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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), denunció al titular de Tabacalera Sarandí y llamado "rey del tabaco", Pablo Otero, por presunto lavado de dinero. Fue Felicitas Achábal, jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, la que reveló que Tabacalera Sarandí SA “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.
“Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”, detalló la denuncia dada a conocer por Infobae, que tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.
El modus operandi
Sobre el modus operandi que identificaron para Tabacalera Sarandí, la denuncia penal describió que la empresa fabrica y comercializa las marcas de cigarrillos Red Point, West, Kiel y Master. La cadena de comercialización de los productos fabricados está integrada por diferentes etapas.
En la primera etapa vende los cigarrillos a contribuyentes mayoristas y, por estas operaciones, emite facturas Tipo A. Las características intrínsecas de este tipo de comprobante que se emite, permite conocer quién es el adquiriente del producto. En esta etapa, la comercialización está concentrada porque el producto se traslada desde el fabricante hasta el mayorista.
En la segunda etapa, los contribuyentes mayoristas venden los productos mencionados a sujetos responsables de puntos de venta minorista. Es el momento en que la comercialización se atomiza “porque los contribuyentes mayoristas son los encargados de distribuir geográficamente el producto”.
En la tercera y última etapa, los distribuidores minoristas comercializan los cigarrillos para que lleguen a los consumidores finales quienes los adquieren en los puntos de venta minorista, como pueden ser los kioscos y los almacenes de barrio.
Según la investigación de ARCA, del análisis del “módulo de facturación electrónica A, “Tabacalera Sarandí emitió comprobantes de venta de cigarrillos a ciertas personas humanas y jurídicas que declaran ante el Estado la actividad de distribuidores mayoristas de cigarrillos”.
De la consulta sistémica, prosigue la denuncia, “se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables contabilizando 23 distribuidores que presentaron inconsistencias y no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, situación que impidió establecer la trazabilidad de los fondos”.
Según la investigación y denuncia de ARCA, la operatoria entre Tabacalera Sarandí S.A. y los 23 distribuidores identificados le permitió a Otero recibir fondos de operaciones de venta por un monto de $33.632 millones de 2021 a 2023 lo que representa “aproximadamente un 31% del total facturado en dichos periodos”.
Cuando Otero denunció a Cacho Bárbaro
Otero es quien denunció al exdiputado nacional por Misiones, Héctor "Cacho Bárbaro, quien organizó en 2022 una manifestación en Buenos Aires contra industrias como la de Otero que estaban perjudicando con sus maniobras al Fondo Especial del Tabaco (FET), beneficiados por amparos judiciales federales que avalaban el no tributo del impuesto a los cigarrillos. El líder del PAyS había contando entonces que Sarandí pasó de tener un 4% del mercado al 35% ya que sin impuestos, vendía más barato.
Recién en 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una medida cautelar que beneficiaba a la Tabacalera Sarandí y quedó obligada a tributar.
Bárbaro aun tiene abierta esa causa judicial en el fuero federal porteño a partir de la presentación del "rey del tabaco".
Con información de Infobae
