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Hablar de libertad educativa es importante, y en eso seguramente podemos coincidir casi todos. Nadie puede estar en desacuerdo con la idea de que la escuela necesita más protagonismo, que el maestro tiene que recuperar un lugar central, que los directores deben tener capacidad real de conducción y que los alumnos y las familias deben sentirse parte de una comunidad educativa viva. También es cierto que muchas veces las escuelas cargan con demasiados trámites, demasiadas exigencias administrativas y una cantidad de documentación que les quita tiempo a quienes deberían estar concentrados en enseñar, acompañar y gestionar.
Ahora bien, cuando hablamos de libertad educativa, conviene hacerlo conociendo cómo funciona realmente el sistema de gestión privada, especialmente en Misiones. Porque nuestras escuelas privadas tienen autonomía institucional. No son oficinas del Estado ni dependen en su vida cotidiana de una administración central que les indique cada paso. Tienen sus propias entidades propietarias, sus representantes legales, sus directivos, sus docentes, sus proyectos educativos, sus idearios y sus formas particulares de relacionarse con la comunidad. Esa identidad propia es justamente uno de los grandes valores de la educación de gestión privada.
Autonomía no significa hacer cualquier cosa ni vivir al margen de las normas. Significa tener capacidad para desarrollar un proyecto educativo propio dentro de un marco común de derechos, responsabilidades y obligaciones. Una escuela puede tener una identidad religiosa, comunitaria, cooperativa, pedagógica o cultural particular y, al mismo tiempo, formar parte plenamente del sistema educativo. En Misiones esto tiene además una raíz histórica muy fuerte. Muchas escuelas nacieron de las propias comunidades, del esfuerzo de inmigrantes, de familias, asociaciones y grupos religiosos que vieron una necesidad y decidieron organizarse para dar una respuesta. Por eso la educación privada misionera no es algo artificial ni impuesto desde arriba; forma parte de la historia misma de nuestra provincia.
En este esquema, el SPEPM no administra las escuelas. Esa diferencia hay que decirla con claridad. No dirige cada institución, no reemplaza al representante legal, no elige a los docentes, no maneja las cuentas ni define la vida diaria de los establecimientos. Su tarea es habilitar, supervisar, acompañar, articular y controlar el cumplimiento de las normas. La gestión concreta sigue estando en manos de cada institución.
Y aquí hay un dato que me parece especialmente importante porque permite dimensionar de qué estamos hablando. El SPEPM funciona con alrededor de 18 personas para atender un sistema de aproximadamente 266 escuelas, 15.000 docentes y 140.000 alumnos. Es un número que habla por sí solo. Estamos frente a una estructura pequeña para una realidad educativa enorme. Por eso, cuando se habla de burocracia o de sobredimensionamiento, también hay que mirar esos datos. Un organismo con esa dimensión, frente a semejante universo, necesariamente trabaja sobre criterios de eficiencia, eficacia y economía. No podría ser de otra manera.
Por supuesto que existe documentación, y mucha. Eso nadie lo niega. Pero tampoco es correcto pensar que toda esa documentación nace en el SPEPM. Las escuelas deben cumplir, como cualquier otra organización, con obligaciones laborales, previsionales, impositivas, contables, de seguridad, de infraestructura y de funcionamiento. A eso se suman las exigencias propias del sistema educativo: matrículas, trayectorias, calificaciones, pases, títulos, plantas funcionales, legajos, estadísticas, registros, asistencia y tantas otras cuestiones. Y una parte importante de esas exigencias responde a decisiones, sistemas de información y pautas que vienen desde la Nación o desde acuerdos federales y que después las provincias deben aplicar.
Entonces, si de verdad queremos menos burocracia, hay que mirar toda la cadena. Hay que revisar qué exige la Nación, qué pide el sistema federal, qué corresponde a la Provincia, qué solicita el organismo de supervisión y qué termina llegando a la escuela. Muchas veces el último que pide el dato es simplemente el que debe responder por una obligación que viene de más arriba. Por eso la discusión sobre libertad y desregulación tiene que ser más amplia y más honesta.
