El 17 de octubre, el Ejército Argentino desalojó a la Asociación Civil Pan Partido y Compartido de un terreno que ocupaban en Puerto Iguazú, reclamando la propiedad del mismo. La asociación, que desde 2015 tiene un comodato otorgado por la municipalidad, denunció que la medida fue injustificada y que no se les permitió acceder a sus pertenencias tras el operativo.
“Tenemos la ordenanza municipal votada por la totalidad de los concejales, la promulgación de la ordenanza y un comodato donde dice que estamos en tierras fiscales”, explicó Enrique Rodríguez, presidente de la asociación, en diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5.
Según Rodríguez, el terreno en cuestión fue asignado a la asociación hace nueve años a través de una ordenanza municipal que les permitió desarrollar diversas actividades, principalmente asistencia alimentaria a poblaciones vulnerables.
El conflicto por el terreno no es nuevo. En julio, ya se había producido un intento de desalojo que incluyó la destrucción de parte del inmueble. “En julio tiraron la medianera, rompieron la puerta de atrás y faltaron cosas de la oficina”, recordó Rodríguez, quien vinculó este evento con el operativo más reciente. “Supuestamente un sargento le dijo a nuestro tesorero: ‘Esto es nuestro, ustedes tienen que salir’”.
El terreno en cuestión, ubicado dentro del Parque Honorio Rolón, fue utilizado por diversas instituciones a lo largo de los años, desde la Aduana hasta una escuela para sordomudos. Sin embargo, Rodríguez aseguró que la municipalidad realizó una mensura que confirmó que el área cedida a la asociación está en tierras fiscales, fuera de los terrenos que el Ejército reclama como propios.
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En tanto, el presidente de la asociación narró el impacto del desalojo del 17 de octubre: “Nos encontramos con que habían puesto un cartel que decía ‘Esto pertenece al Ejército’. Estamos mal, destruidos, todo lo nuestro quedó en manos del Ejército”, expresó. Entre los bienes retenidos, mencionó sillas, peloteros y otros materiales que la asociación solía prestar gratuitamente a distintas organizaciones. “No podemos acceder a nada, nuestras cosas están secuestradas”.
Según Rodríguez, el Ejército justificó su acción mostrando una orden de desalojo emitida en 2017 por el juez federal Miguel Guerrero, aunque este documento solo cubría los lotes 2 y 3, que no corresponden a la sede de la asociación. “Nos mostraron una orden de desalojo vencida de 2017 para terrenos que no eran los nuestros”, indicó, y agregó que en julio ya habían denunciado la situación en el juzgado federal de Eldorado.
A pesar del conflicto, Rodríguez se mostró abierto a una solución pacífica: “Puede haber un error en la mensura, pero no es la forma de actuar. Si tenemos que irnos, nos iremos, pero si no es de ellos, tienen que devolvernos todo y reparar lo que rompieron”.
