Diputados sesiona con el quórum asegurado y el oficialismo busca imponer su agenda

La Cámara de Diputados de la Nación sesionará este miércoles desde las 12 con el quórum prácticamente garantizado y una agenda que anticipa varias horas de debate, posiblemente hasta la madrugada del jueves. El oficialismo buscará defender sus dictámenes de mayoría e imponer sus iniciativas, mientras los bloques opositores intentarán reunir apoyos para avanzar con proyectos propios, especialmente en materia de discapacidad y alivio financiero para familias endeudadas.

La convocatoria llega después de que la sesión impulsada por la oposición el jueves pasado fracasara por falta de quórum. En esta oportunidad, La Libertad Avanza incorporó al temario iniciativas sobre discapacidad y morosidad familiar que también formaban parte de aquella convocatoria, con el objetivo de atraer a los bloques dialoguistas y garantizar el número necesario para abrir el recinto.

La estrategia opositora consiste en permitir que el oficialismo reúna el quórum y, una vez habilitada la sesión, bajar al recinto para participar del debate. “Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate”, resumió una diputada nacional de Unión por la Patria en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Propiedad privada, medicamentos y vandalismo rural

El debate comenzará con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, proveniente del Senado, que propone modificaciones en los regímenes de expropiaciones y desalojos. La iniciativa también ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, que regula la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.

El temario incluye, además, un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, vinculado con la necesidad de fortalecer los controles sobre estos productos tras la tragedia sanitaria provocada por ampollas contaminadas de fentanilo. La propuesta fue trabajada por las legisladoras Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz, junto con la exdiputada Mónica Fein.

Otro de los asuntos previstos es el endurecimiento de las penas por vandalismo rural, en un paquete legislativo que combina cuestiones vinculadas con la propiedad, la seguridad y el control sanitario.

Discapacidad, el debate por las pensiones y el financiamiento

Uno de los principales ejes de la sesión será la discusión sobre la emergencia en discapacidad. La Libertad Avanza buscará aprobar su propio dictamen, que incorpora beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para establecer un régimen permanente, de orden público.

El oficialismo cerró su dictamen a partir de concesiones solicitadas por Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Con esos acuerdos, espera contar con los votos necesarios para avanzar con la propuesta.

La oposición, en cambio, impulsa una prórroga de la emergencia por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027. Sostiene que esa herramienta permitiría exigir a los jueces una resolución urgente de los reclamos vinculados con el sector, entre ellos las 324.303 solicitudes de pensión pendientes, además de las compensaciones adeudadas a los prestadores.

Desde Unión por la Patria y los bloques que acompañan esa postura cuestionan que la iniciativa oficialista mantenga separadas las pensiones por invalidez laboral y las pensiones por discapacidad, al tiempo que endurecería los requisitos de acceso.

También advierten que la propuesta delega en la reglamentación aspectos centrales de la evaluación de los beneficiarios y de la compatibilidad entre las pensiones y el trabajo. Entre sus objeciones, señalan que permitiría suspender prestaciones mediante cruces de datos sin garantizar un debido proceso.

Otro punto de conflicto es el financiamiento. La oposición sostiene que el proyecto no garantiza los recursos necesarios para el sistema, el pago de las deudas con los prestadores ni la actualización de los aranceles, que, según los cuestionamientos planteados, acumulan un atraso del 30,67%.

Los bloques opositores afirman contar con el respaldo del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), organizaciones de y para personas con discapacidad, el Foro Permanente Discapacidad, asociaciones de prestadores y transportistas y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal.

“Lo de ellos es muy regresivo, por eso las organizaciones están a favor de nuestro pedido”, señaló una diputada de Unión por la Patria consultada por NA.

La discusión definirá si prevalece la propuesta oficialista de establecer un régimen permanente o si la oposición consigue extender la emergencia, con las obligaciones y los mecanismos de exigibilidad que reclama para atender los expedientes pendientes y las deudas del sector.

Morosidad familiar, el escenario más abierto

El proyecto sobre morosidad familiar aparece como uno de los puntos con mayor incertidumbre política. A diferencia del debate sobre discapacidad, donde el oficialismo considera que tiene los acuerdos encaminados, la votación sobre el endeudamiento de los hogares podría deparar un resultado más ajustado.

El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), propone brindar información más detallada sobre los créditos a los usuarios para prevenir irregularidades. Sin embargo, no establece tasas máximas de interés ni incorpora planes obligatorios de refinanciación para las personas con dificultades críticas para pagar sus deudas.

En contraposición, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan el proyecto denominado Ley de Regularización y Alivio Financiero, que propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un régimen de refinanciación para determinados deudores.

La iniciativa contempla planes de al menos 12 cuotas para personas con una mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes a $3.265.010, según el monto consignado en el proyecto.

Además, establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona endeudada, con el objetivo de limitar el peso de las obligaciones financieras sobre los ingresos familiares.

La diferencia entre ambas propuestas está en el alcance de la intervención estatal. Mientras el dictamen oficialista prioriza la información y la prevención de irregularidades en el otorgamiento de créditos, la iniciativa opositora plantea medidas concretas de refinanciación y límites sobre la capacidad de pago de los hogares.

Una sesión extensa y con negociaciones hasta el recinto

Con el quórum encaminado, el oficialismo llega a la sesión con expectativas de defender sus dictámenes y aprovechar los acuerdos alcanzados con los bloques dialoguistas. La oposición, por su parte, buscará convertir el debate en una oportunidad para modificar el rumbo de las iniciativas, en particular las relacionadas con discapacidad y endeudamiento.

La extensión del temario anticipa una jornada de discusión prolongada, con posiciones contrapuestas sobre la propiedad privada, la protección de las personas con discapacidad, las obligaciones financieras de los hogares y la regulación de medicamentos de alto riesgo.

El resultado de las votaciones dependerá de la capacidad de cada sector para sostener sus acuerdos y sumar apoyos durante el debate. Aunque el quórum aparece garantizado, la posibilidad de que la oposición consiga un resultado favorable en alguno de los proyectos mantiene abierto el escenario político de la sesión.