Flavio Marino Morchio reemplaza como Procurador General de la Provincia al renunciado Miguel Ángel Piñero desde la semana pasada y ni bien asumió al frente de los fiscales misioneros, resolvió que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones puede resolver sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma que prohíbe el uso de agroquímicos en Misiones.
Para reemplazar de manera interina al Procurador de la provincia, el gobierno renovador ubicó al abogado Flavio Marino Morchio, el sobrino del gobernador Hugo Passalacqua, dado que la madre del gobernador era hermana del padre del Procurador General suplente. El dato no es menor si se toma en cuenta que uno de los primeros dictámenes que firmó Marino Morchio fue el vinculado a un expediente sensible para la provincia: el planteo de inconstitucionalidad contra dos artículos de la ley de Bioinsumos, que prohíbe el uso de agroquímicos como el glifosato –y otros–, una medida que entrará en plena vigencia en julio del año entrante.
Marino Morchio reemplazó a Miguel Ángel Piñero (79), quien ejercía al frente de la Procuración desde hace 33 años y presentó su renuncia –bajo condición de poder acceder a la jubilación– a principios de mayo y el gobernador Passalacqua se la aceptó el pasado 3 de mayo, a través del decreto 810/24.
En los últimos días se filtró que se podría otorgar al titular del Ministerio Público de la provincia una jubilación por invalidez, a causa de una enfermedad crónica que estaría afectándolo desde hace varios meses. Piñero estaba de licencia y estaba siendo subrogado interinamente por el fiscal de la Cámara en lo Civil y Comercial, Marino Morchio, producto del sorteo que establece el Artículo 106 de la Ley IV – Nº 15 “Orgánica del Poder Judicial” (antes Decreto Ley 1550/82).
La semana pasada, el sobrino del gobernador consideró que el Superior Tribunal de Justicia de Misiones puede dictaminar sobre la inconstitucionalidad o no de los artículos 5 y 7 de la cuestionada norma, en el marco de una demanda colectiva impulsada por unos 80 productores misioneros.
El Superior Tribunal de Justicia puede definir sobre la cuestión de fondo
A partir de ahora, el STJ definirá si la provincia está violando la competencia del SENASA, el organismo federal que define qué sustancias están aprobadas para la producción agropecuaria. Y si corresponde que el gobernador delegue en su ministro del Agro, la reglamentación de la norma, algo expresamente prohibido por la Constitución.
Como es de público conocimiento, en los últimos 20 años, el STJ jamás falló en contra de la provincia en ningún expediente judicial. De lo que puede deducirse que la resolución del procurador Marino Morchio favorece a la provincia y a la empresa AgroSustentable –único productor en Misiones de los llamados “bioinsumos” que la provincia pretende que reemplacen al glifosato–, que son los principales actores interesados en la prohibición.
Según Marino Morchio “resulta evidente que se verifican todos los extremos legales exigidos por el Código de rito y leyes vigentes, para habilitar la instancia y la competencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, para entender en las presentes actuaciones”, en el marco del dictamen judicial N° 52/2024, referido a la causa “Expte. Nº 112095/2023 Anderson Jonatan Gabriel y otros c/Estado de la provincia de Misiones”.
Ahora, los jueces Rosana Venchiarutti (presidente del STJ), Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva, van a definir sobre el planteo de inconstitucionalidad. Al contrario de lo que se sostuvo en un diario matutino posadeño, el Superior dispone de 90 días para definir sobre la cuestión y no 30 días hábiles.
El problema de los plazos de la justicia misionera
Según explicó a este medio, Fernando Acosta, el abogado que representa a los productores en el planteo de inconstitucionalidad, el STJ podrá fallar sobre el caso una vez que el fiscal de Estado, Fidel Duarte, presente los argumentos de la provincia a favor de la constitucionalidad de los artículos 5 y 7 cuestionados. El histórico fiscal vinculado a la Renovación, tiene 30 días hábiles (45 días corridos) para definir el texto de la defensa. En total, se trata de un plazo de 120 días hábiles, es decir, unos 180 días corridos. Es decir, dentro de seis meses.
Este tema vinculado a los plazos, complica a la producción porque las inversiones en insumos y herbicidas, entre otros, debe concretarse varios meses antes de la cosecha. Y tal como está redactada la ley que se aprobó en la legislatura en 2023, a partir de julio quedará prohibido el uso del glifosato y otros herbicidas y fertilizantes químicos en Misiones.
De hecho, toda demora en la definición de lo que se puede y no se puede emplear en la producción agrícola misionera, favorece a la imposición de los bioinsumos producidos por AgroSustentable, una empresa claramente vinculada a la cúpula del partido que gobierna Misiones. Es que ya se están usando en varias chacras misioneras, a pesar de no contar con la aprobación de la FDA (Food and Drugs Administration, “Administración de Alimentos y Medicamentos”) norteamericana, siendo Estados Unidos el principal importador de la producción tealera de Misiones.
Habitualmente, los medios de prensa oficiales de la provincia, y en particular el canal estatal, difunden la adopción de los “bioinsumos” en las chacras, a través de “micros informativos”. Con esto se busca incidir en la decisión de los colonos, en un contexto en el que, aparentemente, el gobierno provincial busca imponer casi con fórceps el uso de los bioinsumos de AgroSustentable.
Asimismo, no está probado que los bioinsumos sean completamente inocuos para el consumo humano: por un lado, no hay ningún informe oficial del SENASA recomendando la adopción de los productos de AgroSustentable –los propios productores señalaron que serían los primeros en adoptarlos si se prueba que son seguros y efectivos–; por otro lado, la FDA norteamericana se toma como mínimo dos años de pruebas para permitir el uso de un producto nuevo en agricultura. A la fecha, la provincia no demostró que se iniciara el proceso de aprobación de los bioinsumos ante la FDA.
