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En Misiones, la gestión de envases vacíos de fitosanitarios ha cambiado de manera significativa en los últimos años, aunque los desafíos para lograr un manejo completamente seguro y sustentable siguen presentes. Así lo señaló Mario Alsina, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, en una entrevista concedida al programa Argentina Divina Comedia, emitido por Radio Up.
Alsina explicó que el punto de inflexión llegó en 2016, con la sanción de la Ley 27.279. “Históricamente, los envases siempre se trataron dentro de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. A partir de 2016 se sancionó la Ley 27.279, que fue un gran logro porque descategorizó los envases: dejaron de ser residuos peligrosos para pasar a ser de gestión condicionada”, afirmó.
Además de la ley nacional, Misiones cuenta con la Ley Provincial XVI–144, que regula el uso seguro de fitosanitarios y domisanitarios. “En el caso específico de los fitosanitarios, esta ley incorpora como anexo la Ley Nacional 27.279 para la disposición final de envases. Es decir, el marco legal provincial reconoce y articula la normativa nacional, generando un respaldo jurídico más fuerte para el control y la trazabilidad”, detalló Alsina.
Este cambio, agregó, “permitió que los productores puedan llevar los envases desde su chacra a los centros de acopio transitorios, con destino a disposición final. Fueron muchos años de lucha para conseguirlo”.
El dirigente remarcó que el trabajo técnico y la formación continua son la base para garantizar la seguridad. “Siempre decimos que el riesgo cero no existe. Todo producto tiene un riesgo y, cuando se manipulan estos envases, hay que hacerlo con un equipo de protección mínimo. Eso es lo primero que transmitimos en las capacitaciones a productores y estudiantes de escuelas agrícolas, EFA e institutos agrotécnicos”, subrayó.
Una característica particular de Misiones es que predominan los envases de un litro, algo vinculado a la estructura productiva local, donde las unidades económicas promedio rondan las 25 hectáreas. “Eso explica por qué en las chacras se encuentran tantos envases pequeños. También tenemos normativa provincial que permite el fraccionamiento, pero siempre bajo condiciones estrictas: en envases correctos, etiquetados y con toda la información sobre el producto. No se acepta, por ejemplo, una botella de gaseosa o una bolsa plástica para fraccionar”, detalló Alsina.
La etiqueta, dijo, es clave para el manejo seguro: “En ella está toda la información que necesita el productor, incluso las indicaciones sobre el triple lavado y perforado del envase antes de su disposición final. La falta de identificación es un riesgo grave: si hay un accidente y no se sabe qué producto se manipuló, el tiempo que se pierde en diagnosticar puede costar la vida de una persona o dejar secuelas permanentes”.
La trazabilidad es uno de los puntos más importantes de la normativa vigente. “Hoy la ley exige saber el origen y el destino de cada envase. El SENASA, que es el organismo nacional donde se registran estos productos, ya trabaja con ese sistema. En el futuro, un productor que vaya a comprar un fitosanitario deberá justificar qué hizo con los bidones comprados el año anterior. Todavía no llegamos a ese punto, pero vamos camino a eso”, indicó.
En esa línea, el Colegio de Ingenieros Agrónomos impulsa la implementación de la receta agronómica como herramienta clave para un control más eficiente. “Ya pedimos reuniones con el Ministerio de Ecología para comenzar a trabajar en este tema. Será un paso importante para garantizar la correcta disposición de los envases y fortalecer la trazabilidad”, adelantó.
El tratamiento de productos fitosanitarios vencidos o no utilizados sigue siendo un problema. “Es un tema que se discute hace años con las autoridades nacionales. La disposición de esos productos es muy costosa, porque estamos a más de 1.200 kilómetros de los centros de tratamiento habilitados. Además, el traslado es complejo y caro. Por eso siempre recomendamos comprar solo lo necesario y, si el producto vence, aislarlo e identificarlo claramente”, explicó Alsina en Radio Up.
Actualmente, se trabaja en un programa nacional para resolver esta situación, que afecta no solo a Misiones, sino también a provincias como Corrientes y Chaco.
En relación con los bioinsumos, Alsina precisó que “los bioinsecticidas pueden ir a los centros de acopio para su disposición final, pero los fertilizantes y otros insumos envasados en bolsas —conocidas como vejigas— deberán tener un tratamiento específico. Las empresas que los producen deberán buscar mecanismos para evitar que esos pasivos queden en las chacras de los productores”.
También recordó las modificaciones recientes a la normativa sobre productos banda amarilla y banda roja. “Hoy, los banda amarilla pueden usarse si no hay un producto de reemplazo efectivo. Los banda roja están habilitados solo para procesos de exportación que requieran tratamientos cuarentenarios, siempre bajo la supervisión de un ingeniero agrónomo y el SENASA. Los envases utilizados en estos casos —generalmente garrafas de aluminio— deben ir a disposición final inmediatamente después de su uso”.
Para Alsina, la clave está en el compromiso colectivo: “tenemos herramientas para que las chacras sean más sustentables y seguras. El desafío es que productores, municipios, cooperativas y profesionales trabajemos juntos. Hoy ya no hay excusas: existen centros de acopio y la entrega es gratuita. Lo que falta es seguir fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de entregar correctamente los envases vacíos de fitosanitarios”.
