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El presidente Javier Milei dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 931/2025 un nuevo esquema de actualización salarial para los integrantes del Gabinete nacional y las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, en el marco de lo que el Gobierno define como una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y en un contexto de superávit fiscal sostenido.
La norma, firmada el 31 de diciembre de 2025, establece que ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con jerarquía equivalente podrán percibir incrementos salariales a partir de enero de 2026, en línea con los aumentos acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, el decreto incorpora una cláusula automática de congelamiento: si el Estado vuelve a incurrir en déficit fiscal financiero, los salarios quedarán congelados sin necesidad de una decisión administrativa adicional.
El argumento del Gobierno: austeridad, ajuste y superávit
En los considerandos, el Poder Ejecutivo repasa el escenario económico heredado a fines de 2023, caracterizado por inflación interanual del 211,4 %, caída del PBI del 4,5 %, déficit fiscal financiero del 6,1 % del PBI y niveles de pobreza e indigencia que alcanzaban el 52,9 % y el 18,1 %, respectivamente.
Según el decreto, ese contexto justificó la declaración de la emergencia pública mediante el DNU 70/2023 y la adopción de medidas de fuerte ajuste fiscal, entre ellas el congelamiento de los salarios del Gabinete dispuesto por el Decreto 235/2024, que fijó las remuneraciones de las autoridades superiores en los valores vigentes a diciembre de 2023.
El Gobierno sostiene que esa decisión permitió generar ahorro fiscal y funcionó como una señal de austeridad institucional, acompañada por una reducción estructural del Estado.
Reducción del Estado y recorte de cargos
El DNU detalla que, como parte del proceso de ajuste, se eliminaron 8 ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que implicó la supresión de 519 cargos jerárquicos a nivel central. Además, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la dotación del Sector Público Nacional se redujo en aproximadamente 60.000 agentes, con un ahorro estimado en 3,49 billones de pesos anuales, sin afectar —según el texto— la prestación de servicios esenciales.
En paralelo, el Ejecutivo destaca que estas políticas permitieron reducir la inflación interanual al 31,3 % en octubre de 2025, acumular 22 meses consecutivos de superávit fiscal y alcanzar un superávit financiero del 0,6 % del PBI y primario del 1,7 % del PBI durante los primeros once meses de 2025.
Aumentos condicionados y sin retroactividad
El núcleo del decreto establece que los incrementos salariales acordados en las Actas Paritarias de 2024 y 2025 para los trabajadores de la Administración Pública Nacional se extenderán a las autoridades superiores desde enero de 2026. No obstante, la norma aclara varios puntos clave:
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Los aumentos no se aplican al Presidente ni al Vicepresidente de la Nación.
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No tienen efectos retroactivos.
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Comienzan a regir a partir del primer día del mes siguiente al dictado del decreto.
Asimismo, el DNU fija como criterio permanente que todo futuro incremento salarial homologado en paritarias también será aplicable a ministros y autoridades superiores, siempre bajo la condición del equilibrio fiscal.
Cláusula de congelamiento automático
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es la incorporación de una cláusula de congelamiento automático de salarios. El artículo 4° establece que, si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, las remuneraciones de las autoridades superiores quedarán congeladas de pleno derecho, sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo.
La suspensión de aumentos se mantendrá vigente hasta que se restablezca el superávit fiscal, reforzando el principio de que la política salarial del Gabinete queda subordinada al resultado de las cuentas públicas.
Hacia un nuevo sistema de empleo público
Además del esquema salarial, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar un nuevo sistema de empleo público, basado en criterios de mérito, evaluación de desempeño, movilidad por competencias y remuneraciones vinculadas a responsabilidades y funciones.
El Gobierno enmarca esta medida dentro de un proceso de transformación estructural del Estado, orientado a la profesionalización, la transparencia y la rendición de cuentas, dejando atrás —según expresa el texto— un esquema desarticulado y carente de incentivos adecuados.
Invitación a otros poderes y jurisdicciones
Finalmente, el DNU invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar la cláusula de congelamiento salarial en caso de déficit fiscal, dentro de sus respectivas jurisdicciones.
El Decreto 931/2025 entró en vigencia el día de su dictado y deroga el artículo 4° del Decreto 235/2024, cerrando así una etapa de congelamiento salarial pleno y habilitando un nuevo esquema condicionado al equilibrio fiscal.
