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La decisión del gobierno de Javier Milei de impulsar el debate legislativo para bajar la edad de imputabilidad penal reactivó una discusión sensible y estructural en la Argentina. En ese contexto, la Iglesia Católica volvió a fijar una posición crítica y firme frente a la iniciativa oficial, al advertir que reducir la edad penal no constituye una solución eficaz frente a la inseguridad juvenil y al reclamar transformaciones profundas que aborden las causas sociales, económicas y culturales que atraviesan el delito.
Tras la confirmación de que el tema será tratado durante las sesiones extraordinarias del Congreso, la Comisión Episcopal de Pastoral Social decidió volver a poner en circulación un documento aprobado en marzo de 2025, en el que sostiene que el debate no debe centrarse en la edad de imputabilidad, sino en la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas públicas vinculadas a la niñez, la adolescencia y la juventud.
Un diagnóstico social que excede la cuestión penal
En su pronunciamiento, la Iglesia realiza un análisis de fondo sobre la realidad argentina y remarca que, desde hace años, el país viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas incapaces de consolidar una cultura del trabajo que incluya a todos los habitantes y permita a las familias vivir con dignidad.
Según el documento, este deterioro estructural derivó en múltiples problemáticas, entre ellas la inseguridad y la delincuencia juvenil, fenómenos que no pueden ser abordados únicamente desde una lógica punitiva. Para los obispos, la falta de oportunidades laborales, educativas y sociales generó un escenario propicio para la exclusión y la violencia, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Solidaridad con las víctimas y advertencia sobre el enfoque del debate
La Comisión Episcopal de Pastoral Social expresa, en primer lugar, su solidaridad con las víctimas de la violencia, incluidas aquellas que sufrieron delitos cometidos por menores de edad, en algunos casos con niveles extremos de agresividad que dejan secuelas difíciles de sanar.
No obstante, los obispos advierten que, frente a estos hechos dolorosos, suele fortalecerse un discurso que pone el foco casi exclusivamente en los adolescentes, como si fueran los principales responsables del delito, algo que —según subrayan— no coincide con la evidencia estadística oficial.
Qué dicen los datos oficiales sobre los menores y el delito
Basados en cifras del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC-SAT), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, correspondientes al año 2023, la Iglesia remarca que los menores de edad representan un porcentaje muy bajo del total de personas inculpadas por delitos en la Argentina.
De acuerdo con esos registros, en los casos de robo de motocicletas, los menores de 15 años alcanzaron el 5,1 % de los inculpados, mientras que los adolescentes de 16 y 17 años representaron el 11,3 %. En el hurto de automotores, los menores de 15 años fueron el 3,93 %, y los jóvenes de 16 y 17 años, el 8,1 % del total.
Para la Iglesia, estos datos refuerzan la idea de que criminalizar más temprano no resolverá el problema de fondo, sino que puede profundizar la exclusión social.
La necesidad de escuchar a los especialistas
Uno de los puntos centrales del documento es el reclamo por un debate más amplio e interdisciplinario. La Comisión Episcopal sostiene que la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores y que resulta imprescindible escuchar las voces de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes.
Estas miradas calificadas —señalan— aparecen con poca frecuencia en los debates mediáticos, que suelen simplificar una problemática compleja. Cuando estos enfoques especializados son tenidos en cuenta, concluyen los obispos, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad deja de parecer razonable.
El avance de las drogas y el narcotráfico
La Iglesia dedica un apartado central al impacto del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes. Advierte que hoy existe un acceso cada vez más fácil a sustancias ilegales y que el consumo problemático es una de las principales causas de la violencia.
En ese sentido, reclama una política decidida para combatir el narcotráfico, al advertir que este fenómeno viene ganando territorio desde hace décadas, ampliando sus negocios y dejando un tendal de vidas y familias destruidas, especialmente entre los jóvenes. “De esto se habla poco”, subraya el documento, al cuestionar la falta de centralidad del tema en el debate público.
¿Dónde irían los menores si se baja la edad de imputabilidad?
El pronunciamiento también plantea interrogantes concretos sobre las consecuencias prácticas de una eventual reforma. Los obispos se preguntan dónde serían recluidos los menores, qué dispositivos existen en las provincias para alojarlos y qué alternativas reales habría para educarlos y reinsertarlos socialmente.
Al poner el foco en la realidad de los establecimientos penitenciarios, la Iglesia se pregunta si realmente se cree que ese camino puede ofrecer una solución. Para los obispos, la edad actual prevista por la ley —16 y 17 años— no necesita ser modificada, aunque sí consideran imprescindible avanzar hacia un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza.
Más escuelas que cárceles
En uno de los tramos más contundentes del documento, la Iglesia plantea una disyuntiva clara: ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitación adecuada?
Desde esa perspectiva, sostiene que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe priorizar la reinserción social y la educación, y ofrecer a los adolescentes y jóvenes un verdadero proyecto de vida, con motivos para soñar y creer en un futuro posible, lejos de las drogas, las armas, la violencia o la muerte.
El proyecto del Gobierno y el debate en el Congreso
El martes 27 de enero, el presidente Javier Milei amplió el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial, para habilitar el tratamiento de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa del Ejecutivo busca modificar el esquema vigente desde la última dictadura militar y bajar el piso de punibilidad, actualmente fijado en los 16 años, para permitir que menores de edad puedan ser juzgados y condenados por delitos graves.
La defensa del oficialismo
Desde el oficialismo, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, defendió públicamente el proyecto y sostuvo que no se trata de una discusión ideológica, sino de sentido común. Según afirmó, existen menores que cometen delitos graves y recuperan rápidamente la libertad, lo que —a su entender— alimenta la impunidad.
“El que las hace, las paga”, expresó la legisladora, al confirmar que apoyará la iniciativa durante el debate parlamentario y al señalar que la baja de la edad de imputabilidad busca establecer un límite claro frente al delito.
Antecedentes internacionales y comparaciones
Fuentes oficiales indicaron que la propuesta se apoya en antecedentes de otros países. En Brasil, la imputabilidad penal comienza a los 12 años, mientras que en Uruguay se fija en los 13. También se mencionó el caso de Suecia, que decidió bajar la edad de imputabilidad a 13 años, como parte de una estrategia más amplia frente al crecimiento del delito juvenil.
Un llamado a un compromiso colectivo
En el cierre del documento, la Comisión Episcopal de Pastoral Social convoca a un debate serio y profundo, con políticas públicas pensadas a largo plazo. Señala que el Estado nacional, los gobiernos provinciales y municipales, la dirigencia política, los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones religiosas, el empresariado y la ciudadanía en general tienen un rol clave para ampliar las oportunidades de educación y contención para niños y jóvenes vulnerables.
Superar la cultura del descarte y la indiferencia, advierten los obispos, es una condición indispensable para evitar que el futuro de miles de adolescentes quede atrapado entre la exclusión y la violencia. Como recuerda el Papa Francisco, concluyen, “estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”.
Emergencia Ígnea: provincias patagónicas piden tratamiento urgente en el Congresohttps://t.co/w69RX0JC38 pic.twitter.com/PdlnoIjYp6
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