Misiones volvió a consolidar su presencia dentro del escenario judicial argentino tras la participación de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, Juan Manuel Díaz y Cristina Irene Leiva, en la reunión mensual de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus).

El encuentro se desarrolló en la provincia de San Juan y reunió a representantes de las máximas autoridades judiciales de todo el país, en una asamblea clave para definir el nuevo esquema institucional que conducirá la entidad durante el período 2026-2028.

En ese contexto, el ministro Froilán Zarza fue elegido por unanimidad para ocupar el cargo de protesorero de la entidad nacional, una designación que fortalece la representación institucional de Misiones dentro de uno de los organismos más relevantes del sistema judicial argentino.

La incorporación de Zarza a la conducción de la Ju.Fe.Jus se suma al protagonismo que la provincia ya viene construyendo en distintos espacios estratégicos del organismo federal. Actualmente, la ministra Cristina Irene Leiva se desempeña como presidenta de la Región NEA y además lidera la Comisión de Género, dos ámbitos centrales para el desarrollo de políticas judiciales regionales y nacionales.

A su vez, el ministro Juan Manuel Díaz fue recientemente electo como presidente de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, una de las áreas que cobró mayor relevancia en la agenda judicial argentina por el impacto de las problemáticas ambientales y la necesidad de fortalecer herramientas institucionales vinculadas a la sustentabilidad.

La participación activa de los magistrados misioneros refleja el crecimiento de la influencia provincial dentro de los debates vinculados al fortalecimiento del sistema judicial, la modernización de las estructuras institucionales y el acceso igualitario a la justicia en todo el territorio nacional.

Durante la jornada también se desarrolló una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien reafirmó el compromiso del Gobierno nacional de continuar articulando políticas conjuntas con los poderes judiciales provinciales.

En ese marco, Mahiques destacó el rol que cumplen las justicias provinciales en el fortalecimiento democrático y manifestó la intención de avanzar en iniciativas relacionadas con la oralidad judicial, la capacitación de magistrados y funcionarios, el acceso ciudadano a la justicia y la cobertura de vacantes en distintos fueros del país.

La reunión contó con la presencia de 53 autoridades judiciales pertenecientes a las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando nuevamente a la Ju.Fe.Jus como uno de los principales espacios de articulación federal del Poder Judicial argentino.

Además de la designación de nuevas autoridades, la asamblea ratificó la continuidad de Emilia María Valle y Sergio Fabián Vittar como presidenta y vicepresidente de la entidad para el período 2026-2028.

La renovación institucional marca una nueva etapa para la organización, que continuará trabajando en políticas comunes destinadas a mejorar la calidad del servicio judicial, promover la cooperación entre provincias y profundizar los procesos de transformación tecnológica y modernización administrativa.

En este escenario, Misiones logra posicionarse nuevamente como una provincia con creciente protagonismo dentro de los ámbitos de decisión judicial a nivel nacional, ampliando su participación en espacios estratégicos vinculados al desarrollo institucional y al fortalecimiento del sistema de justicia argentino.

La elección de representantes misioneros en cargos clave también refleja el reconocimiento alcanzado por la provincia en materia de gestión judicial, innovación institucional y participación activa en las discusiones federales que impulsan reformas dentro del Poder Judicial.

Con estas designaciones, el Poder Judicial de Misiones reafirma su presencia dentro de la estructura federal argentina y fortalece su capacidad de incidencia en la construcción de políticas judiciales para los próximos años.