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Este jueves dará inicio la Causa Cuadernos. En el banquillo habrá 87 imputados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y algunos de los principales empresarios del país, todos acusados de integrar una asociación ilícita y de participar en una red de pago y cobro de sobornos durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015.
El proceso se desarrollará de manera virtual, ya que no existe una sala judicial con capacidad suficiente para albergar a los acusados, defensores, fiscales y testigos. Las primeras audiencias, que se extenderán hasta el 4 de diciembre, serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube de la Corte Suprema.
Cuardernos: Un expediente monumental
La investigación surgió a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, quien registró durante años presuntos recorridos para entregar bolsos con dinero provenientes de empresarios de la obra pública a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. De los ocho cuadernos originales, seis están en poder de la Justicia y dos continúan desaparecidos.
En total, el juicio cuenta con 626 testigos citados, entre ellos Hilda Horovitz —exesposa de Centeno y quien reveló la existencia de los cuadernos—, la exsecretaria presidencial Miriam Quiroga y el remisero Jorge Bacigalupo, quien entregó los documentos al periodista Diego Cabot.
El tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como suplente. La acusación estará a cargo de la fiscal Fabiana León, acompañada por el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz, mientras que el fiscal Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), intervendrá como querellante.
Las imputaciones
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llega al juicio como “jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 hechos de cohecho pasivo y partícipe necesaria de otros delitos”, según la Procuración General. Por su parte, Julio De Vido y Roberto Baratta enfrentan cargos como organizadores de la estructura que habría recaudado sobornos de empresarios para adjudicar obras públicas.
Entre los acusados del sector privado figuran nombres destacados como Aldo Roggio (Grupo Roggio), Ángelo Calcaterra (IECSA), Enrique Pescarmona (IMPSA) y Armando Loson (Grupo Albanesi), quienes están imputados por cohecho activo, es decir, por pagar las coimas.
Veinte de los empresarios y exfuncionarios aceptaron ser “imputados colaboradores” bajo la Ley del Arrepentido, lo que podría implicar reducciones de condena si se confirma que aportaron información veraz a la causa.
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Un juicio que marcará un hito
El proceso unifica cuatro expedientes, incluido el principal (N.º 9608/2018) y otros relacionados con la cartelización de la obra pública. El caso por el presunto lavado de dinero —que incluye propiedades por unos 70 millones de dólares en el exterior— aún espera ser elevado a juicio.
La magnitud del expediente, la cantidad de pruebas y el peso político y económico de los acusados convierten al juicio de los cuadernos en un hecho histórico. Será un proceso extenso, con audiencias que podrían prolongarse durante varios años y que pondrá a prueba el funcionamiento del sistema judicial argentino frente a uno de los escándalos de corrupción más resonantes del país.
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