El avance de la inteligencia artificial en el ámbito judicial ya es una realidad en Argentina y particularmente en Misiones, donde el Superior Tribunal de Justicia comenzó a delinear un marco regulatorio para su uso. El eje del debate no está en si la tecnología debe incorporarse, sino en cómo hacerlo sin afectar garantías, derechos y el rol humano en la toma de decisiones.
En Puerto Iguazú, alrededor de 200 personas fueron parte del Congreso Internacional de Derecho Procesal, organizado por el STJ y la Universidad Católica de Santa Fe (sede Posadas), donde la principal disertante fue Silvia Barona Vilar, catedrática de Derecho Procesal en la Universitat de Valencia; presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación (Cámara Valencia) y titular de la Asociación Alexander von Humboldt de España. Posee seis tramos de docencia y seis de investigación. Es Directora de la Cátedra Institucional UV-Generaitat Valenciana “Para Cultura de la Mediación”.

Durante el programa Arriba la Radio por Radio Up, el ministro del STJ, Juan Manuel Díaz, confirmó que la IA ya tiene aplicaciones concretas dentro del sistema judicial, aunque limitadas a funciones de apoyo. “Hoy se está utilizando la inteligencia artificial en distintas tareas, como la transcripción de audiencias, la anonimización de documentos, la elaboración de resúmenes y el trabajo argumentativo que realizan los jueces”.
En esa línea, dejó en claro que el uso actual no implica delegación de decisiones: “Se trata de herramientas que están a disposición del ser humano y el control efectivo tiene que permanecer en la labor humana”.
Un sistema digitalizado y en transición hacia la IA
Misiones parte de una base estructural avanzada: la digitalización total de los expedientes judiciales. “Hoy tenemos el 100% de los expedientes bajo el sistema de gestión digital”.
Ese escenario habilita el siguiente paso: incorporar inteligencia artificial bajo reglas claras. Según Díaz, el proceso ya está en marcha. “Se está trabajando en un reglamento para proceder a ese uso, que está en análisis y seguramente antes de que finalice el año vamos a contar con esa herramienta”.
El objetivo es evitar que la incorporación de tecnología ocurra sin control normativo, en un contexto donde la innovación suele avanzar más rápido que las leyes.

La “caja negra” y el riesgo de perder control
Uno de los puntos críticos que planteó el ministro es el funcionamiento opaco de los sistemas de inteligencia artificial. “El algoritmo funciona como una caja negra, muchas veces es imposible saber cómo se produce ese razonamiento”.
Este aspecto no es menor en el ámbito judicial, donde cada decisión debe ser explicable, controlable y susceptible de contradicción por las partes. Por eso, Díaz remarcó un límite central: “La decisión final siempre tiene que ser del juez”.
Barona: “La inteligencia artificial puede ser útil, pero no debe sustituirnos”
La catedrática española Silvia Barona aportó en la entrevista exclusiva con Radio Up una mirada internacional al debate y reforzó la necesidad de establecer límites claros. “La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy buena, en estos momentos puede hacernos la vida fácil, pero no nos hemos de entusiasmar”.
En ese sentido, insistió en la moderación como criterio rector: “Lo ideal es trabajar siempre con moderación”. Y advirtió sobre un riesgo de fondo: “El problema es fijar límites para servirnos de la misma y no al final ser siervos de ella”.

Un modelo descartado: automatización sin garantías
Barona fue contundente al referirse a los modelos que avanzaron sin restricciones. “El ejemplo más paradigmático que yo creo que no lo debemos de seguir es China”.
La especialista cuestionó la automatización de decisiones judiciales y la falta de derechos: “Allí no hay una serie de límites porque el ciudadano no existe como tal con garantías”. Frente a ese escenario, defendió el enfoque de los sistemas democráticos, donde la tecnología debe estar subordinada al derecho.
Regulación, sanciones y un cambio generacional en marcha
En Europa, el avance regulatorio ya es concreto. Barona explicó que en España se establecieron restricciones precisas para el uso de IA en la Justicia. “Los jueces solo van a poder utilizar aquellas inteligencias artificiales que hayan sido validadas en calidad y robustez”.
Incluso, advirtió sobre consecuencias disciplinarias: “El uso de sistemas que no están validados supondrá una responsabilidad disciplinaria”.
Además, señaló un factor que atraviesa todo el proceso: la brecha generacional. “Esto es un tema generacional”. Mientras los jueces más jóvenes incorporan herramientas digitales con naturalidad, los mayores muestran resistencia, aunque la especialista anticipó un cambio inevitable.

Dónde sí y dónde no usar inteligencia artificial
El consenso entre los especialistas fue claro: la IA puede optimizar el funcionamiento del sistema judicial, pero no reemplazarlo. Barona definió con precisión ese límite: “La línea roja es que la decisión judicial la debe construir, firmar y ser responsable el juez”.
En ese marco, se identifican usos adecuados, como la gestión administrativa, la automatización de tareas repetitivas y la reducción de tiempos, frente a un límite infranqueable: la sentencia.

Transparencia, datos y control: los desafíos pendientes
El debate también puso el foco en los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial. Barona alertó sobre la falta de transparencia: “El problema es quién programa, quién diseña la herramienta y qué datos se utilizan”.
Y planteó la necesidad de establecer controles en dos etapas: “Tiene que haber un control previo y un control posterior del uso de la herramienta”.
En definitiva, el avance de la inteligencia artificial en la Justicia abre un escenario de oportunidades, pero también de tensiones. En Misiones, el proceso ya está en marcha, con un objetivo claro: incorporar tecnología sin resignar el control humano ni las garantías del sistema.



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