El seguro de desempleo registró un incremento interanual del 29,4% en las nuevas altas durante los primeros nueve meses de 2026, en un contexto de retroceso del empleo registrado y dificultades para sostener los ingresos de los trabajadores. Según datos oficiales, 145.004 personas comenzaron a percibir la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social entre enero y septiembre, frente a las 112.056 incorporaciones contabilizadas durante el mismo período de 2025.
La evolución del beneficio se produce en paralelo con el deterioro de distintos indicadores laborales. La pérdida de puestos formales en actividades relevantes de la economía, sumada al avance de la informalidad, configura un escenario de mayor vulnerabilidad para quienes pierden su fuente de ingresos.
En septiembre, 127.613 personas cobraron la prestación. Aunque el monto promedio aumentó respecto del año anterior, la actualización quedó por debajo de la inflación interanual, lo que redujo su capacidad para cubrir los gastos cotidianos.
Buenos Aires concentró las nuevas prestaciones
La distribución sectorial de las altas muestra una mayor concentración en actividades que tienen un peso significativo en el mercado laboral argentino. La industria encabezó la lista, con 35.922 incorporaciones al sistema, seguida por el comercio, con 32.928, y la construcción, con 21.663.
En conjunto, estos tres sectores sumaron 90.513 altas durante los primeros nueve meses del año. El dato refleja la cantidad de trabajadores que comenzaron a recibir la cobertura por desempleo, aunque no representa el total de despidos ocurridos en esas actividades ni en el conjunto de la economía.
La evolución de las prestaciones constituye un indicador relevante para observar las dificultades que atraviesan los trabajadores que pierden su empleo formal. Sin embargo, su alcance debe analizarse junto con otros registros laborales, debido a que no todas las desvinculaciones reúnen las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

El monto promedio subió 18,7%, por debajo de la inflación
Durante septiembre, el monto promedio de la prestación por desempleo alcanzó los $325.368. Un año antes, el ingreso medio se ubicaba en $274.324, por lo que la variación interanual fue del 18,7%.
El incremento quedó por debajo de la inflación interanual del 33,4% registrada para el mismo período. Esta diferencia evidencia una pérdida del poder adquisitivo del beneficio, dado que los ingresos aumentaron a un ritmo inferior al de los precios.
La evolución afecta la capacidad de los beneficiarios para sostener sus gastos mientras buscan una nueva ocupación. En un contexto de dificultades para reincorporarse al mercado laboral formal, la distancia entre los ajustes nominales y la inflación adquiere relevancia para evaluar el alcance económico de la cobertura.
Los registros correspondientes a septiembre muestran que 86.288 varones y 41.325 mujeres percibieron la prestación por desempleo. La distribución territorial también presentó diferencias significativas entre las jurisdicciones.
La provincia de Buenos Aires encabezó el registro, con 54.936 beneficiarios. A continuación se ubicaron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029.
La concentración en los principales distritos del país debe interpretarse teniendo en cuenta sus dimensiones poblacionales y la cantidad de trabajadores que participan del mercado laboral. Para establecer diferencias en la incidencia del desempleo entre provincias, resulta necesario complementar los números absolutos con indicadores relativos y tasas de desocupación.
En cuanto a la evolución anual de las altas, durante 2024 se contabilizaron 174.335 incorporaciones al sistema y en 2025 fueron 153.847. Entre enero y septiembre de 2026, el total llegó a 145.004.
Al sumar esos períodos, se acumulan 473.186 altas. Como referencia, en 2023 se habían registrado 108.942 y en 2022, 86.268. No obstante, la comparación debe considerar que el registro de 2026 todavía comprende nueve meses y no incluye el cierre del año.
La desocupación llegó al 7,9% y la informalidad alcanzó el 45%
El aumento de las altas del seguro de desempleo coincide con un deterioro de los indicadores generales del mercado laboral. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,9%, mientras que la informalidad laboral llegó al 45%.
De acuerdo con las estimaciones difundidas a partir de esas estadísticas, la cantidad de personas desocupadas alcanzó los 1,8 millones. La tasa de desempleo llegó así a su nivel más alto desde 2021, mientras que la informalidad registró un incremento respecto del 43,2% informado un año antes.
En paralelo, la proporción de empleo formal descendió del 56,6% al 54,9%. Los datos reflejan una transformación en la composición del mercado laboral, en la que la reducción del empleo registrado convive con el crecimiento de ocupaciones sin las condiciones de protección asociadas a una relación laboral formal.
El escenario también incluye a los trabajadores que tienen una ocupación, pero buscan sumar horas o conseguir otro empleo para mejorar sus ingresos. La proporción de ocupados demandantes se ubicó en torno al 16,9%, un nivel similar al observado en 2025 y en 2021.

