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El oficialismo terminó de definir el temario de la sesión prevista para el miércoles próximo en la Cámara de Diputados, donde buscará avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como iniciativa de Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La agenda también contempla acuerdos internacionales y cambios en las competencias judiciales, mientras el Gobierno negocia modificaciones en artículos cuestionados por sectores aliados.
Entre los temas previstos figuran el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las diferencias por el capítulo de injerencia extranjera
Aunque el oficialismo tendría asegurados los votos para aprobar en general el proyecto vinculado a Malvinas, enfrenta dificultades para sostener el capítulo 7 del dictamen, que establece nuevos delitos relacionados con la denominada injerencia extranjera.
Ese apartado requiere una mayoría especial de 129 votos para su aprobación y concentra los principales cuestionamientos de algunos bloques que acompañan habitualmente al Gobierno.
Las diferencias fueron analizadas en una reunión reservada realizada en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja. Participaron representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros espacios legislativos.
En representación del Gobierno estuvo la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, quien recibió los planteos de los legisladores.
Entre quienes solicitaron eliminar o modificar sustancialmente el capítulo 7 estuvieron el misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; la radical bonaerense Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires; y la santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas.
Por su parte, el PRO manifestó su disposición a acompañar el proyecto en su totalidad, independientemente de que se introduzcan cambios o se mantenga la redacción original.
El apartado cuestionado contempla multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También establece penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por gobiernos extranjeros, entreguen información reservada o colaboren con actividades clandestinas de inteligencia.
La iniciativa, además, prohíbe la organización y financiación de campañas de injerencia extranjera y de acciones de violencia o sabotaje contra el Estado argentino y sus habitantes.
Sin embargo, establece excepciones para actividades diplomáticas ajustadas al derecho internacional, expresiones públicas de gobiernos extranjeros, tareas periodísticas, investigaciones académicas y representaciones abiertas de intereses.
Qué modificaciones contempla el proyecto de Malvinas
La iniciativa amplía las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir ante situaciones consideradas amenazas externas. Este punto constituye uno de los principales motivos de rechazo de sectores de la oposición, que advierten sobre una posible concentración de atribuciones en el Gobierno nacional.
El proyecto mantiene las sanciones penales y económicas contra quienes exploten sin autorización argentina recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas. Para directores, accionistas, socios y proveedores de las empresas involucradas se contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
No obstante, el texto excluye de esas sanciones a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión cuya intervención en las operaciones sea indirecta.
También se redujeron las multas previstas originalmente. El rango pasó de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a una escala de entre 2.000 y 40.000 barriles.
Otro cambio aceptado por el oficialismo fue ampliar la composición del Consejo de Seguridad Nacional, que incorporará como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores.
El organismo estará encabezado por el Presidente de la Nación y contará con la participación de los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
Entre sus responsabilidades estará coordinar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Las facultades del Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto habilita al organismo a disponer medidas urgentes frente a amenazas externas graves. Entre las herramientas previstas aparecen restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, limitaciones a las importaciones y exportaciones y aumentos transitorios de derechos aduaneros.
También permanecen en el texto dos disposiciones que generan controversia: el protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones no convencionales.
Estos puntos son cuestionados por sectores opositores porque consideran que pueden desdibujar los límites entre las funciones de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, habilitando la intervención militar en asuntos de seguridad interior.
A pedido del diputado Eduardo Falcone, del MID, el oficialismo también incorporó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, encargada de controlar las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional.
El Poder Ejecutivo deberá comunicar a ese organismo las medidas implementadas en un plazo máximo de 48 horas.
Por último, la reforma otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la incorporación de organizaciones cuando existan motivos razonables para sospechar de sus actividades.
Desde la oposición advierten que las definiciones de terrorismo y amenaza externa son demasiado amplias y podrían dejar margen para decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, con posibles consecuencias sobre las libertades civiles y políticas.
La discusión de estos artículos será uno de los principales desafíos del oficialismo en la sesión del miércoles, especialmente por la necesidad de reunir los votos necesarios para sostener los apartados más cuestionados de la reforma.
