El barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú enfrenta una crisis social tras la denuncia de un abuso múltiple que involucra a menores y adultos. Mientras los vecinos exigen justicia, señalando a dos adultos como responsables principales, los adolescentes detenidos esperan una resolución. En paralelo, la comunidad lucha contra la estigmatización y las dificultades propias de su contexto.
Laura Ferreira, vecina y licenciada en Ciencias Sociales, dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y brindó detalles sobre la situación, que comenzó con la radicación de la denuncia, el pasado 17 de noviembre.
“En este barrio jamás hubo conflictos entre adolescentes. Son chicos amigables que se llevan bien. Pero desde la llegada de ‘ese’ vecino sospechoso, todo cambió”. Según Ferreira, este hombre, padrastro de uno de los adolescentes implicados, habría llegado al barrio hace apenas tres meses, ocupando una vivienda prestada por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).
Los vecinos denuncian que los cuatro menores detenidos, acusados de abuso, son también víctimas de manipulación y posible corrupción por parte de adultos del barrio. Ferreira explicó: “El abuso ocurrió con la participación de adultos. El chico declaró en cámara Gesell que el padrastro de uno de los chicos lo abusó, mientras la mamá filmaba”.
A raíz de las declaraciones, los vecinos piden que se investigue a fondo la situación: “Queremos que se pericien los teléfonos de los adultos responsables. Es ahí donde podrían estar las pruebas de algo mucho más grave, como una red de pedofilia”, sostuvo Ferreira. Hasta el momento, la justicia solo se enfocó en los menores, quienes enfrentan detenciones en centros correccionales, mientras los adultos señalados siguen en libertad.
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Por otro lado, la vecina subrayó la importancia de actuar con rapidez y sostuvo que “si estos chicos son culpables, que la justicia lo determine pronto. Pero también es urgente detener a los adultos que los manipulan. No queremos que esto siga sucediendo”.
Además del reclamo de justicia, el barrio enfrenta un desafío social: evitar la estigmatización de los adolescentes detenidos. En este sentido, Ferreira alertó sobre las consecuencias de no actuar de manera integral y apuntó que “son adolescentes con vida propia. Si les etiquetamos como violadores, no podrán reinsertarse en la sociedad. Necesitan asistencia psicológica, contención y una oportunidad para seguir adelante”.
Mientras tanto, el malestar crece entre los familiares de los menores y el resto de la comunidad. “Los padres están desesperados. Dicen que sus hijos no podrán seguir estudiando ni saliendo a las calles si no se aclara rápidamente la situación”.
El caso, actualmente bajo la órbita del Juzgado Correccional N.º 7, espera nuevos avances en la investigación. Por ahora, los vecinos de 508 Viviendas siguen exigiendo justicia, no solo para la víctima, sino también para los jóvenes involucrados. “Esta familia está destruida. Como comunidad, necesitamos justicia y acompañamiento para salir adelante”, concluyó Ferreira.
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