El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para resguardar los derechos de la provincia sobre su territorio, luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida quedó formalizada a través del Decreto N.º 1935.
La decisión fue comunicada este viernes por el mandatario, quien sostuvo que la provincia mantiene así su postura de defensa del territorio y los recursos naturales. “Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales”, expresó Passalacqua al anunciar la medida.
El gobernador también puso el foco en las características geográficas y productivas de Misiones. “Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó.
En ese sentido, definió el cuidado de las tierras misioneras como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente” y anticipó que la provincia avanzará con las acciones correspondientes “en cada oportunidad y por todas las vías” disponibles.

El planteo de la Provincia
El Decreto N.º 1935 fundamenta la decisión en los efectos atribuidos por el Gobierno provincial al DNU N.º 70/2023, particularmente a su artículo 154, que derogó la Ley N.º 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
De acuerdo con los fundamentos del decreto, el fallo de la Corte Suprema en la causa “C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986” produjo la inmediata vigencia de ese artículo. El Gobierno misionero sostiene que este escenario deja a la provincia en una situación de desprotección frente a la posibilidad de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras.
La Provincia plantea además que la vigencia del DNU tiene impacto sobre la autonomía y soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social misionero.
El decreto también advierte sobre posibles efectos en sectores considerados estratégicos para el desarrollo provincial, así como sobre el control de los recursos naturales, la integridad territorial y cuestiones vinculadas con la seguridad provincial y municipal.
A partir de estos argumentos, el Gobierno de Misiones instruyó al Fiscal de Estado a ejercer las acciones judiciales que correspondan para defender los intereses provinciales ante el nuevo escenario jurídico.
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Tabacaleros misioneros intiman a Nación por fondos clave para infraestructurahttps://t.co/DbCQ21Bgru pic.twitter.com/hsjRIaKYhS
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