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El Gobierno de Hugo Passalacqua busca dar vuelta una de las decisiones más fuertes de la política ambiental y productiva de Misiones de los últimos años. La iniciativa ya tomó forma de proyecto de ley y está siendo analizada por la Cámara de Representantes: propone modificar la Ley VIII N.º 103, conocida como Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, para eliminar de su texto la prohibición general del glifosato.
El proyecto lleva las firmas de Sara Carolina Butvilofsky y Juan José Szychowski, entre otros legisladores que acompañan la iniciativa, y plantea derogar el actual artículo 7 para incorporar una nueva redacción. El cambio es sustancial: donde la legislación vigente establece que el glifosato, sus componentes y afines están prohibidos en toda la provincia, la propuesta incorpora un sistema de transición vinculado a la disponibilidad y autorización de fitosanitarios considerados amigables con el ambiente.
La discusión llega después de dos años en los que el Ejecutivo provincial fue prorrogando la aplicación de aquella prohibición. Ahora el oficialismo busca llevar ese cambio directamente al terreno legislativo y modificar la norma que dio origen al conflicto.
De la prohibición a la revisión de la propia ley
La historia comenzó en 2023, durante la gestión de Oscar Herrera Ahuad, cuando la Cámara de Representantes sancionó la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos. La norma buscaba impulsar la investigación, el desarrollo, la producción y utilización de productos biológicos como parte de una estrategia de transformación de los sistemas productivos.
El artículo 7 fue el punto más disruptivo de aquella legislación. Allí se estableció: “Se prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la Provincia”.
La medida colocaba a Misiones en una posición particularmente restrictiva respecto del uso del herbicida y reforzaba el discurso de una provincia que pretendía avanzar hacia modelos productivos más sustentables. La prohibición, además, tenía un período de transición de dos años antes de entrar plenamente en vigencia.
La realidad productiva terminó tensionando ese esquema. Productores, cooperativas, empresas y distintos actores vinculados al agro plantearon dificultades para reemplazar el glifosato por alternativas que fueran simultáneamente eficaces, disponibles, autorizadas y económicamente viables. Para las actividades exportadoras apareció además otra variable: los productos utilizados en Misiones deben responder no solamente a las regulaciones argentinas, sino también a las exigencias de los países compradores.
Ese escenario llevó al Gobierno provincial a postergar la aplicación de la prohibición.
Primero fueron las prórrogas; ahora, el cambio legislativo
El Decreto N.º 1608/24 estableció una prórroga de cinco años para la entrada en vigencia de la prohibición. Posteriormente, el Decreto N.º 1675/25 extendió el esquema hasta que los organismos nacionales e internacionales competentes autorizaran la utilización de fitosanitarios más amigables con el ambiente.
Los propios fundamentos del proyecto que ahora analiza la Legislatura recuperan esos antecedentes y los presentan como parte de un proceso que desemboca en la necesidad de modificar la ley.
El paso que propone ahora el oficialismo es diferente. En lugar de continuar prorrogando una prohibición que permanece escrita en la legislación, busca cambiar el artículo que la establece.
Así, una política que nació con un plazo determinado para abandonar el glifosato pasaría a funcionar bajo otro criterio: la transición hacia los bioinsumos quedaría vinculada a la existencia de alternativas que cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Qué cambia con el proyecto
El artículo 1 de la iniciativa propone derogar el actual artículo 7 de la Ley VIII N.º 103. El artículo siguiente incorpora una nueva redacción que establece que la utilización de bioinsumos será exigible en el territorio provincial en la medida en que los organismos competentes a nivel nacional y/o las autoridades de los países de destino de las exportaciones misioneras hayan autorizado la utilización de fitosanitarios amigables con el ambiente.
El Poder Ejecutivo quedaría además facultado para determinar los plazos, condiciones y requisitos de esa transición progresiva.
El cambio elimina de la legislación la referencia directa al glifosato y también modifica la lógica temporal de la norma original. La prohibición deja de funcionar como punto de llegada establecido por ley y el proceso pasa a depender de las condiciones regulatorias y productivas.
