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El debate por la Ley Penal Juvenil entrará hoy en su etapa decisiva cuando el oficialismo intente firmar el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, paso previo a la sesión convocada para el jueves, donde el proyecto será llevado al recinto.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda comenzará a las 10.30 bajo la conducción de la diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza). La sesión está prevista para el jueves a las 11 y también incluirá la votación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo contaría con respaldo suficiente de bloques aliados para firmar el despacho y no se descarta que sume acompañamiento de algunos sectores del peronismo, particularmente del Frente Renovador.
El traspié del Ejecutivo y el financiamiento
Aunque existía un acuerdo previo para fijar la edad de imputabilidad en 14 años, el Poder Ejecutivo sorprendió el lunes al presentar un nuevo proyecto que bajaba el umbral a 13 años, lo que generó malestar en sectores aliados.
Horas más tarde, la Casa Rosada retiró la iniciativa. Sin embargo, fuentes parlamentarias indicaron que existe un compromiso para que el dictamen incluya finalmente la edad mínima en 14 años y contemple un esquema de financiamiento específico.
El punto central del nuevo texto incorporaba partidas concretas: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar la implementación del régimen. En la versión original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que despertaba dudas sobre su aplicación efectiva.
Qué cambia con la reforma
El proyecto establece un nuevo régimen penal juvenil, deja sin efecto la posibilidad de prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de condena.
Para delitos con penas menores a tres años —o de hasta diez años sin violencia grave— se priorizan medidas socioeducativas, libertad asistida y tareas comunitarias, en lugar de prisión efectiva.
La reforma también aborda aspectos como los tipos de delitos punibles, los lugares de detención y los mecanismos de resocialización e inserción laboral, con el objetivo de reducir la reincidencia.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” y cerrar vacíos de la ley vigente (22.278). El discurso oficial se enmarca en la premisa de que “el que las hace las paga”, incluso en el caso de menores.
La administración de Javier Milei impulsa una política de mayor severidad penal, bajo la lógica de elevar los costos del delito y reforzar la responsabilidad individual.
La mirada de la oposición
Sectores de la oposición rechazan la reforma y advierten que no existe evidencia concluyente en la región que demuestre que bajar la edad de imputabilidad reduzca los índices de criminalidad.
Citan como ejemplo el caso de Brasil, donde la edad de responsabilidad penal es de 12 años y la tasa de homicidios se mantiene elevada. Desde esta perspectiva, sostienen que la delincuencia juvenil responde a causas estructurales vinculadas a la exclusión social y la falta de oportunidades.
