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El 23 de marzo de 2025 venció la última moratoria previsional vigente, y con ella, el acceso al derecho jubilatorio quedó truncado para miles de personas. A partir de ahora, solo quienes tengan 30 años de aportes comprobables podrán iniciar el trámite jubilatorio, dejando afuera al 60% de los adultos mayores en edad de retirarse.
Los números son contundentes: de las 403.066 personas que cumplen la edad para jubilarse este año, más de 241.000 no podrán hacerlo por no contar con los aportes requeridos. La moratoria previsional permitía comprar años de aportes no registrados, una herramienta fundamental en un país donde más de la mitad del empleo es informal, según datos del INDEC.
La situación afecta especialmente a las mujeres, quienes en muchos casos acumulan trayectorias laborales discontínuas o informales. De hecho, 7 de cada 10 mujeres que llegaron a la edad jubilatoria este año no podrán acceder al beneficio. Y tanto ellas como los varones sin aportes suficientes terminarán cobrando la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que es apenas el 80% de la mínima, sin derecho a pensión ni reconocimiento de aportes reales.
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La moratoria no era un “regalo populista”, como insiste el discurso oficial, sino un reconocimiento parcial de una realidad estructural: millones de personas trabajaron, pero lo hicieron en condiciones precarias, sin que sus empleadores aportaran. Esa informalidad, muchas veces involuntaria, no puede ser ahora motivo de castigo.
El impacto no es menor: en 2024, el 75% de las jubilaciones otorgadas por ANSES fueron gracias a moratorias. Sin ese régimen, el sistema previsional perderá cobertura y legitimidad. Mientras tanto, el Congreso avanzó con media sanción para restituir la moratoria y la movilidad jubilatoria. Pero el presidente Javier Milei ya adelantó su decisión: “Vetaremos cualquier cosa que atente contra el déficit cero”, escribió en redes.
