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El Congreso repuso la vigencia de la norma que había sido suspendida por decreto presidencial. La diputada Marcela Pagano denunció un “avasallamiento institucional” y acusó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de violar la Constitución.
En una sesión cargada de tensión y con más de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del jueves la nulidad absoluta del decreto 681/25, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había suspendido la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La iniciativa obtuvo 119 votos afirmativos, 67 negativos y ocho abstenciones, marcando un claro revés político para el oficialismo.
El proyecto, impulsado por la diputada de Desarrollo y Coherencia Marcela Pagano, declara “nula de nulidad absoluta e insanable” la cláusula firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que había dejado en suspenso la aplicación de la ley. En términos jurídicos, la resolución implica que el decreto carece de efecto legal, es decir, que el Ejecutivo no puede alterar una norma ya promulgada por el Congreso.
Pagano: “No es un tecnicismo, es una afrenta a la soberanía de la República”
Durante su intervención, Pagano —ex periodista y ex integrante de La Libertad Avanza— fue categórica: “La suspensión de la ley fue ilegal porque había cumplido todos los pasos constitucionales: ambas cámaras la aprobaron, el Ejecutivo la vetó y luego el Congreso insistió. No requiere más trámite para ser promulgada”.
La diputada, ahora opositora, cuestionó duramente la decisión del Gobierno y apuntó a Francos por haber “violado la Constitución”. “¿Para qué debatimos leyes si después por decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después vamos a permitir que se desobedezca?”, lanzó en el recinto, ante el aplauso de buena parte del arco opositor.
Y agregó, en tono enfático: “Esto no es un tecnicismo, es un avasallamiento a la institución del Congreso. No es una formalidad, es una afrenta a la soberanía de la República”.
Qué implica la ley de emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada con el objetivo de garantizar recursos extraordinarios para personas con discapacidad, centros de atención, terapias, traslados y programas de inclusión. Su suspensión, dispuesta por el decreto 681/25, paralizó prestaciones médicas y subsidios, generando un impacto inmediato sobre miles de familias en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno justificó la suspensión alegando la necesidad de “evaluar la eficiencia del gasto público” y “mantener el equilibrio fiscal”. Sin embargo, para los legisladores opositores, detrás de esa decisión se escondía un ajuste encubierto que afectaba directamente a los sectores más débiles.
Pagano cuestionó ese argumento: “Me hubiera encantado discutirlo en el Presupuesto, pero Espert no nos permitió”, recordó, en referencia al diputado liberal José Luis Espert, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, quien había bloqueado el tratamiento del tema.
El oficialismo, cada vez más aislado en el Congreso
La votación dejó en evidencia el creciente aislamiento del bloque oficialista, que reunió apenas 67 votos negativos y ocho abstenciones frente a una mayoría transversal integrada por el peronismo, el socialismo, sectores del radicalismo y bloques provinciales.
Por primera vez en varios meses, el Congreso marcó un límite político al Gobierno de Javier Milei, que venía gobernando con amplias facultades delegadas y un uso recurrente de decretos. La sesión también incluyó la aprobación de una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el fin de restringir las facultades presidenciales y reforzar los controles del Parlamento.
De la bancada libertaria a la oposición: el giro político de Marcela Pagano
La autora del proyecto fue una de las figuras más destacadas del espacio libertario durante la campaña electoral. Sin embargo, tras fuertes diferencias internas y denuncias por autoritarismo dentro del bloque, Pagano rompió con La Libertad Avanza y fundó su propio espacio, Desarrollo y Coherencia.
Su iniciativa de anular un decreto firmado por el propio Milei se convirtió en un símbolo de la fractura dentro del oficialismo y de la resistencia creciente al estilo de gobierno concentrado en decisiones unilaterales.
“Fue una postal elocuente”, comentó un legislador opositor tras la votación. “Una ex libertaria denunciando el abuso de poder de un gobierno libertario. Es la política recordándole al poder que no todo puede resolverse con un decreto”.
Institucionalidad, derechos y un mensaje al poder
La restitución de la Ley de Emergencia en Discapacidad fue más que un acto administrativo: fue una defensa de la institucionalidad y de los derechos humanos. En un contexto de ajuste económico y conflictividad social, el Congreso envió un mensaje contundente: no todo vale en nombre del equilibrio fiscal.
El episodio también reaviva el debate sobre los límites constitucionales del presidencialismo y la necesidad de fortalecer la división de poderes frente al avance del Ejecutivo.
“Si hoy se suspende una ley sobre discapacidad, mañana puede hacerse lo mismo con cualquier otro derecho”, advirtieron legisladores de distintos bloques durante la sesión.
| @MarcelamPagano: “Esto no es un debate ideológico, es un debate moral y no se trata de cuestionar quién tiene el poder, sino cómo se usa el poder. El Congreso no fue creado para obedecer, fue creado para debatir”. pic.twitter.com/l3Y7cgZ0Tn
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 8, 2025
La política resiste al decreto
El Gobierno de Javier Milei recibió un duro golpe parlamentario. Con la nulidad del decreto 681/25, la Cámara de Diputados no solo restableció una ley clave, sino que también reafirmó el rol del Congreso como garante del equilibrio republicano.
Lo ocurrido marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque, como quedó demostrado, la democracia no se gobierna por decreto ni se sostiene con firmas digitales, sino con respeto por las instituciones y los derechos conquistados.
La votación que restituyó la ley de emergencia en Discapacidad fue, en definitiva, un grito político y humano: basta de gobernar contra la ley, basta de ajustar a los más vulnerables. Y ese basta resonó en el recinto como una advertencia. La república, una vez más, decidió defenderse.
