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Una extensa disputa en la justicia que comenzó con un juicio laboral derivó, según el relato de María del Pilar Caravaca, en una serie de situaciones que ahora cuestiona públicamente y que podrían tener consecuencias patrimoniales y judiciales. En diálogo con Radio Up, la empresaria sostuvo que durante el proceso se produjeron una serie de irregularidades vinculadas con el embargo y posterior remate de un departamento de su propiedad ubicado en Buenos Aires.
Caravaca aseguró que el inmueble, cuyo valor estimó en 83.000 dólares, fue rematado por un millón de pesos, en un procedimiento que, según afirmó, contó con un único oferente: el abogado de quien había iniciado el juicio laboral.
La mujer explicó que el conflicto se remonta aproximadamente diez años y que atravesó distintas instancias judiciales. Actualmente, el departamento figura inscripto a nombre del comprador del remate, pese a que, de acuerdo con su denuncia, existía una orden de la Cámara que disponía suspender las actuaciones relacionadas con el inmueble.
El origen del conflicto: un juicio laboral
Según explicó Caravaca, el proceso comenzó a partir de un juicio laboral iniciado por un empleado que tenía domicilio en Alem. La empresaria reconoció que la relación laboral terminó en un despido y que se presentaron pruebas para justificar la decisión.
Sin embargo, admitió que la defensa no logró acreditar adecuadamente los motivos del despido y que finalmente perdió el juicio. A partir de allí comenzó una etapa de dilaciones vinculadas, según relató, con otras obligaciones que debía afrontar. En determinado momento, decidió vender un vehículo para intentar resolver la situación y le pidió a su abogado que avanzara con el expediente.
Fue entonces cuando, según contó, recibió una noticia inesperada: su departamento había sido rematado por un millón de pesos. “Me llaman a los 20 días diciéndome que habían rematado a mi departamento en un millón de pesos”, relató durante la entrevista.
Las presuntas irregularidades en el remate
Caravaca sostuvo que, cuando sus abogados revisaron el procedimiento, encontraron numerosos elementos que, a su entender, podían fundamentar un pedido de nulidad.
Entre ellos mencionó la falta de inscripción de un segundo testimonio en el Registro de la Propiedad de Buenos Aires, la ausencia de notificación al acreedor hipotecario —que en ese momento era Banco Patagonia— y cuestiones relacionadas con la publicidad y exhibición del inmueble antes de la subasta. Pero uno de los puntos que más cuestionó fue la duración del remate.
Según su relato, la subasta se abrió a las 8 de la mañana y se cerró a las 8:15, pese a que existían bases y condiciones que, de acuerdo con su interpretación, demandaban un tiempo considerablemente mayor para ser leídas y cumplidas.
Además, aseguró que solamente se presentó un oferente: el abogado de su exempleado, identificado como González Coronel.
La empresaria sostuvo que sus representantes plantearon la imposibilidad de que el procedimiento se hubiera desarrollado correctamente en apenas 15 minutos y solicitaron la nulidad del remate.
El paso por la Cámara y el cuestionamiento a la Justicia
El planteo fue rechazado en primera instancia y posteriormente apelado ante la Cámara.
Según Caravaca, la respuesta de la Cámara fue que podía intervenir ante errores de procedimiento, pero que no correspondía analizar otros aspectos del contenido del acto.
La empresaria sostuvo que sus abogados habían documentado múltiples incumplimientos vinculados con la subasta y consideró que esas cuestiones debían ser evaluadas judicialmente. A partir de allí, el caso continuó avanzando por distintas instancias hasta llegar al Superior Tribunal de Justicia. “Si el Superior Tribunal avala este disparate, es un antecedente terrible para la Justicia de Misiones”, afirmó.
Un inmueble valuado en US$83.000 que terminó rematado en $1 millón
Uno de los aspectos centrales de su denuncia es la diferencia entre el valor que atribuye al departamento y el monto por el que fue rematado.
Caravaca aseguró que el inmueble tenía un valor aproximado de 83.000 dólares, mientras que la subasta se habría concretado por un millón de pesos.
También señaló que, durante el procedimiento, no recibió —según su conocimiento— una notificación que le permitiera anticipar que el bien sería ejecutado. La empresaria aclaró que no puede afirmar si existieron otras actuaciones o notificaciones porque, según explicó, está recopilando documentación para determinar exactamente qué ocurrió durante las distintas etapas del expediente.
La venta posterior y una nueva controversia judicial
La situación tomó otra dimensión cuando Caravaca decidió vender el departamento.
Según explicó, el remate no había quedado perfeccionado porque no se había completado todo el procedimiento correspondiente y el inmueble tampoco había podido ser inscripto a nombre del comprador de la subasta.
El nuevo comprador, identificado por la empresaria como José Uriona, se presentó ante el juzgado para solicitar que se practicara la planilla correspondiente y poder cancelar el embargo que pesaba sobre la propiedad. Caravaca explicó que quien compra un inmueble embargado puede adquirirlo a un valor inferior y luego solicitar el levantamiento del embargo. Sin embargo, aseguró que ese pedido fue rechazado en primera instancia.
El comprador recurrió entonces a la Cámara mediante un recurso de queja y, según el relato de la empresaria, la Cámara hizo lugar al planteo y ordenó al juzgado de Alem suspender las acciones sobre el inmueble.
