La Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo esquema legislativo para discapacidad que, según explicó el diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, busca resolver uno de los principales problemas de la emergencia vigente: asegurar expresamente los recursos presupuestarios necesarios para hacer efectivos los derechos y prestaciones contemplados por la normativa.
En diálogo con Realidad Mixta, por Radio Up, Herrera Ahuad sostuvo que uno de los avances centrales alcanzados durante las negociaciones fue incorporar una partida específica y un mecanismo de resguardo de esos fondos, con impacto directo sobre el Presupuesto 2027.
“Ponemos una partida específica, una partida específica con un blindaje del presupuesto en el artículo 7, que permite y se le dice al Presidente: usted de acá tiene que darle la partida, acá está la partida, de acá tiene que darle el dinero”, afirmó.
La iniciativa obtuvo una contundente media sanción en Diputados: 237 votos afirmativos y apenas nueve negativos, un resultado que supera ampliamente los dos tercios de la Cámara y que Herrera Ahuad consideró una fortaleza política frente a las próximas instancias legislativas y una eventual decisión del Poder Ejecutivo.

Del régimen de emergencia a una partida específica para discapacidad
Herrera Ahuad explicó que la discusión partió de reconocer las virtudes, pero también las limitaciones, de la emergencia en discapacidad. A su entender, esa herramienta permitía sostener derechos y eventualmente acudir a la Justicia, pero dejaba un punto crítico sin resolver: la asignación concreta de los recursos para ejecutar las prestaciones.
“Si había algún gris que tenía la ley de emergencia, era que no asignaba partidas presupuestarias para su ejecución”, señaló.
Según explicó el legislador, al no contar con esa previsión, la disponibilidad del dinero podía quedar sujeta a decisiones posteriores del Poder Ejecutivo. “La emergencia es una muy buena ley institucionalmente hablando, porque vos a partir de la ley de emergencia podés generar las diferentes demandas desde el punto de vista legal y, al ser una emergencia, la Justicia se expide rápidamente”, explicó.
Sin embargo, advirtió que obtener una decisión judicial no necesariamente garantiza su cumplimiento cuando el Estado argumenta que no cuenta con los fondos correspondientes. “Nada te garantiza que esa demanda judicial se cumpla”, sostuvo Herrera Ahuad, y aseguró que existen “más de 200 mil pensiones sin ejecutarse en la Argentina”, pese a los reclamos existentes.
Para el diputado misionero, allí radica una de las diferencias sustanciales del texto que obtuvo media sanción: el Congreso no solamente establece derechos y obligaciones, sino que determina de dónde deben surgir los recursos para financiarlos.

Un nomenclador igual desde Ushuaia hasta Piñalito
El segundo punto que Herrera Ahuad destacó fue el nomenclador de prestaciones, uno de los temas que formó parte de las negociaciones que mantuvo Argentina Federal con el oficialismo y otros bloques. “Entendemos que la discapacidad no puede tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. El nomenclador debe ser igual para todos, desde Ushuaia a La Quiaca, desde Buenos Aires a Piñalito”, afirmó.
De acuerdo con el presidente de Argentina Federal, durante las conversaciones se consiguió “blindar el nomenclador”, buscando establecer criterios comunes para las prestaciones independientemente del lugar del país en el que viva la persona con discapacidad.
La previsibilidad para los prestadores fue otro de los objetivos mencionados por Herrera Ahuad. Según indicó, el nuevo esquema pretende brindar mayores certezas tanto a las personas con discapacidad y sus familias como a las instituciones y proveedores que sostienen diariamente las prestaciones.
El Congreso definirá requisitos para acceder a las pensiones
Otro cambio que Herrera Ahuad ubicó entre los aspectos de fondo es la determinación de los requisitos para acceder a las pensiones.
El legislador explicó que uno de los planteos durante las negociaciones fue evitar que la definición de esos criterios quedara exclusivamente bajo la órbita del Poder Ejecutivo. “Los requisitos que en su momento se ponían en manos del Ejecutivo, de a quién darle una pensión y a quién no, los pusimos nosotros en el Congreso”, afirmó.
El diputado indicó que el esquema contempla “cerca de cinco o seis variables” y explicó que, durante las últimas negociaciones, también se incorporaron aportes de Unión por la Patria y otros espacios legislativos.
El objetivo, sintetizó, fue conseguir “una ley que pueda dar respuestas más seguras”, pero también generar previsibilidad para “los colectivos de discapacidad y los proveedores”.

