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En un contexto de debate legislativo y expectativa institucional, la reforma procesal penal en Misiones se instala como uno de los ejes centrales de transformación del sistema judicial. Durante una entrevista en Radio Up, Antonio López Forastier planteó una mirada integral: si bien valoró el avance normativo, advirtió que “no alcanza con modificar la ley” y que el verdadero desafío estará en la implementación estructural del sistema.
Desde su perspectiva, el nuevo esquema implicará un cambio profundo en la lógica judicial, especialmente porque el Estado quedará obligado a impulsar las investigaciones en todos los casos denunciados. Este punto, explicó, marca un giro cualitativo importante y alinea la legislación provincial con la Constitución Nacional Argentina y los estándares fijados por los tratados internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, el dirigente fue claro al señalar que la reforma resuelve aspectos cualitativos, pero deja abiertos problemas cuantitativos que podrían condicionar su eficacia.
Un cambio de sistema que exige más que leyes
El nuevo modelo penal tendrá un fuerte componente oral, lo que implicará audiencias con presencia directa del juez y las partes. En ese escenario, López Forastier advirtió que los tiempos judiciales estarán limitados por la capacidad humana del sistema.
“Un juez podría realizar una audiencia por día. Eso implica alrededor de 190 audiencias anuales, considerando que el año judicial tiene 196 días hábiles”, explicó, marcando un límite concreto a la productividad del sistema.
En ese sentido, sostuvo que será imprescindible incrementar la cantidad de jueces y fiscales, una demanda histórica del Colegio de Abogados. Según detalló, la provincia presenta un déficit estructural en comparación con otras jurisdicciones:
- En materia penal, sistemas más eficientes funcionan con menos tribunales.
- En el fuero civil, ciudades como Resistencia o Corrientes duplican o triplican la cantidad de juzgados respecto de Misiones.
A pesar de esto, destacó que la calidad técnica de magistrados y fiscales es buena, aunque remarcó que trabajan en un contexto adverso, con herramientas insuficientes y estructuras que no acompañan.
Digitalización: el cambio urgente que puede reducir años de demora
Uno de los puntos más críticos abordados en la entrevista fue la falta de digitalización del sistema judicial, que hoy impacta directamente en los tiempos de los procesos.
López Forastier describió situaciones concretas: expedientes con decenas de fojas destinadas únicamente a intentar ubicar a una persona o notificaciones en papel que pueden tardar hasta 30 días.
Frente a esto, planteó la necesidad de implementar domicilios electrónicos y sistemas digitales de comunicación, similares a los que ya utilizan otros organismos del Estado. Incluso mencionó como referencia la plataforma Mi Argentina, que permite realizar múltiples trámites de manera ágil.
“La ecuación costo-beneficio es abrumadora. Con una cédula electrónica se puede notificar a 50 personas en un día, con un solo agente”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que la digitalización no solo optimizaría recursos, sino que también acercaría la justicia a la ciudadanía, un aspecto clave en la legitimidad institucional.
Un sistema colapsado y con causas en espera
El diagnóstico del sistema judicial misionero fue contundente. Según detalló, cada tribunal oral realiza entre 20 y 25 juicios al año, pero acumula entre 100 y 150 causas pendientes, muchas de ellas con personas privadas de libertad.
Este retraso tiene consecuencias directas: la prisión preventiva no puede superar los dos años, de acuerdo con los tratados internacionales. Si ese plazo se excede sin sentencia, el Estado debe liberar al imputado y continuar el proceso en libertad.
“Ese número va en ascenso en Misiones”, alertó, evidenciando una tensión entre la capacidad del sistema y las garantías constitucionales.
Implementación gradual y desafíos territoriales
Respecto a los plazos, el titular del Colegio estimó que, si la legislación se aprueba en 2026, la implementación podría comenzar en 2027, iniciándose en circunscripciones con menor volumen de causas.
En ese esquema, la ciudad de Posadas quedaría para una etapa posterior, debido a su alta densidad poblacional y mayor conflictividad, lo que la convierte en el punto más complejo para aplicar el nuevo sistema.
Debate pendiente: juicios por jurados y participación ciudadana
Otro de los aspectos en discusión es la posible incorporación del juicio por jurados, una herramienta que ampliaría la participación social en el sistema judicial.
López Forastier señaló que existe un alto interés ciudadano, evidenciado en simulacros organizados por el Colegio, donde cientos de personas se inscriben para participar.
“El Poder Judicial es un servicio del Estado, como la salud o la educación. Debe estar de cara a la sociedad”, afirmó, destacando la importancia de abrir el sistema a la comunidad.
Reforma penal juvenil: críticas y advertencias
En paralelo, el dirigente expresó preocupación por la implementación de la nueva ley penal juvenil, prevista para septiembre. Según explicó, el modelo adoptado no se adecúa plenamente a los estándares internacionales, especialmente por la reducción de la edad de imputabilidad sin un sistema especializado acorde.
Advirtió que esto generará problemas prácticos inmediatos, como la falta de espacios adecuados para alojar a menores en conflicto con la ley, lo que podría derivar en incumplimientos de tratados internacionales.
Un punto de partida, no de llegada
A modo de síntesis, López Forastier insistió en que la reforma procesal penal es un paso necesario, pero insuficiente por sí solo. El éxito dependerá de una implementación que contemple mayor cantidad de jueces y fiscales, digitalización integral, infraestructura adecuada y consenso técnico y político.
“El Poder Judicial de Misiones está en un estado crítico. Este puede ser el punto de partida para una transformación real”, concluyó.
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