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l presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que había sido aprobado por el Congreso y establecía la declaración de emergencia y situación de catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales por un plazo de 180 días, a raíz de las inundaciones ocurridas en marzo de 2025.
La iniciativa, aprobada el pasado 4 de junio, creaba un fondo especial de $200.000 millones para financiar la reconstrucción, otorgar alivios fiscales y generar líneas de crédito para los sectores afectados especialmente de Bahía Banca. El Gobierno nacional decidió vetarla mediante el Decreto 424/2025, publicado el 23 de junio.
“Ya se está ejecutando un plan con fondos del BID” para Bahia Blanca
Según el decreto firmado por Milei, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, la ley vetada duplicaba un auxilio financiero ya vigente, implementado a través del Decreto 238/2025, que destinó la misma suma para asistir exclusivamente a los damnificados de Bahía Blanca.
El Poder Ejecutivo aclaró que el programa en marcha —gestionado por el Ministerio de Seguridad— ya asignó pagos a más de 32.000 beneficiarios, bajo el esquema del “Suplemento Único para la Reconstrucción” (S.U.R.), y que aún quedan unos 3962 casos en análisis.
Además, justificó el veto en la falta de previsión presupuestaria del proyecto legislativo, lo cual viola las leyes 24.156 (Administración Financiera) y 24.629, que exigen definir fuentes de financiamiento ante cualquier nuevo gasto.
“No se puede incluir a Coronel Rosales”
Otro argumento central fue que el proyecto incluía al municipio de Coronel Rosales, que no fue considerado en los informes técnicos como zona afectada por el fenómeno meteorológico del 7 de marzo junto a Bahia Blanca. Según el Ejecutivo, la inclusión de esa jurisdicción no es viable, ya que los criterios de elegibilidad fueron definidos por el Servicio Meteorológico Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que provee parte del financiamiento.
En cuanto al artículo que ordenaba al Banco Nación crear líneas de crédito con tasas preferenciales y plazos de gracia, el decreto indica que esa posibilidad ya está contemplada en la carta orgánica de la entidad bancaria. Por lo tanto, no se considera necesaria su inclusión en una ley específica.
Fundamento constitucional del veto
El Gobierno defendió el veto como una facultad constitucional del Presidente contemplada en el artículo 83 de la Constitución Nacional, y aseguró que su uso “no implica un desconocimiento del sistema democrático, sino el ejercicio legítimo de control de legalidad y razonabilidad”.
El decreto será devuelto al Congreso de la Nación, que podrá insistir con el proyecto con mayoría agravada, o aceptar la observación total del Poder Ejecutivo.
