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Docentes universitarios de distintas casas de estudio del país convocaron a un paro nacional que comenzará el lunes 16 de marzo, en reclamo por mejoras salariales y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, que en principio se extenderá hasta el 20 de marzo, podría profundizarse si prospera la propuesta de realizar un cese de actividades por tiempo indeterminado.
La iniciativa de extender la protesta fue impulsada por docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través de la Asociación Gremial Docente (AGD), quienes plantearon que el paro continúe hasta que el Gobierno nacional aplique la ley y concrete una recomposición salarial del 51%.
Según explicó Laura Carboni, secretaria general de la AGD-UBA, la decisión final dependerá de lo que resuelva el congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), ya que buscan que la medida tenga alcance nacional.
“Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea para llevar ese mandato al congreso de la federación. La medida de lucha tiene que salir de manera nacional”, señaló la dirigente sindical.
Carboni detalló que, si el congreso no define una medida unificada, los docentes de la UBA iniciarán el paro el 16 de marzo y realizarán una nueva asamblea el día 20 para definir cómo continuará el plan de lucha.
Por el momento, el paro convocado por CONADU Histórica y el gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) está previsto por una semana, con la posibilidad de extender la protesta según lo que resuelvan las asambleas gremiales.
Reclamo por salarios y financiamiento
El conflicto se centra principalmente en el reclamo de una recomposición salarial del 51%, cifra que los gremios docentes calculan a partir de la diferencia entre los aumentos otorgados por el Gobierno nacional y la inflación acumulada.
Desde los sindicatos también cuestionan el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado. Aunque la norma fue vetada por el presidente Javier Milei, posteriormente el Parlamento reafirmó su vigencia.
En ese contexto, Carboni afirmó que el Gobierno propuso una actualización salarial del 12% en tres cuotas, que se extenderían hasta octubre de 2026, lo que —según sostuvo— no reconoce la deuda salarial acumulada.
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“La nueva maniobra del Gobierno para no acatar la ley es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado. Eso es inaceptable”, señaló.
La dirigente también planteó la necesidad de convocar a una marcha federal universitaria antes de que el Congreso trate una eventual modificación de la normativa.
“Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y de la universidad pública”, concluyó.
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