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La organización ambientalista Greenpeace presentó un pedido ante la Justicia para que se dicte una medida cautelar que garantice la participación oral de los más de 100 mil inscriptos en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares.
Según el esquema establecido por el oficialismo, solo 400 personas podrán exponer de manera oral, distribuidas entre 200 participantes presenciales en la primera jornada y otros 200 en modalidad virtual al día siguiente. El resto deberá presentar sus argumentos por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.
La causa quedó en manos del juez Enrique V. Lavié Pico, quien subroga el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7. En caso de que haga lugar al planteo, fuentes parlamentarias estimaron que las audiencias podrían extenderse hasta 500 días, dada la magnitud de los inscriptos.
Desde sectores de la oposición, en tanto, plantearon la necesidad de alcanzar una solución intermedia que permita ampliar la participación sin llegar a un esquema de exposición total que dilate el tratamiento legislativo.
El reclamo de Greenpeace apunta directamente contra la resolución impulsada por los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. La normativa establece que podrán exponer de manera presencial los primeros inscriptos de cada provincia, mientras que el resto deberá ajustarse a las alternativas digitales.
En su presentación judicial, la organización solicitó que se ordene al Congreso de la Nación Argentina garantizar la participación oral de todos los inscriptos, mediante la ampliación del cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo o la incorporación de nuevas jornadas.
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Además, advirtió que reemplazar la exposición oral por videos o presentaciones escritas resulta incompatible con los estándares básicos de participación pública, y pidió que se evite la implementación de estos mecanismos restrictivos.
En paralelo, Greenpeace también solicitó la designación de veedores judiciales que supervisen tanto las instancias presenciales como virtuales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos en el Acuerdo de Escazú.
El planteo abre un nuevo capítulo en el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de tensiones entre la necesidad de participación ciudadana y los límites operativos del Congreso, en un tema de alto impacto ambiental y político.
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— Radio Up 95.5 (@radioup955) March 20, 2026
