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Misiones se encamina hacia un cambio estructural en su sistema de justicia: desde el 5 de septiembre comenzará a regir la nueva Ley Penal Juvenil, una normativa que redefine el abordaje de los menores en conflicto con la ley y que introduce, entre otros puntos, la baja de la edad de punibilidad a los 13 años. A menos de seis meses de su implementación, el Poder Judicial provincial ya activó un proceso de adecuación que combina planificación interna, articulación institucional y advertencias sobre limitaciones en recursos e infraestructura.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz, confirmó a Radio Up que la fecha de entrada en vigencia no es flexible: está establecida por ley a los 180 días de su promulgación. “A partir de ese momento hay que aplicar el nuevo régimen penal vigente”, subrayó, dejando en claro que el desafío no es si se llegará, sino cómo se llegará.
Una cuenta regresiva en marcha: preparación institucional y primeras medidas
Desde el ámbito judicial, el proceso ya comenzó con la aprobación de una acordada que habilita una estrategia de participación y escucha activa entre los actores del fuero penal juvenil. En una primera instancia, fiscales, defensores, jueces y equipos técnicos se reunieron en Posadas para avanzar en la elaboración de protocolos internos de actuación, en el marco de la Ley 27.801, que entrará en vigencia a partir del 5 de septiembre
Esta etapa inicial busca ajustar el funcionamiento del sistema ante los cambios que impone la nueva ley. Díaz destacó que Misiones cuenta con experiencia acumulada en el fuero correccional y de menores, lo que permite partir de una base sólida. Sin embargo, reconoció que la transformación exigirá reconfigurar prácticas, especializar operadores y optimizar recursos disponibles.
El gran desafío: articular un sistema que va más allá de la Justicia
La implementación del nuevo régimen no depende únicamente del Poder Judicial. Uno de los puntos críticos será la articulación con otros organismos del Estado y con la sociedad civil, especialmente para desarrollar las medidas socioeducativas que constituyen el eje del sistema.
“La privación de libertad es la última instancia”, remarcó Díaz, al tiempo que explicó que el enfoque prioriza la reinserción social de niños, niñas y adolescentes a través de políticas educativas, culturales, laborales y comunitarias. Para ello, será clave la conformación de una mesa interinstitucional que permita coordinar acciones y responsabilidades.
En este entramado, organismos como el Centro de Capacitación Judicial y el Centro de Mediación Judicial ya tienen roles asignados, particularmente en la promoción de prácticas de justicia restaurativa, un enfoque que Misiones viene desarrollando de manera pionera.
Infraestructura y recursos: el punto más crítico del sistema
A medida que se acerca septiembre, uno de los interrogantes más fuertes gira en torno a la capacidad operativa del sistema. Actualmente, Misiones cuenta con cinco juzgados correccionales y de menores, distribuidos en Posadas, Oberá, Puerto Rico y Eldorado. Sin embargo, dos de ellos están vacantes, lo que obliga a su funcionamiento mediante subrogancias.
El propio Díaz reconoció que se trata de un esquema “al límite”, aunque operativo. En ese contexto, la nueva ley impulsa una mayor especialización del fuero penal juvenil, lo que podría derivar en reformas estructurales y en la necesidad de crear nuevos espacios judiciales.
A esto se suma la situación de los dispositivos de alojamiento. Hoy, la provincia dispone de la Unidad Penal de Menores N° IV en Posadas, con unos 30 jóvenes alojados, y de espacios como el CEMOAS, que responden a un enfoque de protección integral de derechos. Sin embargo, la baja de la edad de imputabilidad podría incrementar la demanda, obligando a reforzar estos dispositivos.
Nuevas figuras y más exigencias: el rol del supervisor
Entre las innovaciones del régimen se destaca la incorporación de la figura del supervisor, un profesional especializado que acompañará al menor durante todo el proceso judicial, con informes periódicos sobre su evolución.
Este cambio implica no solo una transformación en la lógica de intervención, sino también una mayor demanda de recursos humanos calificados, en un contexto donde las provincias ya advierten limitaciones presupuestarias.
El reclamo de las provincias: más responsabilidades, mismos recursos
Uno de los puntos más sensibles del debate es el financiamiento. Como explicó Díaz, las provincias absorben cerca del 80% de las causas judiciales, lo que las convierte en las principales ejecutoras del sistema. Sin embargo, la implementación de la nueva ley no vino acompañada —al menos hasta ahora— de un refuerzo proporcional en los recursos.
Este desfasaje plantea un escenario complejo: más responsabilidades, mayor demanda y estructuras que aún deben adaptarse en tiempo récord.
Septiembre como punto de inflexión
Con la fecha ya definida, Misiones atraviesa una etapa de transición clave. El objetivo es llegar a septiembre con un sistema capaz de responder de manera eficaz, garantizando tanto la aplicación de la ley como el respeto por los derechos de los menores.
El desafío no es menor: se trata de construir un modelo que combine respuesta penal, contención social y políticas de reinserción, en un contexto donde cada decisión tendrá impacto directo en el tejido social.
Mientras tanto, la cuenta regresiva avanza. Y con ella, la necesidad de que todos los actores —judiciales, políticos y sociales— logren articular un sistema que esté a la altura de una reforma que ya tiene fecha de inicio.
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