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En el marco de la Ley de Inocencia Fiscal y de las recientes reformas tributarias, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero redefinió su esquema de fiscalización con la implementación del Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario, la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y un nuevo sistema de inducción preventiva orientado a evitar sanciones antes de iniciar procesos formales de fiscalización.
El organismo derogó el Título I de la Resolución General 5.364 —que regulaba el Sistema de Acciones de Control Electrónico— y lo reemplazó mediante la RG 5.823, vigente desde la semana pasada y aplicable a operaciones realizadas desde el 1 de julio de 2026. El objetivo central es modificar el vínculo entre el fisco y el contribuyente, priorizando la corrección temprana de inconsistencias, los plazos flexibles de regularización y la reducción de multas.
A diferencia del esquema anterior, donde la notificación llegaba una vez iniciada la fiscalización, el nuevo modelo permite anticipar errores, regularizar situaciones y evitar instancias sancionatorias formales.
Nuestra Parte: la base de información para el control inteligente
Uno de los ejes del nuevo sistema es el servicio web “Nuestra Parte”, donde el contribuyente podrá visualizar información registral, ingresos, bienes, participaciones societarias y eventuales inconsistencias detectadas mediante cruces de datos con organismos públicos y agentes de información.
Este mecanismo apunta a fortalecer la transparencia fiscal, permitiendo que cada contribuyente conozca la información que posee el fisco antes de cualquier procedimiento formal.
Campañas de inducción y requerimientos electrónicos: la nueva lógica preventiva
El nuevo esquema incorpora Campañas de Inducción que se notifican mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Si dentro de los 30 días corridos no se corrigen las inconsistencias, el organismo podrá reiterar la notificación.
En paralelo, se establecen los Requerimientos Electrónicos, utilizados cuando se necesita información sobre operaciones, rentas o movimientos económicos vinculados a hechos imponibles. Estos requerimientos estarán identificados mediante un Código de Acción de Control Electrónico.
Fiscalización electrónica: continuidad del control con mayor trazabilidad
La Fiscalización Electrónica seguirá vigente como herramienta de control, especialmente en casos donde persistan inconsistencias luego de los procesos de inducción. El contribuyente tendrá 15 días hábiles administrativos para responder, con posibilidad de solicitar una única prórroga.
Toda la gestión se realizará a través del sistema SIACE, donde también se podrá consultar el historial de requerimientos y fiscalizaciones.
Declaración Jurada Simplificada de Ganancias: el cambio estructural del sistema
La reglamentación del nuevo régimen quedó consolidada mediante el Decreto 93/26 y la Resolución General 5.820, que establecen el funcionamiento operativo de la DDJJ Simplificada de Ganancias, creada por la Ley 27.799.
El sistema prevé una declaración precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La adhesión será opcional, pero requerirá ratificación anual.
Uno de los puntos más relevantes es el llamado “tapón fiscal”, que se activa cuando no existen discrepancias significativas, otorgando seguridad jurídica sobre períodos anteriores no prescriptos.
Además, la constancia digital de adhesión podrá funcionar como antecedente favorable ante entidades financieras y organismos de control antilavado.
En línea con la política de blanqueo y repatriación de capitales, se dispuso que los intereses de depósitos en moneda extranjera queden excluidos del régimen de retención de Ganancias, mediante la RG 5.822. La medida busca incentivar la bancarización de dólares no declarados.
Facturación y base de datos fiscal: mayor trazabilidad de ingresos y gastos
La reforma también avanza sobre la digitalización de comprobantes, ampliando la obligación de facturar y reduciendo excepciones.
Se incorpora la posibilidad de emitir liquidaciones electrónicas mensuales, especialmente para entidades financieras, aseguradoras, administradoras de tarjetas, prepagas e instituciones educativas privadas.
En el caso de la educación privada, los comprobantes deberán detallar la composición de aranceles y contar con validación formal de un responsable.
Se establece también la obligación de identificar al consumidor final en operaciones iguales o superiores a $10.000.000, salvo que el cliente solicite su identificación por montos menores para deducciones en Ganancias.
Impacto estructural: hacia un modelo de fiscalización predictiva
La implementación de la declaración jurada simplificada obliga al fisco a perfeccionar sus bases de datos sobre ingresos y gastos, lo que impactará no solo en Ganancias sino también en IVA y otros tributos.
El nuevo esquema marca un giro hacia un sistema de fiscalización predictiva, basado en cruces de información, monitoreo permanente y corrección anticipada de desvíos, en lugar de procesos sancionatorios posteriores.
El avance del régimen de inocencia fiscal y la digitalización de controles configuran un nuevo paradigma donde la relación fisco-contribuyente se orienta hacia la prevención, la transparencia de información y el cumplimiento voluntario. El éxito del modelo dependerá de la calidad de la información disponible, la interoperabilidad de bases de datos y la capacidad del contribuyente de adaptarse a un esquema donde el control deja de ser reactivo y pasa a ser permanente y anticipatorio.
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