Herrera Ahuad: “Necesitábamos cinco o seis cuestiones de fondo”
El presidente de Argentina Federal relató que las modificaciones fueron producto de una negociación que llegó prácticamente hasta las horas previas a la sesión.
Según contó, el martes por la tarde todavía no existía un acuerdo definitivo con el oficialismo. “Acá necesitamos por lo menos cinco o seis cuestiones de fondo que hay que reformar. Ustedes me lo tienen que aceptar en este dictamen; si no es así, nosotros vamos a votar en contra y vamos a sostener la emergencia”, recordó que planteó durante las conversaciones.
Herrera Ahuad sostuvo que el proceso estuvo atravesado por un escenario de fuerte desconfianza de las organizaciones vinculadas a la discapacidad y de sectores de la oposición.
Recordó que Argentina Federal había participado del pedido para convocar a una sesión que permitiera emplazar a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto para comenzar el tratamiento del tema. A partir de allí, señaló, se abrió un proceso de consultas con organizaciones, instituciones y referentes del sector para intentar construir un proyecto superador.

“La discapacidad estaba prácticamente olvidada por la política pública”
Herrera Ahuad afirmó que desde el comienzo consideró necesaria la emergencia debido a la situación que atravesaba el sector. “Era una ley con muchos grises, pero a su vez también una ley muy necesaria para el momento en que vivía la discapacidad, porque vive la discapacidad prácticamente olvidada por la política pública y el Gobierno nacional”, expresó.
El diputado destacó que el tratamiento se produjo además en un escenario institucional complejo, atravesado por los cambios de autoridades en el área nacional de discapacidad y por cuestionamientos incluso dentro del propio oficialismo a los recursos originalmente previstos para el sector.
Frente a ese contexto, sostuvo que el desafío consistió en recuperar credibilidad y alcanzar acuerdos suficientes para avanzar hacia una legislación con mayor previsibilidad financiera.
237 votos: un respaldo superior a los dos tercios
La magnitud de la votación fue otro de los puntos destacados por Herrera Ahuad. La media sanción consiguió 237 votos positivos y nueve negativos, un número que supera ampliamente la mayoría de dos tercios. “Esta ley está blindada con más de dos tercios de los votos. No es una ley que salió con un votito, se ganó por un voto. Esta ley tiene más de 200 votos: 237 votos, nada menos”, enfatizó.
Para el legislador, esa mayoría adquiere relevancia ante el camino que todavía resta recorrer: el proyecto deberá pasar por el Senado y, en caso de ser aprobado, será enviado al Poder Ejecutivo. “Imaginate vos que blindan dos tercios para un futuro veto”, sostuvo Herrera Ahuad.

Herrera Ahuad atribuyó el logro a las organizaciones de discapacidad
Pese a haber tenido una participación activa en la negociación de las modificaciones, Herrera Ahuad rechazó atribuirse personalmente el resultado alcanzado en Diputados. “Yo creo que este mérito, único mérito, es de las organizaciones de discapacidad, de las iglesias, de los obispos”, afirmó.
El diputado agregó que las instituciones y organizaciones fueron determinantes en la construcción del texto que finalmente llegó al recinto. “Ellos escribieron muchos de los capítulos que votamos anoche. Por eso creo que nadie puede apropiarse de una ley que es justamente de ellos”, remarcó.
Para Herrera Ahuad, el resultado alcanzado permitió traducir buena parte de los reclamos del sector en un texto que no solamente reconoce prestaciones y derechos, sino que busca asegurar el financiamiento necesario para hacerlos efectivos durante 2027.
Ahora la discusión se trasladará al Senado. Allí se definirá si el amplio consenso alcanzado en Diputados se transforma finalmente en una nueva ley nacional para discapacidad.



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