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El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, firmó el 31 de diciembre de 2025 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley de inteligencia y reconfigura el sistema desde su núcleo: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) pasa a tener más poder, nuevas funciones y la facultad de detener personas en casos de flagrancia o por orden judicial durante tareas operativas. La medida se aplicará en todo el país una vez que ingrese formalmente al Boletín Oficial, y es presentada por el Ejecutivo como una estrategia para agilizar investigaciones, mejorar el intercambio de información y “proteger la seguridad nacional”.
La reforma implica un cambio estructural sin precedentes recientes. Con el nuevo decreto, la SIDE queda posicionada como órgano rector del espionaje estatal, con acceso prioritario a datos estratégicos y la capacidad de exigir información a cualquier dependencia del Estado. A la par, se rediseñan entes claves: la Agencia de Seguridad Nacional se transforma en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, y la División de Asuntos Internos será reemplazada por una Inspectoría General de Inteligencia con funciones ampliadas de control interno.
Uno de los ejes centrales del DNU es el avance sobre la ciberdefensa y la vigilancia digital, con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Este organismo concentrará el monitoreo de amenazas informáticas, la protección de infraestructuras críticas y el manejo de incidentes tecnológicos que comprometan información sensible del Estado.
El decreto también incorpora un nuevo andamiaje de coordinación. Se conformará una Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por sectores militares, fuerzas de seguridad y organismos técnicos, mientras que una Comunidad Informativa Nacional articulará con ministerios y entes civiles para alimentar la red de datos estratégicos requerida por el Ejecutivo.
Según la letra del decreto, la posibilidad de que agentes de inteligencia aprehendan personas no busca reemplazar el rol policial, pero sí intervenir ante situaciones urgentes vinculadas a operaciones activas. En todos los casos, se deberá notificar inmediatamente a las fuerzas de seguridad o al juzgado competente, aunque el anuncio ya genera interrogantes sobre límites legales, control institucional y riesgos democráticos.
Con el nuevo esquema, se abrirá una fase de reasignación de personal, bienes y competencias, con un período de transición que podría extenderse durante los primeros meses del año. Lo que aún no está claro es cómo reaccionará el Congreso, donde parte de la oposición anticipa que podría judicializar el decreto y cuestionar la utilización del DNU en una materia considerada delicada y reservada para debate parlamentario.
