El concejal de Oberá Aníbal Manuel Ramírez denunció la falta de respuestas a distintos pedidos de informes vinculados con la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) y reclamó que se investigue el destino de $12.000 millones que, según manifestó, habrían desaparecido hace aproximadamente cuatro meses. Lo hizo en comunicación con el programa Realidad Mixta, emitido por Radio Up.
CELO: denuncian falta de respuestas mientras persisten los reclamos por los servicios
Durante la entrevista, el edil sostuvo que las presentaciones realizadas ante la cooperativa y otros organismos no obtuvieron respuestas. También cuestionó el estado de los servicios de agua potable y energía eléctrica, la situación económica de la entidad y la falta de beneficios para los socios: “Hay una denuncia mediática y que inclusive llegó al INAES. No tenemos ninguna respuesta, por ejemplo, de la Federación de Cooperativas que es en la provincia de Misiones y tampoco del INAES con respecto a esta denuncia mediática de los doce mil millones de pesos”, afirmó Ramírez.
El concejal aclaró que desconoce cuál habría sido el destino de esos fondos y señaló que el objetivo de las presentaciones es obtener información sobre el funcionamiento administrativo y contable de la institución.

Pedidos de informes sin respuesta
Ramírez detalló que, junto a la concejal Adriana Kosniki y el entonces diputado Loreiro, presentó distintos pedidos de informes. Según explicó, el 24 de julio se entregaron solicitudes acompañadas por más de 160 socios, con requerimientos relacionados con libros diarios, registros contables y actas de la entidad: “Estas notas presentamos el día 24 de julio del presente año”, indicó. También señaló que el 2 de septiembre y el 1 de octubre volvieron a presentar documentación ante la cooperativa, sin obtener respuestas hasta el momento de la entrevista.
El edil sostuvo que las consultas forman parte de un reclamo que lleva varios años y que durante este año decidieron intensificar ante lo que describió como una situación crítica de la entidad.

En ese contexto, cuestionó que una cooperativa con más de 40.000 socios tenga dificultades para garantizar la prestación de sus servicios y remarcó que los usuarios de la zona centro dependen de la institución para acceder a la energía eléctrica, salvo excepciones correspondientes a grandes consumidores.
Según sus estimaciones, la facturación mensual de la entidad rondaría los $7.500 millones: “Es inentendible que pueda tener una institución de estas características y, a la fecha, desde hace muchísimos años, el socio no ve ninguna mejora”, expresó.
CELO: Cuestionamientos por los cortes de agua y energía
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la calidad de los servicios que presta la cooperativa. Ramírez mencionó los cortes de agua potable registrados en Oberá y los vinculó con problemas en la provisión de energía y con decisiones relacionadas con la compra de insumos: “Un servicio malo es un servicio caro”, sostuvo el concejal, quien también cuestionó las interrupciones del suministro eléctrico ante condiciones climáticas que describió como leves.
Para Ramírez, las deficiencias en las prestaciones tienen un impacto directo sobre los usuarios, que deben afrontar mensualmente las facturas de los servicios sin percibir, según su planteo, mejoras proporcionales en la calidad de las prestaciones.

La Lista Gris y las elecciones del 30 de octubre
En el marco de las elecciones de la Cooperativa Eléctrica de Oberá, previstas para el 30 de octubre, Ramírez explicó que distintos sectores políticos y sociales conformaron un espacio denominado La Lista Gris, con el objetivo de impulsar cambios en la administración de la entidad.
Según detalló, el frente reúne a representantes del PRO, la UCR, La Libertad Avanza, el PJ, socios autoconvocados y un grupo identificado como La Legión: “Hay un objetivo común que es la cooperativa, que es una institución muy importante para el socio, porque una decisión o una mala decisión que se tome en esta cooperativa, una cuestión arbitraria, afecta directamente el bolsillo de cada uno de los socios”, manifestó.
El concejal también se refirió a la participación electoral y estimó que en los últimos años habría rondado el 10% de los socios habilitados para votar. En ese sentido, atribuyó la baja participación a distintas estrategias del oficialismo y al descreimiento de parte de la comunidad respecto de las sucesivas administraciones.
Frente a ese escenario, señaló que trabajan para explicar sus propuestas y promover una mayor participación de los asociados en las elecciones: “El único objetivo es buscar transparentar”, resumió Ramírez al explicar los motivos de la conformación del frente.

Las Termas de la Selva, otro foco de cuestionamientos
Durante la comunicación con Realidad Mixta, el concejal también cuestionó el funcionamiento del parque termal de Oberá, un proyecto que, según indicó, involucra a la cooperativa eléctrica y a la Municipalidad.
Ramírez afirmó que, pese a los años de inversión, el emprendimiento no habría generado los beneficios esperados para la comunidad. Además, mencionó un subsidio nacional de $180 millones que, según dijo, se habría destinado al proyecto durante el año pasado y cuyo uso pidió esclarecer: “Esos 180 millones de pesos es dinero de toda una provincia, que se terminó supuestamente enviando para las termas, no se recuperó y alegremente se cerró”, expresó.
El edil cuestionó también las declaraciones del intendente Pablo Hassan sobre la posibilidad de no continuar con el proyecto y sostuvo que resulta necesario conocer cuánto dinero se invirtió a lo largo de su historia y cuál fue el destino de los recursos.

Finalmente, Ramírez planteó que los reclamos exceden el funcionamiento de la cooperativa y alcanzan también a decisiones que, desde su perspectiva, afectan los recursos públicos y el bolsillo de los vecinos.
Los planteos expuestos durante la entrevista se enmarcan en el reclamo del concejal y de los socios que impulsan los pedidos de informes. El destino de los fondos cuestionados y las demás observaciones mencionadas requieren documentación que permita verificar los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.







