Desde el espacio de Elisa Carrió solicitaron que se investigue si la Unión Argentina de Salud aumentó coordinadamente precios a los usuarios y proveedores, después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023.
Los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Facundo Del Gaiso presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por el empresario Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.
“Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados ¿a dónde se va esa gente?”, señalaron los referentes del espacio que lidera la diputada nacional (MC) Elisa Carrió.
“Los pacientes con enfermedades crónicas, los que están en tratamiento por alguna cuestión aguda pero costosa, y/o los jubilados, no pueden entrar y salir como si nada de su plan de prepaga. Ahí no hay competencia, hay abuso”, agregaron en la presentación.
Asimismo, los legisladores de la CC aclararon que “no nos quedamos solamente con la denuncia. Sabemos que este es un mercado imperfecto, que tiene muchos condicionantes. (El presidente, Javier) Milei dejó una regulación en cero, ahora hay que debatir qué tipo de regulación hace falta para que la competencia sea real y que las personas no se queden sin cobertura. La CNDC puede ofrecer medidas pro-competitivas basadas en criterios técnicos”, argumentaron los denunciantes.
Asimismo, los diputados de la CC explican que los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero. Y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean, es decir, la UAS.
La denuncia presentada ante la CNDC radica en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio de medicina prepaga. También se detecta una posible cartelización que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.
Asimismo, la presentación de los legisladores de la CC refiere la comisión de la conducta prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley, que plantea que “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”.
Esta conducta se considera restrictiva de la competencia, por lo que la mera acción coordinada de dos o más competidores para la fijación de precios a los consumidores y usuarios, o para coordinar posturas frente a sus proveedores, es considerada una conducta ilegal per se. Eso significa que, acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia.
“Queremos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice la conducta de la Unión Argentina de Salud que es la cámara de las empresas de medicina prepaga. No es el rol de la Cámara coordinar los aumentos de precios o las políticas respecto de los proveedores. Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron”, plantearon desde la CC.
En la presentación, los diputados de la Coalición Cívica manifiestan que tomaron conocimiento de los hechos por los medios de comunicación en los que el propio Claudio Belocopitt, que es presidente de la Unión Argentina de Salud y presidente de Swiss Medical, contó cómo operó el cartel.
Además, complementan esta información con las comunicaciones de las prepagas a sus afiliados, confirmando los aumentos.
De acuerdo con Parlamenario, los legisladores de la CC consideran que “se deben evaluar algunas cuestiones como la posibilidad de establecer los refuerzos adecuados de los controles estatales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud; incluir en el marco regulatorio mecanismos que permitan una portabilidad efectiva de prestaciones frente a la existencia de enfermedades preexistentes y/o cualquier otro motivo que encarece el costo de libre entrada y salida de los planes. Esto incluye facilitar el proceso de continuidad de los tratamientos en curso y otras contingencias que puedan ser abordadas desde un fondo de amortización para la portabilidad”.
Asimismo, añadieron: “Se contempla la situación de los adultos mayores que llegan a la vejez debiendo pagar excedentes adicionales a su cuota de prepaga y obra social, o pasar al PAMI. Esto rompe la solidaridad del sistema, que sí se podría lograr mediante la incorporación de un componente de seguro de salud de ancianidad en el pago de la obra social / prepaga. Finalmente se deberá pensar en la posibilidad de mejorar el sistema de información al usuario, para permitirle conocer el contenido de los planes de salud y los precios de la competencia, con una composición elaborada por el Estado Nacional. Esto para facilitar la decisión de los usuarios”, explicaron.
“Si quieren los beneficios de un mercado liberado para fijar precios, entonces tienen que aceptar las restricciones y consecuencias de un libre mercado: tienen que competir. Competir por precios y por mejores servicios”, concluyeron.
