La cuestionada titular de la cartera de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, recibió notas formales del sindicato SUTRAS y de la CTAA, advirtiéndole de los graves incumplimientos y violaciones en los que estarían incurriendo ambas empresas que prestan servicios de seguridad en hospitales. Pero hasta el momento, la ministra no intervino, protegiendo en la práctica, a las empresas tercerizadas. Una de las empresas pertenecería al propietario de SIP – Armas SA, la firma condenada por la muerte en 2008, de los trabajadores precarizados Ricardo Caballero y Andrea Pérez.
A través de varias notas oficiales, el Sindicato Único de Trabajadores de Seguridad (SUTRAS) y la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) informaron a la ministra de trabajo de Misiones, Silvana Giménez, de los groseros incumplimientos laborales y salariales de las empresas SINA SRL y Segen SRL, que actualmente están en conflicto con sus empleados por despidos injustificados y sin indemnización, y por no abonar lo que establece la grilla de la actividad de la seguridad. Ambas firmas prestan el servicio –tercerizado por el Estado provincial– de la seguridad en hospitales de Misiones y por la inacción, anuencia o complicidad de la ministra de Trabajo, están pagando salarios miserables y están despidiendo a los trabajadores que reclaman, según se desprende de las denuncias formuladas por el SUTRAS y su secretario general, Sergio Soria.
Según consta en la nota remitida a la ministra de Trabajo Silvana Giménez, el 14 de junio pasado –es decir, hace 48 días atrás–, el sindicato sostiene que la empresa Segen SRL está incumpliendo “todos los meses el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y exigimos el pago del sueldo se realice el cuarto día hábil”
Además, plantearon que “se dé cumplimiento de la escala salarial vigente para el sector” y que “se abone (un plus) por nocturnidad (trabajo insalubre) estipulado por convenio”.
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En esa nota que ingresó al ministerio de Trabajo de Misiones, el sindicato y la central advierte sobre la “precarización extrema” que “se repite con los compañeros que prestan servicios en los prestados por la empresa al Estado.” Y le recuerdan a Giménez que el ministerio de trabajo “debe asegurar que se cumplan las leyes laborales vigentes, y controlar de manera efectiva que se cumplan para todos los trabajadores tercerizados en su órbita de función”.
Asimismo, en la nota a la ministra de Trabajo, el SUTRAS remarca que “en todas las licitaciones que fueron llamadas por las empresas prestadoras de servicios de seguridad para el Estado provincial no se tuvo en cuenta el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo de nuestro sector (CCT 507/07) que estipula un sueldo de $840 mil (Mayo del 2024) brutos por 8 horas de trabajo, que las empresas no cumplen, ni en importe, ni en horas”.
“Solicitamos a esa dirigencia, tome las medidas necesarias para concluir con este estado de oprobio y miseria de los trabajadores, se controlen a las empresas que actualmente prestan servicios en organismos públicos para erradicar el trabajo precarizado”, sostiene la nota del SUTRAS y la CTAA del 14 de junio, anunciando un paro de 102 horas en el Hospital Samic de Oberá.
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Sin embargo, Giménez no intervino este viernes, Sergio Soria, el secretario general del SUTRAS reveló a este medio que la empresa Segen SRL “está echando trabajadores por protestar. Echaron dos compañeros, no les abonó el sueldo que corresponde, porque dice que es con causa justa, inventaron causas. Uno de ellos (de los despedidos) es candidato a delegado, así que, estamos nosotros muy en la parte legal para pedir la reincorporación”, detalló el sindicalista, quien aclaró que habían solicitado la intervención de la cartera que conduce la hija del “vitalicio” secretario general de UPCN, Jorge “Polilla” Giménez.
Según confiaron fuentes a este medio, Segen SRL sería propiedad de Oscar Báez, quien era el dueño de la empresa SIP – Armas, la firma encargada de servicios de limpieza tercerizados que fue condenada por la Justicia, por la muerte de los trabajadores precarizados Ricardo Caballero y Andrea Pérez, en 2008.
Casi 10 años después, en febrero del 2018, la Sala 1ra. de la Cámara de Apelaciones en lo laboral rechazó los planteos hechos por las socias de SIP Armas y el ministerio de Salud de la Provincia, ratificando el fallo de la jueza de primera instancia Silvia Dico en responsabilizar, tanto a la empresa como al Estado, de la intoxicación sufrida por la exposición e inhalación de gases emanados por la manipulación de cloro que le costó la vida a Ricardo Caballero. Ese fallo remarca además la doble responsabilidad del Estado en su carácter de contratista y de garante del cumplimiento de todas las leyes.
Pese a ese inquietante antecedente, Báez habría podido conformar una nueva empresa (Segen SRL) para prestar servicios tercerizados al Estado, en este caso, la seguridad en hospitales. Y con la anuencia de la ministra Giménez, estaría incumpliendo con escalas salariales y convenios colectivos de trabajo.
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En el caso de SINA SRL, una empresa que esta semana se confirmó que recibió un pago del estado por $1,8 millones (que se abonó en mayo), el SUTRAS y la CTAA también alertó a la ministra Giménez, semanas atrás, sobre incumplimientos varios. La nota remitida el 8 de julio pasado al despacho de la ministra de Trabajo, denuncia que SNA SRL “presenta irregularidades de las que son víctimas nuestros afiliados” y enumera las mismas.
Casi un mes atrás, el SUTRAS denunció formalmente a SINA SRL ante el ministerio de Trabajo por “incumplimiento de la escala salarial vigente para el sector (…) ni si quiera cumple con el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha (…) No se respetan las 48 horas semanales (…) no se abonan las horas extras correspondientes (…) no se abona el plus por nocturnidad ni se respeta la cantidad horaria de los trabajadores (…) no se abonan los sueldos en tiempo y forma (…) no se entregan uniformes y/o se les cobra a los trabajadores (…) no se permite a los trabajadores afiliarse a estar organización sindical y elegir libremente delegados violando derechos constitucionales”, alertan desde el SUTRAS a la ministra.
Y agregan que la empresa “despidió personal por afiliarse a esta organización lo que es un agravamiento indemnizatorio motivado por actos discriminatorios”.
Denuncia Del SUTRAS y La CT… by RadioUp
Además, informaron a la ministra Giménez que pese a que el sueldo de convenio era de $840 mil en mayo, “la empresa abonó en marzo $211.570 brutos, percibiendo (el empleado) $125 mil y denunciando ante el ANSES el pago de una cifra irreal de $374.370 brutos”, sostiene la nota remitida por el SUTRAS.
“Estas irregularidades se presentan en los servicios que tiene la empresa para con el estado en los hospitales de Jardín América, Puerto Rico y Capioví (…)” y “solicitamos se proceda a la inspección del hospital de Jardín américa y se verifique el incumplimiento denunciado”.
Pero como ocurrió en el caso de Segen SRL, Giménez y su ministerio no inspeccionaron nada y no sólo eso, sino que SINA SRL – según denunció Soria a este medio – despidió a trabajadores sin causa y sin indemnización a empleados que reclamaron por salarios dignos. Hasta el momento, la ministra renovadora no se pronunció en público sobre las gravísimas irregularidades denunciadas contra las empresas Segen SRL y SINA SRL, que estarían actuando con total impunidad en Misiones.
