El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 plantea un escenario complejo para las provincias argentinas, particularmente para aquellas que dependen en mayor medida de los recursos distribuidos por la Nación. Si bien contempla un crecimiento de la coparticipación federal, las proyecciones económicas que sostienen esa mejora generan dudas, mientras que las transferencias destinadas a obras públicas y otros programas continuarían en retroceso.
En ese marco, el diputado nacional por Misiones y presidente del bloque de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, señaló que la provincia presentó propuestas de obras públicas y trabaja en otras iniciativas para la discusión del Presupuesto 2027. Además, destacó que en el borrador se habría eliminado el apartado vinculado con discapacidad, aunque advirtió sobre una fuerte reducción de los fondos previstos para la conservación de los bosques. Según indicó, Misiones debería recibir cerca de $20.000 millones en función de la Ley de Bosques vigente, pero el nuevo presupuesto contempla apenas $700 millones, pese a que la provincia destina prácticamente la mitad de su territorio a la zona boscosa.
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En diálogo con Arriba la Radio, el director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó los principales puntos del proyecto que se debate en el Congreso y advirtió que las provincias tienen pocos motivos para celebrar en materia de financiamiento federal.
Coparticipación: una mejora del 7,5% condicionada por la economía
Uno de los principales aspectos del Presupuesto 2027 es la estimación de un crecimiento real del 7,5% en los recursos que recibirían las provincias mediante transferencias automáticas, principalmente por coparticipación federal.
Sin embargo, Pegoraro consideró que se trata de una proyección difícil de alcanzar debido al comportamiento actual de la economía argentina.
“El presupuesto estima que los recursos para las provincias por fondos de coparticipación podrían crecer en un más o menos 7,5% real el año que viene, lo cual es una estimación, a mi entender, muy optimista”, sostuvo.
El economista explicó que esa previsión se encuentra directamente relacionada con las expectativas oficiales de crecimiento de la actividad económica y, en consecuencia, de la recaudación tributaria nacional.
En ese sentido, advirtió que la economía argentina presenta señales de estancamiento y se encuentra cerca de ingresar en una recesión técnica, un escenario que podría comprometer las metas de ingresos previstas para el próximo año.
“Esa estimación nace justamente de un crecimiento de la actividad que no vemos que se pueda dar en el contexto actual, donde la economía viene estancada hacia la baja. De hecho, estamos a puertas de una recesión técnica”, señaló.
De acuerdo con el informe elaborado por Politikon Chaco, las transferencias automáticas a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzarían los 104 billones de pesos durante 2027, equivalentes al 7,3% del Producto Interno Bruto.
Para Misiones, el proyecto contempla una mejora real del 7,5% respecto de 2026, aunque su cumplimiento dependerá de que la recaudación nacional evolucione según las estimaciones oficiales.
Pegoraro remarcó que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en mayores recursos fiscales, especialmente cuando sectores de fuerte peso tributario, como el comercio y la industria, continúan atravesando dificultades.
“Quizás hoy vemos que la economía a nivel agregado pueda mostrar crecimiento, pero no impacta en recaudación tributaria porque el comercio sigue abajo, la industria sigue abajo, los sectores que más tributan siguen abajo”, explicó.
Menos transferencias y recortes para la obra pública
Más allá de las proyecciones de coparticipación, el director de Politikon Chaco identificó uno de los principales problemas del proyecto en la reducción de las transferencias no automáticas, es decir, aquellos recursos que el Gobierno nacional distribuye por fuera del sistema automático de coparticipación.
Según el informe de la consultora, estos fondos registrarían una caída real del 1,8% durante 2027 respecto del cierre estimado para 2026.
La situación resulta particularmente preocupante en las transferencias de capital, destinadas principalmente a financiar proyectos de infraestructura e inversión pública.
“Ese punto, particularmente dentro del mundo de las transferencias no automáticas, caería aproximadamente un 20 por ciento comparado con el cierre estimado para este año”, precisó Pegoraro.
El economista recordó que los recursos discrecionales ya vienen registrando fuertes retrocesos, por lo que el nuevo presupuesto profundizaría las restricciones financieras que enfrentan las administraciones provinciales.
De acuerdo con el estudio, las transferencias no automáticas previstas para 2027 serían 35,5% inferiores en términos reales a las de 2025 y 81,2% menores que las registradas en 2023.
A este escenario se suma la limitada asignación de fondos para proyectos de obra pública que serían ejecutados directamente por la Nación en los territorios provinciales.
En el caso de Misiones, el proyecto contempla poco más de 13.000 millones de pesos, mientras que para Chaco la cifra ronda los 11.000 millones.
“Proyectos de obra pública para Misiones son un poquito más de 13.000 millones de pesos, que capaz que para nosotros, simples ciudadanos, parece una fortuna, pero para financiar proyectos de obra la verdad que es un monto extremadamente bajo”, afirmó.
Para Pegoraro, estas cifras evidencian que el presupuesto no contempla una recuperación significativa de la inversión nacional en infraestructura provincial.
“Poco hay para celebrar en términos de federalismo respecto al diseño justamente del presupuesto nacional para el año que viene”, sintetizó.
Misiones y el NEA, entre las provincias más expuestas a la coparticipación
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la desigualdad que existe entre las provincias respecto de sus fuentes de financiamiento.
Pegoraro explicó que los distritos con mayor actividad económica propia o ingresos provenientes de regalías cuentan con mejores herramientas para enfrentar una caída de los recursos nacionales.
