La escalada de violencia en las cárceles de Río de Janeiro, con el nacimiento de organizaciones como el Comando Rojo (CV) a fines de los años 70, marca una triste realidad que persiste hasta hoy. Esta organización criminal, enfocada históricamente en el control territorial, el tráfico de drogas, la posesión de armas y la extorsión, es solo una primera generación de grupos armados en Brasil con similitudes a otros cárteles de América Latina, como en Colombia o México. Estos grupos cimentaron sus operaciones durante años en el tráfico de drogas y el control de zonas geográficas específicas.
El panorama criminal se ha sostenido a través de la extorsión y el pago de sobornos a agentes estatales para asegurar una "tolerancia" en sus actividades. Es crucial destacar que, en Brasil, la Constitución Federal delega la responsabilidad de la seguridad pública a los 27 estados del país, dotándolos de autonomía en sus políticas. Por ello, una operación que deviene en una masacre histórica de más de 130 personas en Río es de entera responsabilidad del gobierno del estado de Río, y no del gobierno federal, aunque existan investigaciones y una policía de nivel federal.

Las víctimas de estas masacres son predominantemente varones jóvenes. Desde los años 80, se ha observado que estos jóvenes son contratados como operadores de los mercados ilegales: tráfico de drogas, contrabando, robo y desmantelamiento de autos. Son los eslabones bajos que resultan fácilmente sustituidos o reemplazados ante la prisión, la violencia o la inaptitud para continuar su "servicio". En el caso del CV, se trata de "soldados" que actúan en la defensa armada del territorio y son rápidamente reemplazados por otros con el mismo perfil tras una caída.
Estas operaciones policiales, que a menudo se espectacularizan y se presentan como una "guerra", han demostrado históricamente su inefectividad contra las organizaciones criminales. Por el contrario, solo logran radicalizar la militarización de la respuesta criminal. Como ejemplo, se menciona la masacre del Jacareziño, donde la policía mató a 27 personas como venganza por el asesinato de un policía a manos del grupo criminal. En el caso más reciente, con cuatro policías asesinados, la respuesta fue una operación que se cobró 130 vidas, con una militarización de la respuesta "enorme" tanto de los criminales como de las policías.
En diálogo con Argentina Divina Comedia, programa emitido por Radio Up, Gabriel Feltrán, del Centro Nacional para la Investigación Científica, enfatizó la necesidad de abordar la problemática desde la seguridad pública y no solo desde la desigualdad social, que claro que existe e impulsa a muchos jóvenes a la criminalidad. "Hay cosas muy específicas de seguridad pública que son necesarias de hablar," sostuvo el experto Feltrán.
El investigador señaló que menos del 15% de los homicidios en Brasil son aclarados, y menos del 1% de los homicidios cometidos por las policías son investigados, aclarados, juzgados y punidos. Esta impunidad, según Feltrán, "delega la soberanía del territorio para otros grupos armados que no trabajan bajo la ley".

Cuatro ejes de seguridad en Río
- Aclaración y Justicia en Homicidios: para el especialista es fundamental aumentar la tasa de resolución de homicidios en general y, sobre todo, aquellos cometidos por la policía.
- Regulación de Mercados Ilegales: Abordar la raíz de la violencia pasa por la regulación de los mercados ilegales que la sustentan.
- Comprensión del Funcionamiento Criminal: Es imperativo comprender las dinámicas de los grupos criminales y dejar de tratarlos como simples "bandidos que hay que eliminar", una estrategia que lleva 40 años sin efectividad, solo reemplazando a los operadores de bajo nivel con operaciones venganza sin planificación ni estrategia.
- Control Interno y Externo de la Actividad Policial: Como en todas partes del mundo, debe existir un control estricto sobre la actividad policial con comprobación técnica de la efectividad de sus acciones, sin liberar a la policía para matar y hacer política de manera independiente.
"Hablamos ya hace tiempo como investigadores expertos del tema, de ejes que cambiarían una política de seguridad y que harían una reversión de ese ciclo vicioso de violencia que genera más violencia," concluyó Gabriel Feltrán, destacando que el modelo actual es una "política de muerte" que solo alimenta el derramamiento de sangre.
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