//
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. El resultado permitió avanzar al oficialismo, aunque durante el debate debió ceder en uno de los puntos centrales de su propuesta: la derogación de las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Las seis abstenciones de los diputados de Córdoba fueron decisivas para que La Libertad Avanza consiguiera la aprobación. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante la sesión obligarán a que el proyecto regrese al Senado, donde deberá definirse si se acepta el nuevo texto o se insiste con la versión original.
El principal cambio estuvo relacionado con la Ley de Tierras de 2011, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En medio de las negociaciones, el oficialismo decidió priorizar la continuidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y resignó la derogación de las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
De esta manera, con el respaldo de los bloques que rechazaron la eliminación de esa normativa, entre ellos sectores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, se mantuvo vigente la legislación que limita la titularidad extranjera de tierras rurales.
La iniciativa ya había sufrido modificaciones en el Senado, donde se había recortado el capítulo referido al uso de tierras afectadas por incendios. Con los cambios incorporados en Diputados, el proyecto deberá volver a la Cámara Alta para completar su tratamiento legislativo.
Qué cambia en las expropiaciones
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada establece requisitos más estrictos para que el Estado pueda avanzar con la expropiación de bienes privados:
- Exige que exista una declaración de utilidad pública para justificar la expropiación.
- Establece que la indemnización debe pagarse previamente, tomando como referencia el valor de mercado del inmueble.
- Contempla el reconocimiento del lucro cesante, es decir, la compensación por las ganancias que el propietario dejaría de percibir.
Los cuestionamientos a esta parte del proyecto apuntan a que las nuevas exigencias podrían dificultar la ejecución de obras públicas e incrementar los costos para el Estado.
Desalojos: plazos más cortos y restitución de inmuebles
Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación de los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados, proponiendo juicios sumarísimos para agilizar la restitución.
Durante el debate, el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio defendió la medida al sostener que la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres.
Las claves del nuevo esquema de desalojo:
- Para inmuebles destinados a vivienda, el locador deberá intimar fehacientemente al inquilino con un plazo mínimo de 10 días corridos desde la notificación.
- Si el inquilino no regulariza su situación, el juicio de desalojo tendrá un plazo adicional de 10 días hábiles para su tramitación.
- Se contempla la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Si se comprueba engaño del propietario, este podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual.
Leé también: Diputados sesiona con el quórum asegurado y el oficialismo busca imponer su agenda
Protección para personas en situación de vulnerabilidad
El proyecto incluye disposiciones específicas para los casos en que en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
En esas circunstancias, el juez deberá dar intervención a organismos como el Ministerio Público Tutelar para procurar una alternativa habitacional transitoria. Se fija un plazo máximo de diez días para esa intervención, sin que la búsqueda de solución suspenda el proceso judicial.
La iniciativa vuelve al Senado
Con la aprobación en Diputados, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deberá regresar al Senado debido a las modificaciones incorporadas.
La Cámara Alta tendrá que resolver si acepta los cambios introducidos o si insiste con el texto original. La votación dejó expuestas las dificultades del oficialismo para reunir apoyos, logrando aprobar la iniciativa por una diferencia de cinco votos a cambio de mantener vigente la Ley de Tierras de 2011.
