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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la nueva Ley de Discapacidad con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El resultado superó los dos tercios de los votos y se alcanzó después de una negociación parlamentaria que permitió incorporar modificaciones al texto original.
La iniciativa pasó al Senado de la Nación, donde deberá continuar su tratamiento para completar el trámite legislativo.
Durante la tarde, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, quien encabezó la discusión del proyecto en las comisiones, mantuvo reuniones con representantes de las bancadas federales y de Unión por la Patria para acordar los últimos cambios. Tras las negociaciones, desde el oficialismo aseguraron que la versión definitiva contaba con el aval de la Casa Rosada.
El momento decisivo llegó cuando el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, presidente de la Comisión de Discapacidad, anunció que el bloque aceptaría las modificaciones presentadas por Argentina Federal, que preside el misionero Oscar Herrera Ahuad. "Vamos a aceptar todas las modificaciones", confirmó Huesen en el recinto. El anuncio generó un aplauso generalizado entre los legisladores y permitió consolidar el acuerdo que llevó a la aprobación del proyecto.
Por su parte, Rodríguez Machado defendió el entendimiento alcanzado y sostuvo que las políticas sociales pueden compatibilizarse con las restricciones presupuestarias. "La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal", afirmó.
Oscar Herrera Ahuad llevó al recinto los reclamos de las organizaciones
El diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, tuvo un papel central en las negociaciones. El exgobernador provincial, que es hipoacúsico, actuó como mediador entre las organizaciones vinculadas con la discapacidad, sus familias, los prestadores y los distintos espacios políticos.
Su bloque había presentado disidencias al dictamen de mayoría al considerar que el texto original necesitaba mayores garantías sobre derechos, pensiones, prestaciones, auditorías, cobertura sanitaria, financiamiento y compensaciones para los prestadores.
Las modificaciones surgieron de consultas con organizaciones y colectivos vinculados con la discapacidad, cuyos planteos fueron trasladados al articulado. Argentina Federal sostuvo que esos cambios eran necesarios para acompañar la iniciativa.
Al presentar las propuestas, Herrera Ahuad explicó que el trabajo se había realizado junto con representantes de diferentes asociaciones y comunidades vinculadas con las personas con discapacidad. "Me permito, en nombre de colegas con los cuales hemos trabajado a lo largo de estos días, de diferentes asociaciones, comunidades que hacen a las personas con discapacidad de la Argentina, muchos de ellos con los cuales hemos tenido la oportunidad de reunirnos", expresó.
El legislador también remarcó que las modificaciones planteadas por su bloque eran sustanciales y debían incorporarse al dictamen. "Nuestras disidencias son de fondo, son importantes, las queremos expresar y queremos pedir que sean incorporadas a este dictamen", sostuvo.
Herrera Ahuad explicó que el objetivo era alcanzar una normativa superadora de la legislación de emergencia, con reglas más claras para las personas con discapacidad y quienes integran el sistema de atención. En ese sentido, planteó la necesidad de "dar previsibilidad y blindar algunas cuestiones grises que tiene la ley de emergencia".
Después de su exposición, las propuestas fueron revisadas y compatibilizadas con la Secretaría Parlamentaria. Huesen anunció entonces la aceptación de las modificaciones, que quedaron incorporadas al texto sometido a votación.
Al referirse al resultado, Herrera Ahuad destacó el papel de las organizaciones que sostienen los reclamos por los derechos del colectivo.
"Es un logro de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y los diferentes colectivos que llevan adelante una lucha por la igualdad y los derechos", afirmó.
El diputado también agradeció a quienes participaron del proceso de diálogo y confiaron en su intervención para trasladar sus demandas al Congreso. "Quiero agradecer una vez más a quienes confiaron en mi persona para poder lograr un consenso para todas aquellas personas con discapacidad que transitan un momento muy difícil", manifestó.
Para el legislador misionero, el acuerdo mostró la posibilidad de construir respuestas mediante el diálogo parlamentario. "Hoy es el momento de que todos volvamos a mostrar en la sociedad que desde la política está la herramienta necesaria para poder brindar esas respuestas", expresó.
Qué cambios incorpora la nueva Ley de Discapacidad
Las modificaciones impulsadas por Argentina Federal abarcan aspectos centrales del sistema de prestaciones, las pensiones no contributivas, la cobertura sanitaria, los procedimientos de auditoría y el financiamiento.
Continuidad de las prestaciones y del empleo protegido
El artículo 4 ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901 y de la Ley 26.816 de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
La modificación busca sostener la continuidad del sistema de prestaciones y del marco de protección relacionado con el empleo de las personas con discapacidad.
Pensiones con evaluación de los ingresos individuales
El proyecto establece que, para acceder a la pensión por discapacidad, el beneficiario no deberá percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Uno de los cambios establece que se tendrá en cuenta el ingreso individual de la persona y no el del grupo familiar. El criterio modifica el alcance de la evaluación económica para acceder al beneficio.
Garantías presupuestarias para financiar el sistema
El artículo 7 incorpora previsiones para garantizar los recursos destinados a la aplicación de la ley.
El texto dispone que las leyes de presupuesto deberán asegurar un crédito presupuestario suficiente para sostener el sistema de manera permanente. También establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al contemplado en el ejercicio presupuestario inmediato anterior.
La incorporación busca establecer previsiones presupuestarias para sostener las prestaciones y evitar que los recursos asignados queden desligados de las necesidades del sistema.
Compatibilidad entre pensión y trabajo formal
Otro de los cambios establece que la pensión no contributiva por discapacidad será compatible con un vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Si la persona supera ese límite, el beneficio se suspenderá mientras se mantenga esa situación. Cuando los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del monto establecido, podrá solicitarse la rehabilitación inmediata de la pensión.
