En un movimiento que promete sacudir el sector metalúrgico argentino, el gobierno implementó nuevas resoluciones que desregulan la importación de acero. Estas medidas, emanadas del Ministerio de Desregulación bajo la dirección de Federico Sturzenegger, han generado reacciones mixtas en la industria, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Marcelo Bruno, vocero de la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos (CAMIM) y gerente técnico en CAISA, expresó su visión sobre las implicancias de estas resoluciones para el sector.
En diálogo con “El país de la Libertad” de Radio Up 95.5, Bruno explicó: “En nuestra cámara, las empresas son todas PYMES. Nuestro volumen de compras no está en orden como para hacer una importación directa, así que vamos a depender de los distribuidores locales o nacionales”.
Las resoluciones 236 y 237, que modifican los procesos de importación de varios productos, incluyendo el acero, permiten que los certificados internacionales sean suficientes para la entrada de estos productos al país, eliminando la necesidad de un filtro nacional.
En este sentido, Bruno señaló que esto acelerará significativamente la importación directa por parte de grandes compradores: “Por ejemplo, una empresa que fabrica buques fluviales y demás que importan 200 toneladas, va a poder hacerlo en forma directa… con esa barrera va a ser mucho más rápido”.
Para las PYMES, se espera que esta medida reduzca los precios entre un 5% y un 10% en los próximos días, según las estimaciones de CAMIM. “Nosotros esperamos que el precio baje entre un 5 y un 10% de entrada”, afirmó Bruno, resaltando el impacto positivo que esto podría tener en los costos de construcción.
“Eso va a beneficiar a todos los que hagan obras civiles, usan barras de acero para el hormigón armado, para construir todo lo que esté referido a nuestra cámara que tiene que ver con la metalurgia”.
Sin embargo, Bruno también advirtió sobre las posibles consecuencias para las empresas fabricantes nacionales. “Las empresas siderúrgicas argentinas trabajan mucho con chatarra. Así que, bueno, vamos a ver cómo se maneja esto, pero en definitiva son dos políticas de precios que manejan las siderurgias argentinas y que van a competir ahora con importadores directos”, explicó.
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El impacto en el mercado dependerá en gran medida de cómo las empresas respondan a esta nueva dinámica. Bruno subrayó que, aunque la reducción de precios inicialmente afectará a las empresas que compran estos productos, el beneficio eventualmente se trasladará al consumidor final: “La competencia va a estimular que se trasladen los costos desde el distribuidor mayorista hasta el usuario final”.
El cambio en la política de importación también podría abrir la puerta a la llegada de nuevos productos al mercado argentino. “Aleaciones que antes no existían en nuestro mercado, con el tiempo van a empezar a aparecer. Esto no es inmediato, pero ese es el camino”, comentó Bruno, recordando un precedente similar en los años 90, cuando “las chapas de techo venían de Sudáfrica”.
Sin embargo, no todo es positivo. La apertura económica podría desestabilizar a los fabricantes locales que no puedan competir con los precios de los productos importados. Bruno advirtió que si se empiezan a importar productos en grandes cantidades sin un ajuste en los costos internos, “los que fabrican acá van a tener que cerrar, o van a tener que buscar otra alternativa”.
En general, la desregulación de la importación de acero presenta un escenario mixto para la industria metalúrgica en Argentina. Mientras que las PYMES esperan beneficiarse de una reducción en los costos, las empresas fabricantes locales se enfrentan a un desafío considerable en su capacidad para competir con los productos importados.
“La apertura económica o de aranceles está bien que no sea en forma general porque nosotros tenemos todavía un camino largo de acomodamiento de precios relativos”, concluyó Bruno, reflejando la cautela con la que muchos en la industria observan este nuevo cambio.
