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El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional, que establece diferentes compensaciones económicas según la edad, la antigüedad y los aportes previsionales de cada trabajador. La medida forma parte de las modificaciones impulsadas por la gestión de Javier Milei en la estructura del Estado.
La decisión fue oficializada este lunes 19 de octubre mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El programa está destinado al personal de planta permanente y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado que desempeñen funciones en jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional Centralizada.
El período de inscripción comenzará el 1 de noviembre y finalizará el 30 de noviembre de 2026, aunque la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos.
Además, el decreto establece que los cargos presupuestarios correspondientes a los trabajadores que acepten el retiro voluntario deberán eliminarse una vez concretada la desvinculación laboral.
Retiro voluntario: quiénes pueden acceder y cuánto cobrarán
El nuevo régimen contempla tres grupos de trabajadores, con diferentes modalidades de compensación económica determinadas por la edad, los años de aportes jubilatorios y la antigüedad en la Administración Pública.
El primer grupo comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que todavía no cuenten con los aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria.
Estos empleados podrán optar entre dos alternativas. La primera consiste en percibir mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, o hasta reunir los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero. Durante ese período se mantendrán los aportes previsionales y las contribuciones correspondientes a la obra social.
La segunda opción contempla una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. El monto también estará limitado por los meses restantes para alcanzar los requisitos jubilatorios.
El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes previsionales.
En estos casos, recibirán una compensación equivalente a un salario bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un límite de 18 remuneraciones y sujeto al tiempo restante para cumplir los requisitos jubilatorios.
A esa suma se agregarán cinco sueldos brutos adicionales, independientemente de los años de antigüedad del trabajador.
Por último, el tercer grupo está integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años.
Para estos empleados, la gratificación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones.
Además, quienes acrediten menos de 15 años de antigüedad en planta permanente recibirán cuatro sueldos adicionales, mientras que aquellos con 15 años o más percibirán cinco remuneraciones extras.
Qué empleados públicos no podrán solicitar el retiro voluntario
El decreto también establece una serie de restricciones para acceder al programa.
Quedarán excluidos los trabajadores procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una resolución judicial absolutoria firme antes del cierre del período de inscripción.
Tampoco podrán adherirse quienes estén sometidos a sumarios administrativos por hechos que puedan derivar en cesantía o exoneración, o por conductas que hayan ocasionado un posible perjuicio fiscal.
La restricción alcanza, además, a empleados que tengan pendientes procedimientos disciplinarios que puedan concluir con su desvinculación.
Los trabajadores que hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por cuestiones laborales tampoco podrán incorporarse, excepto que desistan formalmente de esos procesos. Quedan exceptuados los reclamos vinculados con la Ley de Riesgos del Trabajo.
Asimismo, estarán excluidos quienes hayan iniciado trámites jubilatorios, de retiro por invalidez o de prestaciones por edad avanzada, así como aquellos que ya cumplan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria.
Finalmente, el régimen no estará disponible para empleados que hayan presentado su renuncia y todavía esperen su aceptación, ni para quienes se encuentren o sean colocados en situación de disponibilidad durante su vigencia.
El Gobierno eliminará los cargos de quienes acepten el retiro
Uno de los aspectos establecidos por el decreto es que las dependencias alcanzadas deberán eliminar los cargos presupuestarios de los empleados que se incorporen al régimen, a partir de la fecha en que finalice su relación laboral.
La implementación estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El organismo también tendrá la facultad de dictar las disposiciones complementarias necesarias para aplicar el programa y definir una eventual extensión del período de adhesión.
De esta manera, el Gobierno nacional habilita una nueva instancia de retiros voluntarios en la Administración Pública, con incentivos económicos diferenciados y la eliminación de los puestos presupuestarios correspondientes a quienes abandonen sus funciones.