El punto más grave de su denuncia aparece precisamente allí: Caravaca sostiene que, pese a esa orden, el juzgado habría enviado la documentación para inscribir el departamento a nombre del comprador del remate.
“Es una instancia superior la Cámara. No le da bolilla a la orden de la Cámara”, cuestionó durante la entrevista.
El departamento figura actualmente a nombre del comprador del remate
La empresaria aseguró que actualmente el inmueble figura a nombre de González Coronel y que se inició en Buenos Aires una acción revocatoria.
Según explicó, el juzgado bonaerense remitió nuevamente la cuestión a Alem y hasta el momento, de acuerdo con su relato, no recibió una respuesta sobre los motivos por los cuales se habría avanzado con la inscripción pese a la orden de la Cámara. Para Caravaca, esa es una de las principales preguntas que deberá responder la Justicia. “El juzgado de primera instancia tendrá que explicar por qué no hizo caso a la orden de la Cámara”, sostuvo.
El temor a un juicio por estafa
La empresaria también advirtió que la situación podría derivar en un nuevo conflicto judicial.
Según explicó, el comprador del inmueble podría iniciar una demanda en su contra debido a la situación registral y judicial del departamento.
Caravaca sostuvo que comprende que el comprador actuó buscando adquirir una propiedad y que, en ese contexto, podría quedar involucrado en un conflicto que excede su voluntad. “Yo podré perder el departamento, seguiré con mi vida, tengo recursos para seguir con mi vida”, señaló.
Sin embargo, marcó una diferencia entre su situación personal y la de personas que no cuentan con los mismos recursos para sostener durante años un proceso judicial.
“No soy la primera”
Durante la entrevista, Caravaca fue más allá de su caso particular y aseguró que tomó contacto con otras personas que se consideran damnificadas por situaciones similares.
La empresaria contó que mantuvo una reunión con personas que aseguran haber atravesado otros conflictos judiciales y que algunas de ellas tienen temor de realizar denuncias. En ese contexto, afirmó que existe un supuesto “modus operandi” que debería ser investigado.
De todos modos, fue cuidadosa al señalar que no puede afirmar que su caso forme parte de una estructura organizada ni realizar acusaciones que puedan derivar en nuevas acciones judiciales. “Yo no puedo hacer la denuncia por ustedes. Tienen que hacer la denuncia ustedes”, explicó que les planteó a quienes se acercaron.
A su entender, el miedo puede convertirse en un obstáculo para que otros ciudadanos expongan públicamente sus situaciones.
Cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia en Misiones
Caravaca también cuestionó el funcionamiento de la Justicia provincial y sostuvo que existe una fuerte vinculación entre determinados sectores judiciales y políticos.
Aclaró, no obstante, que no pretende generalizar y reconoció que existen funcionarios y profesionales que intentan trabajar correctamente dentro del sistema. “Obviamente nunca voy a poner todos en la bolsa”, expresó.
Su crítica apunta particularmente a lo que considera falta de independencia o situaciones en las que determinados actores podrían actuar bajo protección política.
En ese sentido, mencionó que trabaja en cuatro provincias y afirmó que, desde su experiencia, ha observado vínculos políticos en distintos lugares del interior del país. Sin embargo, sostuvo que una situación como la que denuncia en Alem nunca le había ocurrido.
“La Justicia es lo que está mal en el país”
Consultada sobre qué le diría a un integrante de la Justicia que estuviera escuchando la entrevista, Caravaca Llamas respondió con una reflexión de alcance más amplio.
Consideró que buena parte de los problemas institucionales del país están vinculados con el funcionamiento de la Justicia y sostuvo que una Justicia independiente y eficaz podría funcionar como límite para los abusos del poder político. “Si la Justicia obrara como tiene que obrar, los políticos no se animarían a hacer lo que hacen”, afirmó.
Al mismo tiempo, insistió en que existen ciudadanos dispuestos a trabajar para reconstruir el país, pero que ese esfuerzo necesita instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de las normas.
Un reclamo: “Hay que ir por el bronce”
Caravaca cerró su intervención con un mensaje dirigido particularmente a quienes integran el Poder Judicial.
“Hay que ir por el bronce”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de que los funcionarios judiciales dejen una huella a través de decisiones que garanticen justicia aun cuando puedan resultar incómodas. “Yo soy una persona común, yo no puedo hacer nada. Pero ellos sí”, expresó.
La empresaria reconoció que no tiene demasiadas expectativas respecto del desenlace, pero explicó que decidió hacer público el caso porque considera que guardar silencio no era una alternativa. “No espero mucho, pero si yo me quedaba en mi casa me iba a dar una úlcera”, manifestó.
Ahora, según planteó, quedará por determinar qué explicación dará el juzgado de primera instancia respecto de la orden de la Cámara, si la Cámara ratificará o rectificará su decisión y qué caminos judiciales podrían abrirse a partir de allí.
Mientras tanto, Caravaca busca visibilizar su caso y convocar a otras personas que consideren haber atravesado situaciones semejantes para que puedan recurrir a las vías institucionales correspondientes.
Las acusaciones y cuestionamientos expuestos en esta entrevista corresponden al relato de María del Pilar Caravaca Llamas y deberán ser contrastados con las actuaciones y resoluciones que obran en los respectivos expedientes judiciales.
Pymes en alerta: se duplicaron los atrasos en los pagos y la producción cayó a mínimos en siete añoshttps://t.co/918syXYylR pic.twitter.com/Jz15eni1wS
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