares del joven, quienes exigen una segunda autopsia.
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Acusaciones de tortura y negligencia
José Escalante, padre de la víctima, denunció públicamente que su hijo presentaba lesiones visibles, como una fractura en la nariz y hematomas en varias partes del cuerpo. Según el testimonio familiar, Lucas habría sido víctima de torturas durante su detención, señalando a un policía local como principal sospechoso. “Fue una venganza de él y otro policía”, declaró José, mencionando antecedentes conflictivos con el agente.
La familia también criticó las condiciones de detención de Lucas. Relataron que permaneció incomunicado desde su ingreso el 3 de noviembre y que la celda compartida era pequeña y estaba en condiciones insalubres. “Le tiraban la comida como a un perro”, denunció su padre.
El jueves pasado, amigos y vecinos de Lucas se movilizaron para exigir justicia. Se concentraron frente a la vivienda de uno de los policías implicados y luego se dirigieron a la comisaría local. Durante la protesta, la familia tuvo acceso al cuerpo del joven, momento en el que confirmaron las lesiones que alimentan sus sospechas.
Aún sin un abogado querellante que respalde formalmente sus denuncias, los familiares esperan una reunión con el Juzgado de Apóstoles para definir los pasos legales a seguir. “No fue una muerte natural, lo golpearon hasta quebrarlo”, lamentaron los padres de Lucas, quienes insisten en la necesidad de realizar una segunda autopsia.
