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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes que siete presos están bajo investigación por la extorsión al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos. El caso generó conmoción y volvió a poner en debate el uso de teléfonos celulares en las cárceles.
Durante una conferencia de prensa, Monteoliva estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En ese marco, la ministra calificó a la organización como una “PYME del delito”, al describir el esquema sistemático de extorsiones virtuales montado desde el interior del penal.
Según detalló la funcionaria, los reclusos se habrían contactado con la víctima a través de una aplicación de citas, utilizando un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de ese engaño, se habría iniciado una serie de maniobras de amenazas y pedidos de dinero.
Presos y allanamientos
Por su parte, la jueza Sandra Arroyo Salgado explicó que la banda operaba desde la Unidad N°36 de Magdalena, donde se realizaron allanamientos con múltiples objetivos. Las medidas judiciales no solo apuntaron a este caso, sino también a hechos similares detectados en la investigación.
De acuerdo al parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los operativos incluyeron además domicilios particulares en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, en el marco de una causa que continúa en desarrollo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue contundente al referirse al uso de dispositivos móviles en contextos de encierro. “Un celular en la mano es efectivamente permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más”, afirmó. Además, remarcó que no se puede tolerar la existencia de una estructura delictiva organizada dentro de una cárcel.
En la misma línea, la jueza Arroyo Salgado advirtió sobre la reiteración de este tipo de delitos. “Lo más preocupante es que esto no es novedoso. Tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular”, sostuvo.
La magistrada subrayó que, si bien el teléfono es una herramienta cotidiana, en determinados contextos puede transformarse en un arma letal, tal como habría ocurrido en este caso que terminó con la muerte de un joven soldado.
De la presentación también participaron el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, quienes respaldaron las medidas adoptadas y destacaron la importancia de reforzar los controles en las unidades penitenciarias.
El caso reaviva el debate sobre la seguridad carcelaria, el control de las comunicaciones y la necesidad de evitar que las cárceles se conviertan en centros de operaciones del delito, con consecuencias trágicas fuera de sus muros.
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