El Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (SEMAB–CEA) presentó una denuncia formal ante el Consejo General de Educación en la que intima a ese organismo “para que se lo condene al pago de un salario acorde a la Ley VI–Nº6”.
En el amparo judicial presentado, el gremio citó el artículo 6 inciso b) del Estatuto Docente, que establece que “son derechos del docente el goce de una remuneración y jubilación justas, cuyos índices serán actualizados anualmente, de acuerdo con las oscilaciones del costo de la vida”. También recordó el artículo 133, según el cual “el valor monetario del índice será actualizado al 1 de noviembre de cada año de acuerdo con las oscilaciones del costo de la vida”, algo que, según acusan, no sucede desde el 2024.
El documento firmado por la secretaria general, Mariana Lescaffette, advierte que “el Gobierno educativo, en particular el CGE en su carácter de máxima autoridad educativa, según lo establecido en el art. 43 de la Constitución Provincial, no ha pagado en el período reclamado, en tiempo y forma, el porcentaje adeudado en cumplimiento del art. 6 inc. b) de la Ley VI–Nº6 (Estatuto Docente)”.
En otro tramo, el sindicato argumenta que “se considera fundamental un incremento al básico sustentable que permita mejorar además el achatamiento de la pirámide, y que permita salir de la línea de pobreza a los maestros con un solo cargo en Misiones”.
El SEMAB–CEA acompaña su reclamo con datos salariales y de inflación. “Teniendo en cuenta que para una familia tipo la canasta básica total en septiembre de 2025 fue de $1.176.852, mientras un maestro de grado cargo testigo solo cobró en septiembre con la mínima antigüedad $630.264, esto configura una pérdida salarial”, recalcan en la denuncia, con copia elevada al Juzgado Laboral de Posadas de turno.

SEMAB-CEA revela una pérdida del salario frente a la inflación
En la denuncia, el gremio comparó los aumentos salariales con la variación del costo de vida: “El básico del mes de noviembre 2023 fue de $61.500,77 y el de octubre 2024 fue de $132.000,77, lo que implica un incremento al básico de 114,6%. Mientras el incremento del costo de vida en ese período fue de un 152,7%, el incremento del salario básico fue solo del 114,6%. Esto a todas luces es probatorio de la pérdida de salario respecto del costo de vida de un 38,1%”.
El escrito remarca que “agotándose la vía administrativa con un trámite finalizado por el CGE por indicaciones recibidas y archivado en Dirección de Gestión Informática desde el 24/06/25”, el gremio recurrió a la instancia laboral “para hacer cesar la vulneración de un derecho de raigambre constitucional como es el derecho a la remuneración justa”.
Finalmente, el sindicato solicita que “se haga efectiva la medida consistente en el pago del salario acorde a la Ley VI–Nº6” y deja constancia de “la reserva del caso constitucional y federal y/o ante la OIT”.

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