El avance del trabajo informal y el cuentapropismo
La suba de la informalidad está vinculada con la caída del empleo registrado y el crecimiento de modalidades de inserción laboral con menor protección. Entre ellas se encuentra el trabajo por cuenta propia, que reúne actividades con condiciones de contratación, ingresos y acceso a la seguridad social diferentes de las del empleo asalariado formal.
Los datos citados por especialistas señalan que la informalidad entre los trabajadores cuentapropistas alcanza el 65,8%. Este indicador permite dimensionar las dificultades que enfrenta una parte de la población ocupada para acceder a condiciones laborales estables y a las coberturas asociadas al empleo registrado.
La expansión de estas modalidades también plantea desafíos para la protección social. Cuando una persona pierde un empleo formal y no logra reincorporarse a una ocupación con condiciones equivalentes, puede quedar expuesta a ingresos más variables y a una menor cobertura frente a contingencias laborales.
En este contexto, la evolución del seguro de desempleo y las estadísticas de informalidad ofrecen dos perspectivas complementarias: por un lado, la cantidad de trabajadores que acceden a una prestación tras perder su empleo; por otro, las dificultades estructurales para sostener o recuperar una inserción laboral formal.
Las diferencias regionales en los niveles de desocupación
La tasa de desempleo también presenta diferencias entre las regiones del país. Según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026, la región Pampeana registró una desocupación del 9,7%, con valores destacados en los principales aglomerados urbanos.
Gran Rosario alcanzó una tasa del 11,5%, mientras que Gran Córdoba registró el 10,5%. En el Gran Buenos Aires, el indicador llegó al 8,2%, con una tasa del 8,8% en los partidos del conurbano bonaerense.
En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una desocupación del 5,6%. Estas diferencias muestran que el deterioro del mercado laboral no se distribuye de manera uniforme y que las condiciones de acceso al empleo varían según el territorio.
Para interpretar estos indicadores, es importante distinguir entre las tasas de desocupación y la cantidad de personas que reciben el seguro. Mientras la primera mide la proporción de personas desocupadas dentro de la población económicamente activa, las altas de la prestación contabilizan nuevas incorporaciones a un sistema que tiene requisitos específicos de acceso.

Quiénes pueden acceder al seguro de desempleo
La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la normativa correspondiente que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad, como un despido sin justa causa o la finalización de un contrato laboral.
En términos generales, se exige acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación. Sin embargo, existen requisitos particulares para determinadas categorías de trabajadores, como los eventuales y los de temporada.
La duración de la cobertura puede alcanzar los 12 meses y, para las personas mayores de 45 años, puede extenderse por seis meses adicionales, de acuerdo con las condiciones aplicables. El esquema de pagos es decreciente: contempla el 100% durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo y el 70% entre el noveno y el duodécimo, dentro de los límites establecidos.
Durante el período de cobertura, los beneficiarios mantienen la obra social, las asignaciones familiares y el cómputo del período para la jubilación, conforme a las condiciones del régimen.
El aumento de las altas durante 2026, junto con la pérdida de poder adquisitivo del monto promedio y el avance de la informalidad, pone de relieve las dificultades que enfrenta una parte de los trabajadores argentinos. La evolución de los próximos meses permitirá observar si la demanda de esta cobertura continúa creciendo y cómo se comportan los principales indicadores de empleo hacia el cierre del año.
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