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La crisis de la yerba mate llegó nuevamente a la Legislatura de Misiones. Con productores y trabajadores rurales presentes, la diputada provincial Arabela Soler presentó un proyecto de ley que propone declarar por un año la Emergencia Yerbatera y otorgar al Ejecutivo provincial herramientas para intervenir frente a una problemática que los distintos sectores coinciden en ubicar en el centro de la crisis: el precio de la materia prima.
Durante la presentación, Radio Up recogió las declaraciones de Soler; del presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand; y de Darío Pereira, referente de la Asociación Tareferos y Obreros Rurales Zona Centro.
Aunque desde lugares diferentes de la cadena productiva, los tres plantearon una preocupación común: el deterioro de los ingresos está alcanzando tanto a quienes producen la hoja verde como a las familias que dependen de la cosecha.
Soler: “El mayor problema tiene que ver con un mercado que derrumbó el precio”
Soler explicó que la intención del proyecto es construir una herramienta provincial que permita actuar ante el escenario generado después de los cambios en las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Sabemos que el mayor problema que tenemos tiene que ver con un mercado que derrumbó el precio”, afirmó la legisladora.
Según explicó, el esquema anterior permitía que el INYM tuviera una intervención sobre la determinación del precio de la materia prima, mientras que la pérdida de esas facultades dejó al sector ante un escenario completamente diferente. “Se establecía el precio. Eso trajo el problema y detectamos que el mayor problema, y el único problema, tiene que ver con el precio de la hoja verde”, señaló.
Frente a esa situación, Soler planteó la necesidad de dotar al Ejecutivo provincial de herramientas para intervenir, aunque aclaró que la construcción jurídica deberá realizarse teniendo en cuenta los límites constitucionales existentes en materia de fijación de precios.
Una intervención que no sea rígida
La diputada aclaró que la propuesta no parte necesariamente de establecer un precio rígido e invariable. Después de más de dos años de crisis, sostuvo, será necesario encontrar un mecanismo que incorpore a los distintos sectores y especialistas. “Entendemos que también un precio rígido, obligatorio y poco flexible no es la salida después de ya dos años”, manifestó.
Por esa razón, destacó que será necesaria “la participación de muchos actores que componen la cadena yerbatera y gente especializada”.
La legisladora también pidió evitar decisiones que, aun cuando busquen resolver la coyuntura, puedan provocar consecuencias difíciles de revertir sobre el mercado a largo plazo. En ese sentido, mencionó como ejemplo el riesgo de generar condiciones que terminen fomentando las yerbas compuestas. “Si uno se pone muy rígido también en un modelo como este, no creemos que sea la solución”, indicó.
El objetivo, resumió, es que el Gobierno de Misiones pueda disponer de las herramientas necesarias para tomar medidas. En caso de aprobarse la iniciativa, la reglamentación de la norma tendrá un papel central para definir el alcance concreto de esos instrumentos.
Hugo Sand: “Necesitamos un marco legal donde poder discutir y trabajar”
Desde APAM, Hugo Sand sostuvo que la declaración de emergencia debe permitir construir un ámbito legal para intervenir durante la crisis. “Básicamente es un proyecto de ley donde solicitamos la emergencia yerbatera”, explicó.
El dirigente aseguró que el tema también fue conversado con el gobernador Hugo Passalacqua y remarcó que los productores necesitan “un marco legal en donde poder discutir, donde poder trabajar, donde poder desarrollar nuestra actividad”.
Para Sand, una de las cuestiones fundamentales continúa siendo la determinación de un valor de referencia para la materia prima. “Es fundamental que tengamos un precio, un precio por ley, que la industria cumpla con ese valor”, reclamó.
Pero agregó una condición: ese valor debe ser suficiente para sostener económicamente una chacra. “Ese precio debe contemplar los costos laborales, previsionales y un margen de utilidad para el productor. Si no, no tiene sentido”, afirmó.
APAM insiste con recuperar las facultades del INYM
Sand dejó en claro que la propuesta provincial es concebida por APAM como una respuesta frente a la coyuntura y no como un reemplazo definitivo del Instituto Nacional de la Yerba Mate. “Nosotros no resignamos rescatar, el día que Milei deje de ser gobierno, el Instituto Nacional de la Yerba Mate”, manifestó.
A su entender, el organismo demostró durante las últimas dos décadas que podía generar beneficios para los diferentes sectores cuando funcionaba adecuadamente. “Mientras tanto necesitamos un marco legal”, insistió, y reclamó al Gobierno provincial que contemple la posibilidad de avanzar con la emergencia yerbatera.
La advertencia por la venta de chacras
Uno de los planteos más fuertes de Sand estuvo relacionado con las consecuencias patrimoniales y sociales que comienza a generar la crisis. Según afirmó, existen productores que ya estarían comenzando a desprenderse de sus propiedades debido a las dificultades económicas. “Vemos con preocupación que productores ya están comenzando a malvender sus tierras”, advirtió.
Y lanzó un mensaje dirigido directamente a las familias rurales: “La chacra no se vende, la chacra es patria y hay que resistir”.
