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El Senado reanudará este miércoles a las 16 la última reunión informativa del plenario de comisiones que analiza el denominado Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivos diseñado para atraer grandes inversiones en sectores de frontera tecnológica. Tras las exposiciones de funcionarios nacionales y el debate entre los distintos bloques políticos, el proyecto se encamina hacia la firma del dictamen y su posterior tratamiento en el recinto.
La reunión se desarrollará en el Salón Azul de la Cámara alta y contará con la participación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. El encuentro representa el paso previo a la definición legislativa de una iniciativa que busca captar desembolsos multimillonarios en áreas estratégicas como inteligencia artificial, biotecnología y energías renovables.
Qué es el Súper RIGI y cuáles son sus principales diferencias con el régimen original
El proyecto propone la creación de un esquema especial de promoción para inversiones de gran escala, con un enfoque más restringido y selectivo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incorporado a la Ley Bases en 2024.
Mientras que el régimen original estaba orientado a proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales con requisitos de inversión más bajos, el Súper RIGI apunta exclusivamente a nuevas industrias tecnológicas y actividades innovadoras que aún no tienen un desarrollo consolidado en el país.
Uno de los cambios más significativos es el aumento del umbral mínimo de inversión, que pasa de los US$200 millones exigidos por el RIGI tradicional a US$1.000 millones para acceder a los beneficios previstos por el nuevo esquema.
Además, el programa garantiza estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años para los proyectos aprobados, una de las características que el Gobierno considera clave para atraer capitales internacionales de largo plazo.
Beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para los inversores
Entre los incentivos contemplados por el proyecto se encuentra una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con un sistema de amortización acelerada que permite computar el 60% de las inversiones durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.
La iniciativa también habilita la utilización de certificados de crédito fiscal para cancelar obligaciones vinculadas al IVA y contribuciones patronales, con una alícuota unificada del 10%.
En materia tributaria, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, mientras que los dividendos tributarán una tasa del 7%, porcentaje que se reducirá al 3,5% luego de cuatro años de adhesión al régimen.
A ello se suman la exención de derechos de importación, la eliminación de retenciones a las exportaciones y la supresión de restricciones y cupos para las operaciones comerciales vinculadas a los proyectos alcanzados.
Disponibilidad de divisas y estímulos para investigación y desarrollo
Otro de los aspectos centrales del proyecto es la disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones. El esquema prevé que, una vez transcurridos tres años desde la incorporación al régimen, los inversores puedan disponer libremente del 100% de los dólares obtenidos por sus ventas al exterior.
Asimismo, el texto incorpora incentivos para la investigación y el desarrollo (I+D). Las empresas que destinen recursos a actividades de innovación tecnológica o a programas de becas y formación local podrán computar esos desembolsos por el doble de su valor efectivo para alcanzar el monto mínimo de inversión exigido.
El debate por el “Compre Nacional” y las dudas de la oposición dialoguista
Uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos durante el tratamiento parlamentario fue la flexibilización de la cláusula de “Compre Nacional”.
El proyecto aprobado por la s Cámara de Diputados elimina la obligación estricta de destinar un porcentaje fijo de compras a proveedores argentinos. En su lugar, establece que la contratación de empresas locales podrá exigirse únicamente cuando ofrezcan condiciones equivalentes de precio y calidad respecto de la competencia internacional.
Esta modificación concentró las principales observaciones de sectores de la Unión Cívica Radical y de bloques provinciales, que plantearon interrogantes sobre el impacto que la medida podría tener sobre la industria nacional y las cadenas de valor locales.
Críticas de científicos, docentes e investigadores
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, docentes, investigadores y representantes de universidades nacionales y organismos científicos expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa mediante una carta abierta dirigida a los senadores.
Los firmantes advirtieron que el régimen otorgaría beneficios fiscales y garantías regulatorias excepcionales a grandes corporaciones tecnológicas sin establecer obligaciones concretas en materia de generación de empleo local, transferencia tecnológica o fortalecimiento del desarrollo productivo nacional.
Según los especialistas, la propuesta podría limitar durante décadas la capacidad del Estado para regular sectores estratégicos vinculados al conocimiento y la innovación. En ese sentido, solicitaron que el debate legislativo contemple los efectos de largo plazo sobre la soberanía tecnológica, el mercado laboral y la definición de políticas de desarrollo.
El antecedente en Diputados
La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 24 de junio con 130 votos afirmativos, 106 rechazos y siete abstenciones.
Con la última ronda de exposiciones prevista para este miércoles, el Senado se prepara para definir el futuro de uno de los proyectos económicos más relevantes impulsados por el Gobierno, orientado a posicionar a la Argentina como destino de grandes inversiones tecnológicas y de innovación.
Inflación en Argentina: los gastos fijos de los hogares suben por encima del índice general https://t.co/eHZC3gtIIM pic.twitter.com/7YELEBv9xf
— Radio Up (@radioupar) August 19, 2026