En este punto aparece una cuestión que para Misiones es central: el federalismo. Argentina es un país federal y eso también debería expresarse con más fuerza en educación. No todas las provincias son iguales. No tienen la misma realidad social, geográfica, cultural ni económica. No es lo mismo pensar la educación desde Buenos Aires que vivirla todos los días en Posadas, San Pedro, Eldorado, Andresito, Montecarlo, Oberá o Bernardo de Irigoyen. Cada territorio tiene sus propias necesidades, sus propios desafíos y también sus propias fortalezas.
Por eso creo que hay que fortalecer mucho más el federalismo educativo. La Nación debe garantizar derechos, establecer grandes objetivos comunes y asegurar determinados pisos de calidad, pero las provincias tienen que tener un margen mucho mayor para construir sus propias respuestas. Y dentro de las provincias, las escuelas también necesitan espacio para desarrollar su identidad y su proyecto. La lógica debería ser sencilla: más federalismo desde Nación hacia las provincias y más autonomía desde las provincias hacia las instituciones.
En Misiones existe además una manera particular de entender esto, que podemos llamar misionerismo educativo. No significa cerrarnos al país ni desconocer las políticas nacionales. Significa pensar primero desde nuestra realidad, desde nuestra gente, desde nuestro territorio y desde nuestras necesidades. Significa entender que una política educativa puede tener lineamientos generales, pero que después debe ser capaz de adaptarse a la vida concreta de cada comunidad.
El misionerismo educativo tiene que ver con eso: con mirar la provincia desde adentro. Con escuchar a las escuelas. Con caminar los establecimientos. Con conocer a los docentes y a las familias. Con entender que las respuestas no siempre pueden venir prefabricadas desde un escritorio lejano. Misiones ha construido durante años una identidad propia y esa identidad también puede y debe expresarse en educación.
Ahora bien, todo esto tiene sentido si no perdemos de vista lo principal: la escuela existe porque hay alguien que enseña y alguien que aprende. El documento que sirve de base a estas reflexiones parte justamente de una idea muy valiosa: transmitir conocimiento no es dominar, sino hacer justicia entre generaciones. El maestro enseña, explica, corrige, vuelve a explicar, acompaña y exige porque sabe que el alumno puede aprender. Ese es el corazón de la escuela.
Por eso cada trámite innecesario merece ser revisado. Cada información repetida, cada planilla duplicada, cada pedido que no mejora la enseñanza ni protege derechos debería simplificarse. La modernización no consiste solamente en pasar un formulario de papel a una pantalla. Consiste en preguntarse si ese formulario sigue siendo necesario.
Y también hay que confiar más. Nación debe confiar en las provincias. La Provincia debe confiar en sus instituciones. Las instituciones deben confiar en sus directivos. Los directivos deben confiar en sus docentes. Y los docentes necesitan recuperar plenamente su autoridad pedagógica.
No creo que la discusión deba plantearse como Estado sí o Estado no. Esa es una falsa opción. Necesitamos un Estado presente donde debe estar presente, garantizando derechos, acompañando a los alumnos, cuidando la calidad educativa y supervisando lo necesario. Pero también necesitamos un Estado que sepa cuándo retirarse, cuándo dejar hacer, cuándo simplificar y cuándo confiar.
En definitiva, la libertad educativa no se construye solamente con discursos. Se construye en las escuelas, todos los días. Se construye dando autonomía real, fortaleciendo el federalismo, respetando la identidad de cada institución y reconociendo que las provincias conocen muchas veces mejor que nadie sus propias necesidades.
Misiones tiene mucho para mostrar en ese camino. Un sistema de gestión privada amplio, diverso y extendido territorialmente, acompañado por una estructura pequeña del SPEPM, demuestra que es posible pensar un Estado más eficiente, más cercano y menos pesado.
Y quizás allí esté la idea más sencilla de todas: los organismos educativos tienen sentido si ayudan a que la escuela funcione mejor. Los ministerios, los consejos, los servicios y las asociaciones deben estar al servicio de la escuela, y la escuela al servicio del aprendizaje.
Por eso vale la pena defender con serenidad tres ideas muy concretas: más autonomía institucional, más federalismo educativo y más confianza en la capacidad de Misiones para construir respuestas propias.
Eso no nos aleja de la Argentina.
Al contrario.
Es una manera profundamente federal de ser argentinos.