El dirigente vinculó además la crisis de los productores con la situación de los trabajadores rurales y sostuvo que algunos misioneros están viajando a Brasil en búsqueda de oportunidades laborales. Sand también volvió a reclamar una definición judicial respecto del DNU 70/2023, particularmente sobre las disposiciones que modificaron el funcionamiento del mercado yerbatero.
Sand calcula una pérdida de $200.000 millones anuales para el sector primario
Para dimensionar el impacto económico, el presidente de APAM comparó los valores recibidos por los productores durante los últimos años.
Según los números proporcionados por Sand a Radio Up, en el invierno de 2023 la hoja verde llegó a comercializarse a $400 por kilogramo. Posteriormente mencionó valores cercanos a los $180 y sostuvo que, hacia el final de la tercera campaña, el precio ronda los $280.
A partir de esos números realizó una estimación propia sobre el dinero que, según APAM, dejó de ingresar al sector. “Si nosotros decimos que dejamos de percibir 200 pesos por kilo y multiplicamos por los casi 1.000 millones de kilos que se cosechan anualmente, son 200.000 millones de pesos por año que no ingresan al sector bajo de la economía de Misiones”, calculó.
Se trata de una estimación planteada por el dirigente sobre la base de esos valores y volúmenes, y no de una cifra oficial presentada durante la entrevista.
Para Sand, el deterioro alcanzó una dimensión que supera ampliamente una discusión estrictamente comercial. “Esto ya dejó de ser un problema netamente económico, es un problema social, es un problema humanitario”, aseguró.
El reclamo tarefero: “Con 50 no alcanza”
La tercera mirada durante la presentación provino de quienes están en uno de los eslabones más vulnerables de la cadena. Darío Pereira, de la Asociación Tareferos y Obreros Rurales Zona Centro, acompañó la presentación del proyecto y describió las dificultades que atraviesan las familias que viven de la cosecha.
De acuerdo con Pereira, actualmente el valor que reciben los tareferos se ubica en $50, mientras que reclamó llevarlo a $80. “No alcanza para estar con ese precio que está pagando la yerba, que es 50. El precio justo es 80”, afirmó.
Según explicó, el bajo valor recibido por el productor también termina trasladándose hacia el trabajador: “Los productores no pagan tampoco el precio justo. Los tareferos sufren con el precio que está ahora”.
“Tenemos familia y no podemos dejarla para ir a Brasil”
Consultado sobre la posibilidad de trasladarse temporalmente a Brasil para conseguir empleo, Pereira planteó otra realidad: no todas las familias pueden hacerlo. “Para ir a Brasil no podemos porque tenemos familia y no podemos dejar la familia para ir a Brasil a trabajar”, respondió.
Por eso reclamó resolver la situación dentro de Misiones: “Tenemos que regular el precio y seguir acá peleando por el precio de la yerba”. Pereira también llamó a los trabajadores rurales a involucrarse en el reclamo y pidió mayor acompañamiento social hacia los tareferos. “Que nos apoyen más, los tareferos que salgan más y que no tengan miedo a salir a protestar”, expresó.
Un mensaje a Milei desde la tarefa
El trabajador rural dirigió finalmente un reclamo al presidente Javier Milei y lo invitó a conocer personalmente las condiciones en las que se desarrolla la cosecha de yerba mate. “Si pudiera hablar frente a frente con un tipo así, demostrarle cómo un tarefero sufre en la chacra”, señaló Pereira.
Incluso planteó que el mandatario debería acercarse al territorio para observar directamente las condiciones laborales: “Que venga a sufrir como sufre un tarefero y demostrar cómo se sufre”.
Las palabras de Pereira incorporaron así a la discusión legislativa una dimensión que excede el precio de la hoja verde: el ingreso que finalmente reciben quienes realizan la cosecha y la capacidad de esas familias para permanecer en Misiones sin tener que buscar empleo fuera de la provincia.
Una emergencia por un año frente a una crisis que atraviesa toda la cadena
La presentación del proyecto reúne reclamos diferentes, aunque atravesados por una misma discusión.
Para Soler, el desafío consiste en otorgar al Gobierno provincial herramientas legales que permitan intervenir sin construir un esquema excesivamente rígido. Para Sand, la emergencia debe garantizar un marco donde pueda discutirse un precio que cubra costos y otorgue rentabilidad al productor. Y para Pereira, cualquier solución deberá alcanzar también al último eslabón de la cadena: los trabajadores que ingresan diariamente a las chacras para levantar la cosecha.
La iniciativa inicia ahora su recorrido legislativo con la propuesta de establecer durante un año un régimen de emergencia para el sector yerbatero misionero, en momentos en que productores y tareferos advierten que la discusión por el precio ya tiene consecuencias económicas, laborales y sociales.
La cuestión de fondo que buscará responder la Legislatura será hasta dónde puede avanzar Misiones, dentro de sus competencias provinciales, para amortiguar los efectos de un mercado que dejó de contar con el esquema regulatorio que tuvo durante años a través del INYM.