En los fundamentos, los autores sostienen que Misiones debe encontrar “un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos provinciales” y brindar al sector agropecuario un marco temporal adecuado para adoptar bioinsumos aprobados por las autoridades nacionales y por los países donde se comercializan las producciones de la provincia.
Es allí donde aparece el argumento central del Gobierno: la transición ambiental debe avanzar sin poner en riesgo la producción ni la competitividad de las economías regionales.
El reclamo del agro ganó terreno
La discusión sobre el glifosato estuvo durante años atravesada por una tensión evidente. Por un lado, la decisión política de promover sistemas productivos con menor dependencia de productos químicos. Por otro, la preocupación de productores y empresas por la falta de sustitutos que pudieran cumplir con las mismas funciones sin generar mayores costos o problemas de rendimiento.
Las actividades yerbatera, tealera, forestal y otras producciones agrícolas fueron parte de esa discusión, especialmente por su vinculación con los mercados externos.
El nuevo proyecto incorpora buena parte de esos argumentos. Los fundamentos señalan expresamente que el objetivo es proteger el ambiente, pero también “fortalecer y proteger el motor productivo y económico” de Misiones.
La frase marca un cambio de equilibrio respecto de la legislación original. La sustentabilidad permanece como objetivo, pero la competitividad productiva adquiere ahora un lugar determinante para definir cuándo y cómo avanzar con la sustitución.
El cambio también deja una contradicción política
El giro adquiere mayor peso cuando se observan las posiciones de algunos de los legisladores que participan del proceso.
Anazul Centeno y Blanca Raquel Núñez votaron en 2023 a favor de la Ley de Bioinsumos, cuando el artículo 7 que establecía la prohibición del glifosato formaba parte de la iniciativa. Ahora ambas acompañan el proyecto que propone derogar ese mismo artículo.
La diferencia entre una posición y otra es evidente y forma parte del debate político que abre la reforma. En 2023, la prohibición era presentada como una herramienta necesaria para acelerar el cambio hacia un modelo productivo más amigable con el ambiente. Tres años después, esas mismas legisladoras respaldan una iniciativa que busca eliminarla de la ley y reemplazarla por un esquema condicionado a la existencia de alternativas autorizadas.
Las circunstancias pueden cambiar y una política pública puede ser revisada a partir de los resultados de su implementación. Pero precisamente por eso el oficialismo debería explicar qué cambió entre aquella decisión y la actual: si fueron las condiciones productivas, la disponibilidad de bioinsumos, las exigencias de los mercados internacionales o la evaluación sobre la viabilidad de la prohibición.
La contradicción no invalida automáticamente el proyecto, pero sí forma parte de la historia política de una reforma que modifica una de las principales decisiones ambientales adoptadas por la Legislatura en los últimos años.
De Rovira a Passalacqua, un cambio de orientación
La modificación también expone un cambio dentro del propio oficialismo provincial.
La prohibición del glifosato estuvo asociada a una etapa política en la que Carlos Rovira impulsó con fuerza una agenda vinculada con la protección ambiental, los bioinsumos y la transformación de los sistemas productivos. La sanción de la ley en 2023 convirtió a Misiones en una referencia nacional por la decisión de avanzar hacia la eliminación del herbicida.
La gestión de Passalacqua está planteando ahora una mirada diferente. La promoción de los bioinsumos continúa, pero el Gobierno busca evitar que la transición se convierta en una restricción para productores que todavía no disponen de alternativas suficientes.
Es una postura más pragmática y estrechamente vinculada con la realidad económica de las cadenas productivas.
También es una admisión implícita de que la prohibición diseñada en 2023 encontró obstáculos que los sucesivos decretos de prórroga no consiguieron resolver definitivamente.
La discusión que deberá afrontar la Cámara
El proyecto está ahora en tratamiento y la Cámara de Representantes deberá debatir sus alcances antes de definir su futuro. La discusión tendrá un componente productivo evidente, pero también una dimensión ambiental que no puede quedar relegada.