Como ejemplo mencionó a Neuquén, donde la coparticipación representa aproximadamente el 30% de los ingresos provinciales, debido al peso de la actividad hidrocarburífera y las regalías.
En contraste, en las provincias del norte argentino la coparticipación representa entre el 70% y el 85% de los recursos totales, lo que genera una dependencia considerable de la recaudación nacional.
“Si la copa no mejora, es un golpe más duro el que sufrimos nosotros por esa situación”, advirtió.
El director de Politikon Chaco señaló que esta dependencia condiciona directamente la capacidad de las provincias para sostener inversiones, ampliar programas sociales y ejecutar obras públicas.
En el caso de Misiones, también mencionó las modificaciones en los mecanismos de recaudación provincial, entre ellas el fin del pago a cuenta, como factores que pueden repercutir sobre los ingresos propios.
Según explicó, cuando una provincia pierde recursos por distintas vías, necesita que la coparticipación mejore para compensar esa disminución. Si eso no ocurre, el margen financiero se reduce considerablemente.
“Estamos de vuelta en la situación de contar peso por peso para poder cumplir con las obligaciones que tiene el Estado para su funcionamiento, pero te queda muy poco margen para poder hacer un proyecto de inversión, para poder hacer obra pública, para poder expandir programas de cobertura social”, describió.
También destacó las diferencias en el peso de la deuda pública dentro del NEA. Mientras que Chaco destina casi el 10% de su gasto total al pago de intereses, Misiones y Corrientes destinan aproximadamente el 1%, una diferencia que modifica la capacidad de respuesta fiscal de cada administración.
Los ATN y las negociaciones en el Congreso
En relación con el tratamiento legislativo del Presupuesto 2027, Pegoraro sostuvo que existen posibilidades de negociación entre el Gobierno nacional y las provincias, aunque el margen es considerablemente menor que en otros períodos.
El economista explicó que la administración de Javier Milei cuenta con funcionarios encargados de alcanzar acuerdos políticos, pero que esas negociaciones encuentran límites cuando las concesiones pueden afectar el objetivo de equilibrio fiscal.
“El margen de negociación siempre existe, el punto es que es mucho más chico que en otros tiempos”, aseguró.
En ese contexto, se refirió al papel que cumplen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recursos cuya distribución puede adquirir relevancia durante las discusiones parlamentarias.
Pegoraro observó que, en distintas oportunidades, la distribución de estos fondos coincidió con debates legislativos importantes para el oficialismo, aunque aclaró que no podía determinar si existía una relación causal.
“Cuando hay discusiones legislativas importantes para el Gobierno, por lo general, son los mismos momentos en los cuales se abre la canilla de los ATN”, expresó.
De acuerdo con el informe de Politikon Chaco, el Presupuesto 2027 contempla 300.994 millones de pesos para ATN, una cifra que representa un incremento real de apenas el 0,1% respecto del crédito vigente de 2026.
Además, el monto proyectado se ubicaría un 9,3% por debajo de lo ejecutado en 2025, en términos reales.
El estudio también advierte sobre una diferencia entre el crecimiento previsto para la recaudación que alimenta el fondo de ATN y los recursos que efectivamente se proyecta distribuir, lo que podría traducirse en una nueva subejecución.
Para Pegoraro, las provincias conocen las limitaciones de las negociaciones y buscan obtener los recursos disponibles, aunque estos resulten insuficientes para cubrir sus necesidades.
“Vamos a agarrar lo que podamos, negociémoslo hasta donde nos den, porque todo eso igualmente sirve, quizás no en el volumen que uno necesita, quizás no en la profundidad que uno necesita, pero de cualquier manera sirve”, planteó al describir la posición que podrían adoptar los gobiernos provinciales.
La aprobación de obras no garantiza su ejecución
Finalmente, el economista advirtió que los acuerdos alcanzados durante el debate parlamentario no necesariamente se traducen en recursos efectivamente transferidos o en obras ejecutadas.
En ese sentido, explicó que la incorporación de proyectos al presupuesto puede representar una conquista política para los legisladores provinciales, pero no constituye una garantía de financiamiento.
Para ilustrarlo, mencionó las denominadas “planillas de la felicidad”, una expresión utilizada para describir la inclusión de obras reclamadas por las provincias que posteriormente pueden quedar sin ejecución.
“Ese legislador vuelve a su provincia y dice: yo logré incorporar esta obra en el presupuesto nacional, la felicidad de todo el mundo, y después pasan cinco o seis años con la inclusión del presupuesto y jamás se ejecuta”, ejemplificó.
Pegoraro explicó que estas situaciones pueden producirse por falta de financiamiento, modificaciones en la recaudación o reasignaciones de partidas hacia otras prioridades del Gobierno nacional.
Por ese motivo, insistió en que el presupuesto debe interpretarse como una herramienta de planificación que puede experimentar modificaciones durante su ejecución.
“El presupuesto hay que entenderlo como una hoja de ruta, hay que entenderlo como la ley más importante de la gestión pública, pero que no es de cumplimiento taxativo”, remarcó.
En consecuencia, sostuvo que el principal desafío para las provincias no será únicamente conseguir modificaciones al proyecto durante su tratamiento en el Congreso, sino lograr que los compromisos asumidos se traduzcan en financiamiento efectivo durante 2027.
“La negociación puede darse, pero no significa que termine siendo una realidad el año que viene”, advirtió.
