Este jueves, el abogado Horacio Koncke, quien representa a cerca de 320 vecinos de la zona, presentó una queja por un recurso extraordinario denegado por la justicia federal local, a favor de la empresa GasNea, proveedora del servicio. Ahora, la Corte deberá decidir si se trató de un rechazo correcto o erróneo, abriendo una nueva esperanza para las familias afectadas por incrementos tarifarios que superan el 300%.
En diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.4, Koncke reveló que “estuve en Buenos Aires ayer a las 10 de la mañana presentando una queja por un recurso extraordinario denegado acá en el fuero federal local. Esto ya me habían dado un turno ayer y tuvimos una pequeña audiencia con la gente de Asuntos Jurídicos, donde se recibió el amparo”, explicó Koncke, quien dedicó los últimos meses a recopilar pruebas que demuestran el impacto económico que estas tarifas generan en las familias de Itaembé Guazú.
Recategorización sin explicación y un impacto insostenible
Uno de los puntos clave del reclamo de los vecinos es la recategorización que GasNea aplicó sin previo aviso, asignándoles a una categoría de “altos ingresos y consumo”, conocida como R34. Esto generó un incremento en la tarifa fija de la empresa, afectando de manera significativa a familias de bajos recursos que ahora deben pagar alrededor de 20.000 pesos mensuales en tarifas de gas. Este aumento, que según Koncke “no se justificó adecuadamente”, llevó a muchas familias a recortar en gastos básicos como el transporte o los alimentos.
“El gasto en sí para una familia en situación de vulnerabilidad, con ingresos que no superan los 20.000 pesos, implica que no pueden pagar cuentas, no comen bien o no tienen para el pasaje de colectivo de sus hijos”, señaló el abogado.
La situación se tornó aún más grave debido a que los hogares de Itaembé Guazú fueron construidos con instalaciones para gas de red, lo que impide que las familias puedan volver al sistema de garrafas. “Al principio era más barato el gas distribuido por red, pero ahora con el aumento desproporcionado, de pagar 1.200 o 1.300 pasaron a pagar más de 20.000 pesos”, indicó Koncke.
A lo largo de estos meses de lucha, los vecinos no lograron obtener claridad sobre cómo GasNea determina sus tarifas. De hecho, uno de los aspectos más frustrantes es la falta de información concreta sobre los motivos del incremento en el costo fijo del servicio. “Lo que preguntaron es sobre qué criterio se fija ese costo fijo, y es claro: nadie sabe. No tenemos información clara y veraz de por qué se está violando los derechos constitucionales”, comentó el abogado.
En base a las normas de defensa del consumidor, Koncke argumentó ante la Corte que los derechos de los vecinos han sido vulnerados. “El artículo 42 de la Constitución Nacional habla de defensa de los consumidores, y ahí dice, cuando se viola el interés económico y no hay una información clara y veraz, se están violando los derechos constitucionales”, explicó el letrado.
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Sin audiencia con GasNea y sin respuestas de las autoridades
La falta de acceso a la información es un obstáculo que afectó en todo momento el proceso judicial. Koncke afirmó que ni siquiera se le permitió conocer el número de expediente en el que se registraron los reclamos, y mucho menos se le ha facilitado una audiencia con representantes de la empresa GasNea. “Tuve que presentarlo en la subsecretaría de acceso a la información pública para pedir que el expediente me lo puedan remitir porque yo tengo acceso, como cualquier ciudadano, como son expedientes públicos, a leer”, denunció.
Ahora, los vecinos y Koncke esperan que la Corte Suprema de la Nación reconozca el perjuicio ocasionado y decida que el recurso fue mal denegado. En tal caso, la justicia federal en Posadas estaría obligada a analizar el recurso extraordinario que plantea los daños económicos y sociales que el incremento tarifario ha ocasionado en Itaembé Guazú.
“La Corte va a decidir en una resolución no la cuestión de fondo ni del amparo, simplemente si está mal denegado o bien denegado el recurso. Si está mal denegado, va a bajar la instrucción a la Cámara para que se eleve como corresponde el recurso extraordinario federal”, detalló Koncke.
Finalmente, el abogado expresó que, aunque la Corte no tiene un plazo fijo para resolver, confía en que una decisión se produzca pronto: “Creo que va a ser rápido; dentro de los 10 días ya sabríamos si se va a subir”, completó.
