La morosidad de las familias argentinas alcanzó en octubre su nivel más alto desde 2010, cuando el Banco Central comenzó a relevar estos datos, al trepar al 7,8% del total de los créditos, impulsada por el deterioro en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, según el último Informe sobre Bancos del BCRA. El fenómeno se explicó por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento del financiamiento y las dificultades para sostener los pagos mensuales, en un contexto económico todavía ajustado.
De acuerdo con el relevamiento oficial, la irregularidad en los créditos familiares mostró un salto interanual de 5,5 puntos porcentuales, confirmando una tendencia sostenida que ya lleva doce meses consecutivos de subas. El segmento más afectado fue el de préstamos personales, donde la morosidad llegó al 9,9%, lo que implica que casi uno de cada diez créditos no se paga en tiempo y forma, con un incremento anual de 6,5 puntos porcentuales.

Las tarjetas de crédito también exhibieron un fuerte deterioro: la mora se ubicó en el 7,7%, tras crecer 6 puntos porcentuales en un año, reflejando las dificultades de los hogares para afrontar consumos financiados. En contraste, los créditos prendarios mostraron una suba más moderada, con un ratio del 4,8% (+1,1 p.p.), mientras que los hipotecarios se mantuvieron relativamente estables, con niveles cercanos al 1%.
El avance de la morosidad no fue exclusivo de las familias. En el caso de las empresas, el incumplimiento también se incrementó de manera significativa: pasó del 0,7% al 1,9% interanual, con los mayores aumentos concentrados en los préstamos prendarios.
Al integrar la deuda de hogares y compañías, el ratio de irregularidad del sistema financiero se elevó al 4,5% en noviembre, lo que representa una suba anual de 3 puntos porcentuales y marca el registro más alto desde noviembre de 2021.

Desde el Banco Central aclararon que los datos de morosidad familiar corresponden a octubre y los del total del sistema a noviembre, ambos relevados antes del alivio en las tasas de interés aplicado tras las elecciones legislativas, por lo que el impacto de esa medida aún no se refleja en las estadísticas.



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