La crisis que atraviesa la cadena productiva de la yerba mate volvió a instalarse en la agenda provincial. Este jueves, representantes de productores, tareferos, cooperativas y pequeñas industrias iniciaron una serie de reuniones con distintos actores institucionales con el objetivo de conseguir respaldo para impulsar una Ley de Emergencia Yerbatera, iniciativa que será presentada al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.
En ese contexto, el productor y abogado Ernesto Alpízar, en declaraciones a Radio Up, explicó que la intención del sector es "sensibilizar" a los distintos actores sociales, religiosos y políticos sobre el impacto que, según sostienen, provocó la desregulación implementada por el Gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
"La expectativa fundamental es tratar de sensibilizar a los factores sociales, religiosos y políticos sobre la situación que tenemos los productores, los tareferos, las pequeñas industrias yerbateras, los transportistas y todos los sectores vinculados", expresó.
"Hace tres años vivimos una situación caótica"
Durante la entrevista, Alpízar sostuvo que el sector acumula casi tres años de dificultades económicas que atribuye a la modificación del funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
"Estamos pasando una situación bastante caótica. Consideramos que el DNU es inconstitucional porque viola los parámetros establecidos y fracturó la ley orgánica del INYM", afirmó.
Según su interpretación, la eliminación de las facultades regulatorias del organismo produjo un profundo desequilibrio en la cadena productiva.
"El DNU vino a desregular, vino a fracturar la ley y con ello nos ha empobrecido hasta la miseria", manifestó.
Las declaraciones reflejan la posición del sector que impulsa el proyecto legislativo, aunque la constitucionalidad del DNU continúa siendo materia de debate judicial y político.
Emergencia Yerbatera: el principal objetivo del sector
El eje central del reclamo consiste en lograr que la provincia declare la Emergencia Yerbatera, medida que, según explican los productores, permitiría instrumentar herramientas de asistencia mientras continúe la crisis.
Alpízar aseguró que el objetivo también es llamar la atención del Gobierno nacional.
"Queremos que se decrete la emergencia yerbatera y abrirle los ojos al Presidente para demostrar que estas decisiones no están bien hechas ni jurídica, ni social, ni políticamente."
Durante la entrevista, el dirigente también cuestionó duramente la forma en que, a su entender, se adoptaron las medidas nacionales y afirmó que los reclamos judiciales impulsados por distintos sectores no obtuvieron respuestas.
"Hicimos denuncias contra el decreto y no hemos tenido ningún resultado. Pasan los años y seguimos igual."

Denuncian un fuerte deterioro económico y social
Para Alpízar, la crisis trasciende al productor y repercute sobre toda la economía regional.
"No solamente nos afecta a nosotros. Esto genera un empobrecimiento social, perjudica a los comercios y termina impactando en toda la comunidad."
En ese sentido, describió una situación económica que, según afirmó, obliga a muchas familias rurales a reducir al máximo sus gastos.
"Nos están llevando al extremo de la miseria. Ya tenemos que contar los centavos."
El productor cuestionó además la distribución de la renta dentro de la cadena yerbatera.
"El precio que recibimos es irrisorio mientras engrosa presupuestos muy elevados para los sectores más poderosos. Socialmente eso no es justo."
"Hay unidad, pero también mucho cansancio"
Consultado sobre la posibilidad de que todo el sector acompañe las medidas de fuerza previstas, Alpízar aseguró que existe consenso entre las organizaciones, aunque reconoció un fuerte desgaste.
"Unidad sí hay. Lo que pasa es que la gente está cansada de que le mientan."
Según explicó, la prolongación del conflicto generó una pérdida de confianza entre los productores.
"Llevamos tres años en esta situación que no mejora; al contrario, cada vez nos empobrece más."
También advirtió que la crisis repercute sobre el consumo y la actividad comercial de las localidades yerbateras.
"La gente ya no puede comprar. Los comercios también sienten esta situación porque el productor perdió capacidad económica."

"No voy a cosechar"
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Alpízar habló de su situación personal y adelantó una decisión que refleja el malestar existente entre parte de los productores.
"No voy a cosechar."
Y agregó:
"Mi trabajo y mi esfuerzo no se lo voy a regalar a nadie, mucho menos a un poderoso."
La afirmación sintetiza el clima que atraviesa un sector que sostiene que los actuales valores de la hoja verde no alcanzan para cubrir los costos de producción.
El proyecto que presentarán al gobernador
La reunión con el gobernador Hugo Passalacqua tiene como principal objetivo entregar personalmente el proyecto de Ley de Emergencia Yerbatera.
La iniciativa busca generar mecanismos excepcionales de asistencia para productores, tareferos, cooperativas y pequeñas industrias mientras persista la crisis derivada de la desregulación del mercado.
El reclamo se apoya además en un informe técnico presentado recientemente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, donde las organizaciones sostienen que, tras más de dos años de vigencia del DNU 70/23, se registró una caída del precio de la hoja verde, retracción de la producción, menor consumo interno, concentración del mercado y un deterioro institucional del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Según ese documento, la experiencia desde diciembre de 2023 demuestra —a juicio de los sectores firmantes— que la eliminación de la regulación estatal favoreció la concentración económica en los eslabones con mayor poder de negociación, mientras el sector primario perdió rentabilidad y capacidad de sostener la actividad.
Ley de tierras: “Atenta contra nuestra soberanía y contra la posibilidad de tener trabajo y un lugar donde vivir”https://t.co/BeTzS13aai pic.twitter.com/YKzTf8O7fF
— Radio Up (@radioupar) July 29, 2026



//



