Tras el pedido presentado de declaración de inconstitucionalidad contra artículos clave por parte de Estela Maris Genesini, en representación de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM), el abogado Fernando Acosta señaló que estos artículos “ponen en serio riesgo la libertad de expresión y de asociación sindical”. Además, se señaló que hay retrasos en casos sensibles que tocan intereses del gobierno provincial.
El pasado viernes 22 de noviembre, UDNAM promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones respecto a la ley que regula la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos. Según Fernando Acosta, abogado de la organización, el cuestionamiento se centra en los artículos 5, 6, 7 y 10, en particular por incluir la figura del agente encubierto, conocida como “detective incógnito”.
En diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, Acosta explicó que la preocupación de los docentes surge del temor de que la normativa pueda ser usada para persecuciones. “Ellos consultaron porque tenían cierto temor de que podrían ser objeto de alguna persecución por las actividades que desarrollan”, mencionó. En ese marco, añadió que estos artículos “ponen en serio riesgo la libertad de expresión, la libertad de asociación sindical”.
El pedido de declaración de inconstitucionalidad se presentó en tiempo y forma, ya que el ordenamiento procesal de Misiones permite impugnar una ley dentro de los 30 días hábiles posteriores a su publicación. El abogado detalló que ahora el fiscal de Estado tiene que presentar las defensas correspondientes, y luego el STJ tendrá un plazo de 90 días hábiles para expedirse.
La figura del agente encubierto, bajo la lupa
El artículo 10, que modifica el Código Procesal Penal, incluye la figura del agente encubierto para obtención de evidencia digital, lo que despierta fuertes críticas. Acosta señaló: “Es una figura que genera dudas. Podría permitir un uso desmedido, con efectos adversos sobre derechos fundamentales”.
En paralelo, Acosta comentó que hay demoras en otros procesos judiciales, como el planteo de inconstitucionalidad contra la ley de bioinsumos, que prohíbe el uso de glifosato. Según el abogado, “esto viene con bastante retraso, pero da la casualidad que en todos los temas donde el Estado provincial pone cierto interés, siempre se produce este tipo de freno”.
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El abogado afirmó que esta situación es especialmente visible en los últimos dos años. “Evidentemente hay algo, como una especie de decisión de frenar todas estas causas”, declaró.
Aunque aún no se han solicitado medidas cautelares, Acosta dejó abierta la posibilidad de hacerlo si se perciben riesgos concretos. “Si hay actuaciones que hagan pensar en restricciones a la libertad de expresión, seguramente se planteará alguna medida”, completó.