La modificación incorpora una regla específica para quienes perciben el beneficio y buscan acceder o permanecer en una actividad laboral formal.
Cobertura de salud para titulares de pensiones
El proyecto establece que las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad tendrán derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901.
El objetivo es asegurar la cobertura sanitaria vinculada con las necesidades de atención de las personas beneficiarias.
Auditorías con derecho de defensa
Las modificaciones incorporan garantías para los procedimientos de auditoría de las pensiones.
El texto establece que las auditorías deberán garantizar el debido proceso inclusivo. Ante la detección de un posible incumplimiento, la persona deberá recibir una notificación fehaciente y contar con el plazo administrativo correspondiente para presentar su descargo antes de una eventual suspensión preventiva.
La disposición incorpora una instancia formal para que el beneficiario pueda ejercer su defensa antes de que se adopten determinadas medidas.
Rehabilitación inmediata y provisoria de las pensiones
El proyecto contempla que las personas afectadas por la suspensión de una pensión puedan solicitar su rehabilitación inmediata y provisoria si consideran que cumplen los requisitos establecidos.
El beneficio podrá restablecerse de manera provisoria hasta que se dicte una resolución definitiva sobre la situación del titular.
Plazos para cancelar deudas con prestadores
Uno de los puntos centrales de la negociación se refiere a las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema de discapacidad.
La iniciativa establece que, si existen compensaciones sin cancelar, el Poder Ejecutivo deberá publicar y notificar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Además, el esquema deberá prever la cancelación total dentro de los 90 días para quienes hayan completado el trámite administrativo correspondiente.
El texto también dispone que el vencimiento de la emergencia no afectará los derechos de los prestadores que hayan cumplido los requisitos ni impedirá concluir los procedimientos administrativos iniciados durante su vigencia.
En conjunto, las modificaciones buscan dar previsibilidad a las prestaciones, establecer garantías para los beneficiarios y ordenar los compromisos pendientes con quienes brindan servicios.
Unión por la Patria destacó el papel de Herrera Ahuad en el acuerdo
Durante el debate, legisladores de distintos bloques reconocieron el trabajo realizado para incorporar los planteos de las organizaciones.
El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, destacó que las demandas acercadas por las organizaciones habían sido consideradas en el proceso de negociación.
"Fueron receptados numerosos planteos que fueron leídos por el diputado Herrera Ahuad", señaló.
Desde Unión por la Patria, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Valdés también valoró el entendimiento alcanzado y destacó la intervención del legislador misionero como articulador entre el colectivo de personas con discapacidad y los distintos espacios políticos.
"Valoro el acuerdo al que se ha llegado en esta sesión después de más de dos años y medio de lucha del colectivo de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores", afirmó.
Valdés planteó que las políticas destinadas a las personas con discapacidad deben constituir una responsabilidad del Estado y mantener su continuidad más allá de los cambios de gobierno o de las circunstancias económicas.
"No puede depender de quién gobierna o su orientación política o de una situación económica de un momento determinado", sostuvo.
En esa línea, defendió el reconocimiento de la discapacidad desde una perspectiva de derechos. "Una cuestión de derecho, no de beneficencia", remarcó.
El diputado agradeció especialmente a Herrera Ahuad por haber trasladado al debate parlamentario los reclamos de las organizaciones.
"Le quiero agradecer especialmente también al diputado Herrera Ahuad, que haya sido el puente para que escuchen los reclamos" que contenía la Ley de Emergencia y aquellos planteados por "las organizaciones del colectivo de personas con discapacidad", expresó Valdés.
También reconoció la disposición del oficialismo para escuchar los planteos y destacó la intervención de Laura Rodríguez Machado en la incorporación de las propuestas.
"Y al propio oficialismo, que supo escuchar", agregó.
Al referirse al sentido del acuerdo, Valdés recuperó uno de los principios centrales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vinculado con la participación directa del colectivo en las decisiones que afectan sus vidas.
"Nada sobre nosotros sin nosotros", concluyó.
Nueve votos negativos y cuatro abstenciones
La aprobación reunió 237 votos afirmativos, pero también registró nueve rechazos y cuatro abstenciones de legisladores de la Izquierda.
Entre quienes votaron en contra se encontraron ocho diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria, en sintonía con los cuestionamientos de organizaciones de esa provincia. Los colectivos habían señalado que no fueron convocados al debate y manifestaron desconfianza respecto del cumplimiento de la normativa por parte del Gobierno.
La restante votación negativa correspondió a la exlibertaria mendocina Lourdes Arrieta.
Pese a esas diferencias, el proyecto consiguió el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos sectores de La Libertad Avanza, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Unión por la Patria, Coherencia, la UCR y Argentina Federal.
La amplitud del resultado reflejó el consenso alcanzado después de las modificaciones introducidas durante la sesión, aunque los cuestionamientos de algunos sectores dejaron planteada la necesidad de garantizar la participación de las organizaciones y el cumplimiento efectivo de las disposiciones.
El proyecto pasó al Senado para completar su tratamiento
Con la media sanción de Diputados, la iniciativa continuará su recorrido parlamentario en el Senado de la Nación, donde deberá ser debatida para completar el proceso de aprobación.
El resultado estuvo precedido por una negociación que incorporó demandas sobre el acceso a las pensiones, la continuidad de las prestaciones, la cobertura sanitaria, las garantías durante las auditorías y las obligaciones presupuestarias del sistema.
La aprobación constituye un avance legislativo para el proyecto, pero su sanción definitiva dependerá del tratamiento en la Cámara alta. Allí continuará la discusión sobre el marco normativo destinado a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
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