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El Gobierno, a través del Ministerio de Economía calcula que el paro general convocado por la CGT para este jueves podría provocar pérdidas por USD 575 millones, aunque la cifra final dependerá del nivel de adhesión a la medida de fuerza. Según proyecciones oficiales, el cálculo se realizó considerando un acatamiento promedio de entre 30% y 50%, con variaciones según cada sector de la actividad económica.
Fuentes de Economía indicaron que la estimación surge de modelos sectoriales de impacto, que evalúan la incidencia del freno de actividades productivas, comerciales y de servicios. En este escenario, el paro se perfila como uno de los más costosos de los últimos años, aunque proporcionalmente inferior a huelgas previas con mayor nivel de participación.
La medida impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) se enmarca en el rechazo sindical a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo. La central obrera también vinculó la protesta con el cierre de la fábrica FATE, al que presentó como símbolo de la crisis industrial. En su comunicado, la CGT responsabilizó al Gobierno por la situación y advirtió sobre un deterioro del empleo y la producción.
Desde el oficialismo, en tanto, remarcaron que el impacto económico está directamente atado al funcionamiento del transporte público, considerado un factor determinante en este tipo de protestas. La eventual ausencia de colectivos aparece como el principal elemento de preocupación para los equipos técnicos.
Antecedentes recientes muestran la sensibilidad de la actividad frente a estas medidas. Según datos del Instituto de Economía de la UADE, el paro del 9 de mayo de 2024 generó pérdidas por USD 544 millones, mientras que la huelga del 10 de abril de 2025 tuvo un costo estimado de USD 194 millones, en gran parte amortiguado por el funcionamiento normal del transporte urbano.
Especialistas advierten que la movilidad resulta clave para mitigar el impacto económico. Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, sostuvo que un paro general sin transporte suele ubicarse entre USD 500 y USD 600 millones en pérdidas, lo que coincide con la proyección difundida por el Gobierno.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene la presión sobre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), al recordar que se encuentra vigente la conciliación obligatoria. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que, de adherir al paro, el gremio podría enfrentar sanciones legales, incluida la posible pérdida de la personería jurídica.
El escenario actual combina tensión sindical, incertidumbre política y preocupación económica. Mientras la CGT insiste en que el cierre de FATE constituye una señal de alarma para la industria, el Gobierno ratifica su intención de avanzar con la reforma laboral.