El punto más delicado será probablemente el carácter abierto de la nueva transición. El proyecto elimina la fecha que había establecido la legislación original y deja en manos del Poder Ejecutivo la definición de los plazos, condiciones y requisitos.
Esa flexibilidad puede facilitar la adaptación de los productores y permitir que las exigencias se ajusten a la disponibilidad real de alternativas. Al mismo tiempo, abre el interrogante sobre qué garantías existirán para que la transición hacia los bioinsumos avance efectivamente y no quede postergada sin un horizonte definido.
La Cámara deberá discutir, entonces, algo más que la continuidad o no del glifosato. Tendrá que decidir qué tipo de transición productiva quiere para Misiones y cuánto peso tendrán las razones ambientales frente a las necesidades económicas de sus principales actividades.
Por ahora, el escenario es el de una ley vigente y un proyecto que busca modificarla. Si la iniciativa consigue la aprobación legislativa, Misiones dejará atrás la prohibición general establecida en 2023 y adoptará un esquema mucho más condicionado a la disponibilidad de alternativas.
El recorrido resulta difícil de ignorar: en 2023 se prohibió, en 2024 y 2025 se prorrogó y ahora, en 2026, el propio oficialismo impulsa modificar la ley para cambiar definitivamente ese rumbo. La discusión recién comienza en la Legislatura, pero ya dejó expuesta una pregunta política inevitable: qué quedó de aquella promesa de una Misiones libre de glifosato y por qué el mismo espacio que la convirtió en ley ahora considera necesario revisarla.
Quiénes impulsan la modificación
El proyecto cuenta con las firmas de legisladores de distintos espacios representados en la Cámara de Representantes de Misiones.
Entre los firmantes figuran Juan José Szychowski, Sara Carolina Butvilofsky, Roberto Rubén Benítez, Arabela Mariel Soler, Anahí Centeno, Carlos Horacio Martínez, Erythana Nicole Báez, Blanca Raquel Núñez, José Luis Pastori, Juan Manuel Rodríguez, Roque Soboczinski, Rudi Samuel Bundziak, María del Carmen Méndez, Ana María Flores, Alejandro Arnhold, W. Enio Lemes y Alicia Zulema.
El texto suministrado incluye distintas identificaciones partidarias y bloques, por lo que el respaldo al proyecto aparece como una construcción legislativa más amplia que la de un único espacio político.
La discusión que vuelve a abrirse
La modificación promete reabrir un debate que Misiones ya atravesó durante la discusión de la Ley de Bioinsumos: cómo compatibilizar la protección ambiental con las necesidades concretas de la producción.
Para quienes defienden la eliminación del glifosato, el cambio puede ser interpretado como un retroceso respecto del objetivo que había colocado a Misiones como una provincia pionera en la transición agroecológica.
Para los sectores productivos que cuestionaron la prohibición, en cambio, la modificación puede representar una adecuación a las condiciones reales de producción, especialmente mientras no existan alternativas con autorización oficial, disponibilidad suficiente y costos competitivos.
El punto de tensión estará precisamente allí: cuánto demorará la transición y quién determinará cuándo están dadas las condiciones para hacerla obligatoria.
La nueva redacción mantiene el objetivo de avanzar hacia los bioinsumos, pero elimina el mecanismo más tajante de la legislación original.
Así, Misiones no abandona formalmente la idea de una transformación productiva, pero sí modifica de manera profunda el camino para alcanzarla. El modelo deja de apoyarse en una prohibición específica del glifosato y pasa a depender de una transición progresiva condicionada por las autorizaciones regulatorias y las exigencias de los mercados internacionales.
La discusión, lejos de cerrarse, cambia de escenario: ya no se debate solamente si Misiones será una provincia libre de glifosato, sino bajo qué condiciones, en qué plazos y con qué alternativas concretas podrá avanzar hacia ese objetivo.
Reestructuración del INYM: Correa explicó qué pasa con los terrenos y defendió el rumbo del organismo https://t.co/m1tMsn7eWn pic.twitter.com/AKkmMgy0XD
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