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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dado un paso decisivo en la lucha contra poderosas facciones como el Comando Vermelho al firmar un proyecto de ley que endurece drásticamente las penas contra el crimen organizado. La iniciativa, que propone castigos de hasta 30 años de prisión, será enviada al Congreso Nacional con carácter de urgencia.
El proyecto se presenta como una respuesta directa a los recientes picos de violencia, como los resultados de la denominada Operación Contención, que lamentablemente dejó 121 muertos en Río de Janeiro. El eje central de la propuesta, confirmada por la Secretaría de Comunicaciones del gobierno, es la creación de un nuevo tipo penal: la “organización criminal calificada”.
Las penas de prisión que dispone el proyecto firmado por Lula
Quienes sean declarados culpables de este delito podrían enfrentar una pena máxima de 30 años de prisión. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, anticipó que el texto apunta a imponer penas más severas a los líderes y miembros de estas facciones, y el delito clasificado como cometido por una organización criminal calificada será considerado atroz, lo que significa que no estará sujeto a fianza.
La propuesta también eleva la pena base para la delincuencia organizada simple, pasando de un rango de 3 a 8 años de prisión a 5 a 10 años. Se aplicarán penas aún mayores (de dos tercios a dos años adicionales) en los casos de «delincuencia organizada agravada».
Entre las circunstancias agravantes se incluyen el reclutamiento de un niño o adolescente para cometer delitos, cuando el perpetrador es un funcionario público, el control territorial o penitenciario por parte de la facción (ejemplificado por Lewandowski como la situación de vulnerabilidad en comunidades dominadas), el uso de un arma de fuego restringida o prohibida y la muerte o lesiones corporales de un agente de seguridad pública.
Creación de base de datos
La lucha contra el crimen organizado también se fortalecerá con nuevas herramientas de investigación e inteligencia. El proyecto prevé la creación de una Base de Datos Nacional que incluirá información detallada, incluso el ADN de personas involucradas, para recabar información estratégica. Otro punto clave es la intención de reducir más rápidamente los recursos financieros de las facciones mediante la incautación de bienes, derechos u objetos de valor pertenecientes a los investigados, incluso durante la pesquisa, si se sospecha que son producto o instrumento de una actividad delictiva.
En cuanto a las estrategias operativas, la propuesta legaliza la infiltración durante la investigación, autorizando la intervención de agentes de policía y colaboradores en la organización criminal, e incluso la posibilidad de crear entidades jurídicas ficticias para facilitar dicha infiltración. Adicionalmente, se autorizará el seguimiento de las reuniones celebradas entre detenidos preventivos o condenados que sean miembros de organizaciones criminales.
