El pasado 23 de septiembre, el Gobierno Nacional publicó el Decreto 843-2024, mediante el cual se modifican los criterios de acceso y mantenimiento de las pensiones no contributivas por invalidez. Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, explicó que el nuevo decreto establece que “la pensión deja de ser compatible con el empleo registrado»
La funcionaria en diálogo con el programa “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y explicó que el beneficio ahora estará dirigido “para personas en situación de vulnerabilidad económica y con una incapacidad laboral que supere el 66%”, repercutiendo de manera directa en varios beneficiados.
Cabe destacar que uno de los cambios más importantes es que quienes perciban ingresos formales, ya sea por empleo o por bienes a su nombre, podrían quedar excluidos. “Aquellas personas que actualmente perciban algún ingreso por un vínculo laboral formal y estén cobrando la pensión, pueden recibir alguna notificación para la baja de la misma, o aquellas personas que tengan alguien a cargo”, señaló Antunez.
Además, si una persona con discapacidad tiene un bien inmueble a su nombre, “no podrá tener la pensión”, explicó, ya que ahora los ingresos familiares y la tenencia de bienes se extienden a todo el núcleo familiar, incluyendo a padres, hermanos.
El decreto también afecta a menores de edad con discapacidad, ya que aquellos que vivan con dos tutores con ingresos o que reciban una cuota alimentaria podrían perder el derecho al beneficio. “Parte de los nuevos requisitos también alcanza a aquellos que perciban ingresos por cuota alimentaria”, indicó la funcionaria. Asimismo, otro de los incisos del decreto estipula que personas detenidas o a disposición de la justicia también quedarán excluidas: «Ser detenido puede ser un causal para que se le quite la pensión», aclaró Antunez.
En cuanto a la implementación de los cambios, Antunez precisó que se está realizando una auditoría de los casos a nivel provincial, “lo que se está haciendo a Lo que ellos están haciendo ahora es un proceso de auditoría, tanto a las que están en trámite, como a las preexistentes». Los beneficiarios que no cumplan con los nuevos requisitos podrían recibir una carta documento informándoles sobre la baja, dándoles una oportunidad para responder antes de que se tome una decisión definitiva.
En Misiones, se estima que cerca de 100 mil personas cobran la pensión no contributiva, aunque el dato exacto es manejado por la ANSES. «Sabemos que hay más de 50 mil personas que tienen Incluir Salud, pero el número aproximado es de 100 mil», mencionó Antunez, aclarando que el Consejo Provincial de Discapacidad no tiene intervención directa en las decisiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Antunez enfatizó que el Consejo Provincial de Discapacidad está disponible para responder consultas y orientar a los beneficiarios que enfrenten dudas o dificultades: “Nosotros trabajamos con la asistente virtual y también nos comunicamos directamente con el personal de la Agencia Nacional, enviando las consultas”
Criterios de evaluación y otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral
Se trata del Decreto 843/2024, publicado en el Boletín Oficial, apunta a eliminar las flexibilizaciones que convirtieron esta herramienta en clientelismo político.
Este decreto se fundamenta en Artículo 9° de la Ley N° 13.478, que otorga al Estado la responsabilidad de garantizar pensiones a personas sin suficientes recursos propios, no amparadas por un régimen de previsión, imposibilitadas para trabajar.
El nuevo decreto establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema.
Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas. Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan.
La Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de dictar normas complementarias y aclaratorias para implementar este decreto. Para ello se actuará con transparencia y eficiencia, promoviendo un sistema más justo y accesible.
(Con información de ANDis)
