Luego de haber superado una de las semanas más complejas y complicadas desde que asumiera la presidencia Javier Milei, el presidente tuvo que enfrentar una “marcha federal universitaria”, en la que las distintas casas de altos estudios representadas en primera instancia por sus propios rectores protestaron pública e incisivamente por una ampliación presupuestaria para las instituciones para el 2024. Y si bien, como reconociera públicamente el libertario, “El reclamo puede ser genuino, fue construido sobre una mentira”.
Más allá de la marcha que convocó algo más de 1 millón de personas en distintos puntos del país y que integraron diversos sectores sociales, todo ellos coincidiendo en exigirle al Poder Ejecutivo Nacional una mayor partida presupuestaria para las universidades públicas durante el 2024, cabe destacar que los dirigentes políticos opositores confesos al gobierno de Milei, han encontrado la oportunidad, o el oportunismo para incorporarse a la protesta, pero como dice aquella vieja frase: Lo que no te suma, resta”.
Claramente las autoridades de las universidades han pecado de ingenuos o de militantes activos de un determinado partido político al permitir que se sumaran a los reclamos dirigentes políticos que solo representan interés político partidarios y que poco les ha importado la educación de los argentinos durante los años que les tocó gobernar el país, así lo indican los números, donde gráficamente se devela que los recortes presupuestario en las universidades comenzaron hace varios años atrás, pero el silencio cómplice de una gran mayoría de los rectores de las universidades públicas demuestra la simpatía o desprecio que tienen por un determinado partido o ideología política.
Esto último se puede explicitar exponiendo hechos y situaciones que llevan a inferir al menos el grado de hipocresía o selectividad que reina en la mente de muchos, que tal parece han sufrido amnesia. Si bien la educación nunca debe ser vista y entendida como un gasto, y que todo recorte presupuestario que pueda existir sobre la misma debe ser expuesto y reclamado en tiempo y forma.
Por tal motivo, ¿no sería más sensato que los rectores de universidades públicas terminen con la hipocresía y reconozcan públicamente que hace varios años les venían recortando el presupuesto a las universidades de todo el país?
Los datos despejan todo tipo de duda y brindan certezas que acallan voces que sólo hacen ruido para evitar rendir cuentas detalladamente de los gastos exóticos y exagerados internos en las casas de altos estudios.
Por eso mismo, es la claridad de la evidencia lo que nos indica cuánto podemos o no confiar en un reclamo que por más genuino que sea, también esclarece la apropiación que han hecho de las instituciones, el rol y la función que ciertas autoridades universitarias “ juegan” a favor o en contra de una bandera o partido político determinado.
Por eso mismo, en el gran pasillo de las sobras que en teoría pretende encontrar la luz y la salida ante el recorte presupuestario, en realidad lo que subyace es blanquear el juego de la política partidaria dentro del mundo universitario.
Para comprender el contexto de reclamo selectivo hay que comprender que el proceso de recorte presupuestario en universidades públicas se viene registrando desde el 2018, donde por ejemplo la Universidad de Buenos Aires ( UBA) contaba con casi 900 millones de dólares de presupuesto y terminó el mandato del ex presidente Alberto Fernández con apenas un tercio de ese monto.
Mientras que durante el 2022, también durante el gobierno kirchnerista, el presupuesto universitario nacional era de 521 mil millones de pesos. Y en el 2023 fue de 752 mil millones de pesos, pero con una inflación anual que terminó en 211 por ciento. Es decir que el presupuesto perdió casi un 30 por ciento el año pasado. Lo que manifiesta esto es que la educación, o mejor dicho, los reclamos de varios rectores de las más de 60 universidades de gestión pública que tiene Argentina, se producen según quien gobierne el país.
Esta situación que los expone con cierta selectividad, no desacredita el reclamo, pero manifiesta la pasividad, comodidad y hasta podría decirse la complicidad que tuvieron con gobiernos anteriores a los que le permitieron que aplicaran todo tipo de recortes presupuestarios.
Las autoridades universitarias en la actualidad se presentan como defensores del presupuesto, dejaron pasar el ajuste de Macri y a Massa el congelamiento de los gastos de funcionamiento desde 2022.
Ahora bien, ¿No deberían presentarse como los grandes cómplices del deterioro y del recorte presupuestario?
